Para comenzar
este análisis es conveniente aclarar que
se entiende por la palabra “política” en el título. Lamentablemente en español se usa esa palabra
tanto para referirse a política partidista como a política pública o
empresarial, lo que en inglés es distinguido con dos palabras diferentes, Politics y Policy, respectivamente.
En este artículo analizaremos la actividad política de las empresas en
el contexto de su responsabilidad ante la sociedad, en ambos aspectos, distinguiendo claramente cuando se trata de un
concepto o del otro. Y en el tema de la actividad en las políticas públicas
distinguiremos entre dos enfoques, la acción individual de cada empresa o la
acción colectiva vía grupos de empresas o de colectivos empresariales. Las
responsabilidades y/o acciones de las empresas en política y políticas cubren todo
el espectro de ser positivas o negativas para la sociedad, por lo cual es
necesario considerarlas en mayor detalle.
El tema de la
responsabilidad política de la empresa, RPE,
está creciendo mucho en interés y se ha desarrollado como disciplina académica, Corporate
Political Responsibility, CPR. Sin embargo, siendo de creación y evolución
relativamente reciente, todavía no se ha asentado en una disciplina coherente y
se encuentran confusiones y variedades de acciones cubiertas por este
término. Para nuestros propósitos la RPE
cubre responsabilidad en cuatro frentes:
(1) en política partidista; (2) en políticas públicas a nivel nacional; (3) en políticas
públicas a nivel supranacional; y, (4) en el mejoramiento de la gobernanza en
el sector público. Por su
naturaleza, esto es aplicable a las grandes empresas, más que a las de menor
tamaño.
Para algunos incluye
un frente más, que no cubriremos en este
artículo, que se refiere al papel de la empresa, dentro de su RSE y/o su filantropía,
en (5) contribuir a subsanar las deficiencias del sector público, llevando a
cabo algunas funciones que son propias de ese sector. En esta intervención se considera mayormente
el papel de las empresas que operan en entornos de debilidad institucional o
fallas del sector público en atender las necesidades de la sociedad (salud,
educación, transporte, electricidad, agua, gestión de sector público, etc.).
Este aspecto suele ser tratado dentro la
consideración de la responsabilidad empresarial en entornos menos desarrollados
y muchas veces se desarrolla a nivel de gobiernos locales. Es
una intervención, por ejemplo, muy común en las empresas de la industria
extractiva, la que tiene un gran impacto económico, social y ambiental, y por
ende político, en las regiones donde operan. Algunos denominan a estas acciones
RPE. Nosotros creemos que es una especificidad de la RSE, una variante
para las empresas que operan en esos entornos (ver mis artículos: El
papel de la RSE en América Latina: ¿diferente al de Europa?, y, El
papel público del sector privado). No tiene fines ni políticos
ni de política, aunque ello no obsta para algunas empresas usen esas
intervenciones para influenciar tanto la política como las políticas, pero no deberían
ser los fines para una empresa responsable.
Nótese que el título del artículo destacamos
ejercer la responsabilidad política con responsabilidad.
Tampoco consideramos como parte de la responsabilidad
política la contribución de las empresas al logro de los ODS, como también los hacen algunos. Si bien pueden complementar a los gobiernos
en su logro, esas actividades son parte de la responsabilidad social de las empresas,
no de su responsabilidad política. Ello no obsta para que las empresas “hagan política” con ello.
Y aun otros
abogan por lo que podríamos llamar un sexto
frente, (6), menos estudiado, que se refiere a la RSE como instrumento de
lograr fines políticos, para congraciarse con el gobierno, para evitar la
imposición de regulaciones a la empresa en particular o a un grupo de empresas.
Esto supone usar la RSE como instrumento
político, no de llevar a cabo actividades de responsabilidad política, es una
concepción más política y más perversa de
la RSE. No es responsable.
Un buen resumen de este frente de estrategia
política (no es de responsabilidad política): [1]
“El objetivo de la estrategia política de
la empresa es preservar su legitimidad ante la sociedad, mantener flexibilidad en
atender las exigencias de los gobiernos y prevenir la erección de barreras
proteccionistas que puedan perjudicar la capacidad de las empresa de competir ….las empresas son más o menos proclives a
utilizar la RSE como instrumento político para logar estos objetivos
dependiendo de las condiciones políticas que enfrentan. …..el entorno
institucional y de la sociedad y el Estado…….afectan el papel de la empresa
…..adicionalmente, las inclinaciones ideológicas del partido de gobierno
también importan. Estos cálculos
políticos impactan las actividades de RSE que las empresas encaran”.
En este artículo nos referimos a la
responsabilidad política de las empresas, no al uso de la RSE para fines
políticos.
I.
Participación en política partidista
La participación
de la empresa en política partidista es algo muy controversial en la mayoría de
los países. En general se parte de la presunción
de la separación de poderes entre los diferentes sectores, privado, público y
sociedad civil. Pero en la práctica la participación
de la empresa privada puede tener una gran efectividad en influenciar a los gobiernos,
a través de los partidos políticos, en el establecimiento de políticas públicas
favorables, la eliminación de regulaciones que se consideren onerosas y, en
algunos casos, obtener el favor de los gobiernos en la obtención de contratos
públicos (todavía no estamos hablando de corrupción, aunque si del
financiamiento, dentro de la legalidad, de los partidos políticos).
Sobre la participación
de las empresas en actividad política (politics),
el filósofo Jürgen Habermas (Between
Facts and Norms, pp. 433–434),
advierte: “La soberanía del Estado es socavada en la
medida en que las poderosas corporaciones se involucran en el ejercicio de
autoridad política sin ser legitimadas para ello y sin someterse a las
responsabilidades propias de las autoridades gubernamentales.” Pero también
le imputa palabras semejantes a los partidos políticos que ejercen el poder sin
responsabilidad, más allá de que los votantes no les den su preferencia: “…los
partidos políticos de han convertido en un poderoso cartel independiente….”. Algunos alegaríamos que se han convertido en
corporación, financiada por gobiernos, individuos y empresas para proporcionar
empleo a sus dirigentes, que se convierten en políticos profesionales y no
responden (no tienen “accountability”)
por el daño que le pueden causar a la sociedad persiguiendo sus intereses
personales, supuestamente por el bien del país (un día escribiremos sobre la
responsabilidad social de los partidos políticos). El egoísmo de ambas partes es lo que se debería mitigar, a través de
empresas y partidos políticos responsables, que persigan el bien social.
¿Cómo debe ser la empresa responsable en su
actividad partidista? En primer lugar, no involucrarse como lo hace la gran mayoría de las
empresas. Las grandes empresas, que son
las que suelen involucrarse, podrían hacerlo a través del fortalecimiento institucional de los partidos políticos en su papel
de promotores del debate y propuesta de soluciones sobre los aspectos que
preocupan a la ciudadanía y en la preparación
de sus dirigentes para cuando deban ser gestores de los recursos públicos y
sus instituciones. Y en todos los casos, con transparencia sobre todas sus actividades en este sentido, como
comentamos mas adelante. Y, sería más responsable
y efectivo si se hiciera a nivel de todos los partidos, en grupos de empresas y
a través de asociaciones de la sociedad civil especializadas (quizás utópico). Esto sería más responsable que darles recursos
financieros para que se financien de forma general, lo que suele bordear a
la corrupción. [2]
II.
Participación en políticas públicas a
nivel nacional, individual y colectiva.
Otro aspecto de
su participación política es a través de las políticas públicas que afectan a la empresa en particular y a la
sociedad en general, lo que se conoce generalmente como cabildeo (lobbying)[3] [4], en
términos positivos. Las empresas
responsables se preocupan de mitigar sus impactos negativos y potenciar los
positivos en temas sociales y medioambientales.
Pero sus impactos positivos suelen ser limitados al entorno en que
operan. Su participación en el desarrollo
e implementación de políticas públicas de aplicación general y el
fortalecimiento de las instituciones responsables puede ampliar esos impactos.
Una política de protección ambiental, una estrategia para la reducción del
cambio climático, una política para reducir la discriminación o para fomentar el
empleo juvenil puede tener un impacto
mucho más amplio que las acciones puntuales de una empresa.
No se debe descartar que las
empresas que presten este apoyo tengan intereses particulares, no
necesariamente restrictivos, en mente, es parte de su mandato. Y es la responsabilidad de los gobiernos
asegurarse que persiguen el bien común y no solo el bien particular. Por ejemplo, es de interés de la industria de
hidrocarburos que el Estado tenga una política coherente y de largo alcance
sobre el tema del cambio climático. Favorece a todos tener reglas claras con las
planificar y llevar a cabo sus actividades.
La industria extractiva en el país puede estar interesada en fortalecer
las instituciones de regulación social y
medioambiental para asegurarse que son coherente y uniformemente supervisadas.
Todas las empresas responsables deberían estar interesadas leyes, regulaciones e instituciones que luchen contra la corrupción
para asegurarse un terreno competitivo justo y uniforme y que no se favorezca a
las empresas irresponsables. El sector privado, como contraparte de los
gobiernos, conoce y sufre los impactos de estas políticas o falta de ellas y
está en capacidad de asesorar a los gobiernos, o por menos de darles su opinión.
Y a pesar de
estos ejemplos positivos, no debemos ser ingenuos de pensar que las empresas
persiguen el bien común, pero no todo el cabildeo es negativo. No obstante, como comentábamos arriba, algunas empresas usan sus actividades de
RSE para fines políticos.
Estas actividades
positivas, si son ejecutadas a nivel de varias empresas, del colectivo
empresarial o a nivel de sector industrial, reducen las oportunidades de
conflictos de intereses y más aún si son
ejecutadas a través de organizaciones de la sociedad civil especializadas en
los temas pertinentes, lo que además puede añadir conocimiento e imparcialidad.
III.
Participación en política pública a nivel supranacional
Las empresas de
mayor tamaño, generalmente las
multinacionales, participan en política pública a nivel supranacional. Las políticas en que participan suelen ser no
vinculantes, se refieren a regulaciones blandas tipo acuerdos, principios, resoluciones,
directrices, etc. (ver el artículo Ecosistema
global de regulación de la responsabilidad de las multinacionales) Esta participación, por su envergadura y los
recursos requeridos, suele ser a través de colectivos, ya sea de empresas, ya
sea de asociaciones empresariales. En
general, estas políticas son gestionadas por instituciones supranacionales como
las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la
Comisión Europea. Las disposiciones de esta última sí se convierten en
vinculantes cuando son transpuestas a legislaciones nacionales.
Las empresas
participan directa e indirectamente
en el desarrollo de una gobernanza global colaborando con los gobiernos y las
instituciones supranacionales en el desarrollo e implementación de sus acuerdos. Igual que al nivel nacional, sus intereses son variados y van desde
el positivo de promover el buen comportamiento a nivel del colectivo empresarial
y asegurar la efectividad y practicidad de las disposiciones hasta el negativo
de evitar regulaciones o disposiciones que puedan a ser onerosas y sus
combinaciones.
En general participan
en la solución de los problemas globales
que las afectan más que a problemas específicos para la empresa ofreciendo sus
conocimientos, puntos de vista y observaciones: cambio climático, conservación
de recursos naturales como pesca, deforestación, acidificación de los océanos,
plástico en las aguas, emisiones tóxicas, calidad y gestión de las aguas,
corrupción, reducción de la corrupción, pobreza y desigualdad, desarrollo de
estrategias globales como el financiamiento del desarrollo y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, entre otros.
Un ejemplo de intervención en el sentido positivo es su
participación en el Acuerdo
de París sobre el Cambio Climático (Ver mi artículo Acuerdo
de París: sencillamente analizado y explicado). Las empresas privadas son uno de los
principales contribuidores a las emisiones de gases de efecto invernadero. En efecto, sólo
100 empresas son las responsables por el 71% de las emisiones. Por estas razones, si las empresas son el objeto
de algunas de las disposiciones del Acuerdo, deben participar en el proceso para hacer conocer el impacto sobre el
conjunto empresarial en particular y la economía en general de las medidas que
se adopten. Claro está que en este
sentido no hay consenso en el sector empresarial y muchas empresas prefieren que se ignore el problema ya que las
medidas de prevención o compensatorias pueden afectar su situación financiera,
pero sí hay un grupo de empresas responsables, que son el objeto de este artículo,
que sí aprecian el impacto negativo a largo plazo, o aún más, oportunidades de
negocio en el cambio climático y quieren contribuir a la especificación del
problema y su impactos y a la propuesta de posibles soluciones.
Un ejemplo de intervención en el sentido de asegurar
la efectividad, practicidad y evitar duplicaciones de las disposiciones
supranacionales es su participación en la aprobación de la Directiva 2014/95/UE
sobre la presentación de información no
financiera de las empresas aprobada a nivel del Parlamento Europeo y del Consejo (22 de octubre
de 2014), que entró en vigencia para los reportes sobre el año 2017. Múltiples empresas privadas participaron
haciendo conocer su opinión, directa o indirectamente, a las autoridades. Esta directiva ya ha sido traspuesta a legislación
nacional en muchos países de Europa, entre ellos España. Algo parecido, pero
con diferente resultado, ocurrió con la Directiva sobre la participación de la mujer en los Consejos Directivos de las empresas,
donde no llegó a ser aprobada a nivel europeo y se dejó a criterio de los
miembros, en buena parte por el cabildeo de las empresas que iban a ser
afectadas (y la posición de Alemania)(ver el artículo Balance
de género en los Consejos: Otra vez las cuotas).
Un caso muy paradigmático
de estas intervenciones, en el sentido preventivo,
lo constituye la preparación de los Principios
Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Estos Principios establecen normas de
comportamiento de las empresas y del Estado para “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos en el contexto de
las actividades de las empresas. El
proceso de su respaldo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en
julio del 2011 el Consejo los “hizo suyos”), fue muy extenso e intenso. Comenzó en 1999 en el seno de la Subcomisión para
la promoción y protección de los Derechos Humanos, con el objetivo de producir
un tratado vinculante. Sin embargo,
gracias, en parte, a la presión intensa de algunas empresas multinacionales y
sus instituciones representantes, se abandonó el esfuerzo en el 2006 y se substituyó
por la preparación de Principios no
vinculantes, que sí obtuvieron consenso de los representantes de la ONU y de
las empresas, aunque algunos países y muchas organizaciones de la sociedad
civil no estuvieron satisfechas con el resultado. Posteriormente al respaldo por el Consejo, un
grupo de países solicito la reapertura
del proceso para la preparación de un tratado vinculante, lo cual a finales
del 2018 todavía estaba en proceso (ver ¿Debe
regularse el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas? y Mis
artículos sobre Derechos Humanos en la empresa. Actualizado)
Pero también hay
que destacar que la “responsabilidad política”
de algunas empresas a nivel supranacional no se refleja a nivel nacional. No es difícil encontrar casos de empresas que
participan visiblemente a nivel supranacional, por ejemplo, en el tema de
cambio climático, pero hacen cabildeo a nivel nacional a través de asociaciones
empresariales (menos visibilidad individual) para evitar la obligatoriedad de
las disposiciones. Abogan a favor
individualmente a nivel internacional, pero hacen cabildeo colectivo en contra
a nivel nacional. Su responsabilidad
política es ambigua.
IV.
Mejoramiento de la gobernanza en el sector
público
El cuarto frente,
la participación de la empresa en el mejoramiento de la gobernanza pública, es
menos controversial, aunque no exento del todo.
En esto nos referimos a los apoyos
monetarios o en especies que las empresas prestan para el fortalecimiento de
las instituciones gubernamentales, su gestión y la gestión del conocimiento. Estas actividades son más comunes en países o
regiones con menor desarrollo institucional, en particular a nivel de gobiernos
subnacionales y donde las actividades de las empresas tienen un elevado impacto
socioeconómico. Pero también tienen un
papel relevante en países institucionalmente más desarrollados.
Son comunes los
casos de empresas que, como parte de sus actividades filantrópicas, contribuyen
a cubrir algunas deficiencias de los gobiernos locales. En este apartado no nos referimos a estas
intervenciones directas, sino a los apoyos institucionales para cubrir las
deficiencias. Puede ser mas efectivo para la empresa y los gobiernos locales si estas
contribuyen al mejoramiento de la gestión de la educación y salud que si
hacen contribuciones puntuales, monetarias a escuelas o centros de salud
individuales, que no suelen ser integrales ni sostenibles en el tiempo, ni de
impacto duradero. Puede ser más efectivo
para ambas partes si las empresas contribuyen a mejorar la gestión financiera y la preparación y gestión de proyectos e
iniciativas de esos gobiernos, lo que suelen ser sus principales deficiencias. Esta contribución, bien ejecutada, tiene un efecto
multiplicador ya que se centra en los recursos financieros que se gestionan, y la
experiencia en esos temas suele ser el punto fuerte de las grandes empresas.
Esta contribución puede materializarse a través del
voluntariado, donde
ejecutivos especializados prestan servicios dentro de los municipios, preferiblemente
como asesores. Esto suele ser menos
proclive a la corrupción y más conducente a un impacto positivo que las contribuciones
monetarias (ver el artículo Voluntariado
corporativo: basta de malgastar recursos). Y si esto se ejecuta a través de grupos de empresas
o de sus asociaciones y con la colaboración de organizaciones de la sociedad
civil especializadas, se reducen los riesgos
políticos y posiblemente mejora la aceptación y la efectividad.
Y en países con cualquier nivel de desarrollo institucional, las empresas pueden contribuir al
mejoramiento de la gobernanza, por ejemplo, formando parte de Consejos Asesores
sobre políticas públicas y regulaciones, financiando estudios de base para la
formulación de políticas (reducción de la improvisación), respaldando la
educación y discusión sobre políticas públicas en instituciones de la sociedad
civil, incluyendo centros de enseñanza, organizando eventos para la discusión
de políticas públicas entre el sector privado, público y la sociedad civil (el
ejemplo más paradigmático es el Foro Económico de Davos[5]) entre
otros medios de apoyo.
Y una de las
actividades en que se benefician ambas partes es con el fortalecimiento de las instituciones de supervisión, regulación
y control y en la simplificación de los trámites burocráticos. Aunque pueda parecer una paradoja, a las
empresas responsables les conviene tener reglas claras e instituciones
competentes. Las irresponsables
preferirían que fueran incompetentes y venales.[6]
Pero una advertencia. En
algunos países se da el caso de que se seleccionan ejecutivos del sector privado para ejercer cargos dentro de los
gobiernos. Ello conlleva riesgos de
que se influencie indebidamente, desde dentro, las políticas públicas en a favor
de ese sector. Además, conlleva el
riesgo de fomentar “las puertas giratorias”,
donde otros funcionarios públicos son nombrados
a altos cargos en empresas privadas (¿a cambio? ¿posteriormente?). En principio ambos movimientos pueden ser legítimos
y efectivos, pero no están exentos de riesgos, porque pueden estimular a
algunos funcionarios a favorecer a un grupo empresarial con la expectativa del eventual
cargo. Esto es más común en
instituciones de regulación de la actividad económica, donde uno de los cargos
más apetecibles del regulador es en la empresa o actividad regulada, que suele tener
condiciones laborales muy superiores (lo que denomina la “captura del regulador”). Parte de esos riesgos se pueden mitigar
con límites a las transferencias entre el sector privado y el público, pero no
se eliminan.
V.
Divulgación de la acción política de la
empresa
Hay una natural desconfianza sobre la acción política
de las empresas, mayormente derivada del ejercicio de poder las grandes
multinacionales para influenciar a los gobiernos. Poco a poco se están aceptando algunos
aspectos de esa participación política y, concurrentemente crecen las demandas de información pública sobre esas actividades. Esto es impulsado no solo por el recelo de la
sociedad sino además porque algunos stakeholders,
en particular los accionistas, tienen derecho a saber en que se usan los recursos
de la empresa, y si en la RSE se exige que su uso sea efectivo, cuanto más en
la RPE.
Son todavía muy
pocas las empresas que reportan sobre estas actividades. Sin embargo, hay varias iniciativas que promueven esta transparencia donde las más destacables
son las calificadoras de sostenibilidad y el GRI. Un buen ejemplo es el cuestionario
de RobecoSam, empresa calificadora de sostenibilidad (proporciona la
información para el Dow Jones) que pide amplia información cuantitativa y
cualitativa sobre las actividades de las empresas. Por
ejemplo, el cuestionario
para la evaluación de las empresas mineras y de materiales incluye
un capítulo 1.5 Policy Influence, que
cubre algunos aspectos, aunque desde un punto de vista de mitigación de riesgos,
bajo la premisa de que “las contribuciones excesivas a campañas
políticas, gastos en cabildeo y contribuciones a asociaciones gremiales y otros
grupos exentos de impuestos puede dañar
la reputación de las empresas y crear riesgos de corrupción…..en este
criterio RobecoSAM evalúa la cantidad de
dinero que las empresas asignan a organizaciones cuyo principal papel es
influenciar las políticas públicas, la legislación y las regulaciones.”
(énfasis añadido). Nótese que la
preocupación es sobre la cantidad de dinero y las “contribuciones excesivas”,
como si las “normales” no pudieran ser perniciosas. Nótese además que deben obtener la información directamente de la empresa,
no de sus publicaciones, con las consecuentes reservas sobre su confiabilidad. Pero, por lo menos se preocupan del tema y lo
ponen sobre el radar de las empresas.
Vigeo Eiris una
de las calificadoras líderes en Europa califica estas actividades políticas en tres niveles: (1) liderazgo, sobre el compromiso de la empresa de asegurar
transparencia e integridad en sus prácticas de cabildeo y sus procesos internos
de control; (2) implementación,
sobre los procesos internos de educación, la publicación detallada de sus
actividades y de sus posiciones en los aspectos políticos; y (3) resultados, donde se analiza la calidad
de la información presentada, los escándalos en que pueda haberse verse visto
involucrada y la posición sobre el tema de sus accionistas. El grado y tipo de influencia que puedan haber
tenido es prácticamente imposible de evaluar.
El GRI tiene un estándar de reporte sobre el tema: GRI
415: Política Pública dentro de los estándares sociales. Incluye la participación de las
organizaciones en el desarrollo de la política pública a través de actividades
como el lobbying [7]
y las contribuciones financieras o en especie a partidos políticos,
políticos o causas.
1.2 La organización informante debería
informar de: 1.2.1 las cuestiones significativas en las que enfoque su
participación en el desarrollo de las políticas públicas y en
actividades de lobby; 1.2.2 su postura con respecto a dichas cuestiones y
cualquier diferencia existente entre
las posturas que defiende a través de la actividad de lobbying y las políticas, objetivos u otras posturas públicas
declaradas. (énfasis añadido)
Parece una recomendación muy laudable pero quizás
sea muy optimista en pensar que las empresas reportarán sobre sus
contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen. Ello no obsta para que la sociedad se lo
exija a las empresas.
En función del
texto precedente y de la discusión en este artículo, un título más apropiado
para este estándar sería “Políticas públicas
y política”, ya que cubre ambos aspectos. Pero ello refleja lo que comentábamos
al principio y es que el tema todavía es de desarrollo incipiente y no hay
uniformidad de criterios.
Y en la medida que el público tenga mayor
información, mejora la posibilidad de que se exijan estos reportes y que el comportamiento político de las
empresas sea más responsable. En EE.UU.
se produce in informe, el CPA-Zicklin
Index of Corporate Political Disclosure and Accountability, que mide las políticas y prácticas de
transparencia en las contribuciones políticas (partidistas) de las 500 empresas
del Índice S&P 500 (uno de los cuatro frentes de este artículo). El
informe anual del 2017 muestra grandes progresos en la transparencia
y gestión de las donaciones políticas (p.e., más del 30% de las empresas
prohíben esas contribuciones y en más del 40% son aprobadas por el Consejo).
Producen un índice basado en información pública de respuestas a 24 preguntas
sobre los beneficiarios, políticas internas (policies), procesos de gestión e información, sobre las
contribuciones a diversos candidatos, partidos, comisiones, campañas políticas,
asociaciones de cabildeo de política, etc. No
emiten juicio sobre el destino ni sobre las cantidades de los recursos pero
la forma en que se gestionan internamente es información valiosa.
VI.
Reacción de la sociedad
¿Reacciona la sociedad ante las posiciones
políticas que toman las empresas? Para responder a esta pregunta hay
poca evidencia sólida. Si bien es cierto
que en principio parece haber un rechazo
emocional, de tipo general, a que las empresas intervengan en política
partidista, la reacción de la sociedad no se manifiesta de forma notoria ya que
las actividades reales suelen ser de poco conocimiento público. Y este es solo uno de los componentes de la
RPE. En los casos en que alguna empresa
toma una posición relativamente notoria, por ejemplo, a favor de la inmigración
o contra el cambio climático, la
reacción de la sociedad se hace notar en los medios sociales, pero suele ser poco sistemática, de corto plazo.
En la serie de cuatro
artículos sobre el activismo
de líderes empresariales (una manifestación de la responsabilidad
política) comentábamos que la actividad va en aumento, pero que, de las pocas evidencias
empíricas, se deducía que la sociedad
tiene una posición muy dividida sobre lo apropiado de estas intervenciones y
que es considerada una actividad que conlleva muchos riesgos para la empresa. Es de destacar que la discusión en esos
artículos era de tipo general y no se refería específicamente a los componentes
de la RPE, desagregados. Es posible que
la sociedad reaccione más claramente si las preguntas se refieren, por ejemplo,
a política partidista por una parte y al apoyo al desarrollo de las
instituciones de la gobernanza pública por otra. Y cada país es diferente: En EE.UU. los temas de cambio climático,
homosexualidad e inmigración, dividen a la población en tanto que en Europa tiende
a haber más consenso.
Lo que si es
cierto es que el interés, tanto por el activismo como por la RPE en general,
esta creciendo, en algunos casos de una base case cero y en otros ya ha comenzado
a establecerse como tema de interés público.
Pero falta mucho camino por recorrer, y el progreso dependerá de la transparencia de las empresas en estos temas,
voluntaria o forzada.
VII.
En resumen
La responsabilidad
política de la empresa es un tema relativamente
novedoso, sobre el cual todavía no hay consenso sobre lo que involucra y sobre
las actividades que puedan considerarse positivas o perniciosas, ni como
evalaurlas. En principio es un tema
controversial porque existe un sesgo
hacia uno solo de sus aspectos, el cabildeo y el involucramiento en la
actividad partidista, percibido como esfuerzos para anteponer los intereses de
la empresa por sobre los de la sociedad.
De hecho, este el es foco de atención de las instituciones calificadoras
de sostenibilidad y del estándar pertinente del GRI.
Pero como hemos
visto en la discusión precedente, la responsabilidad política de la empresa es un tema mucho más amplio y su
participación en actividades políticas y de política pueden hacer una
contribución positiva al desarrollo de la sociedad.
“Esto no quiere decir que todos los
actores de la sociedad civil estarán de acuerdo sobre lo que constituye
comportamiento políticamente responsable, de la misma manera que no concuerdan
sobre lo que es comportamiento socialmente responsable.” [8]
Y, como en toda
la actividad empresarial, donde puede haber conflicto de intereses entre las
partes es necesario estar alertas
para que estas actividades no causen daño y promuevan el bien de la sociedad. Para ello es crítico el seguimiento y control
de algunas de esas actividades por parte de los gobiernos y las instituciones
de la sociedad civil y para ello es indispensable la transparencia y rendición de cuentas con responsabilidad (accountability) por parte de las empresas. Pero ello está en un estado muy incipiente y
siempre será difícil de lograr por los intereses involucrados. Ello no obsta para que no se desarrolle la
RPE.
[1]
The Political Roots of Corporate Social Responsibility
(David A. Detomasi, Journal of Business
Ethics, Vol. 82, No.4, nov. 2008, solo disponible por subscripción).
[2] En EE. UU persiste la prohibición
de las donaciones por parte de las empresas a los partidos políticos y sus campañas
electorales, pero en el caso Citizens Unites v. FEC, la
Corte Suprema decidió que las empresas podrían hacer campaña política por/contra
candidatos, que tenían el derecho de expresarse como las personas naturales y
que debían identificarse y la procedencia de los recursos para que los accionistas
y el público pudiera tomar sus decisiones sobre la gestión de los recursos y la
credibilidad o intereses de esas empresas.
[3] El termino cabildeo
es poco usado para referirse a estas actividades, es más común usar el término
en inglés lobbying aunque existe la
palabra adecuada en español. Según el
diccionario de la RAE, Cabildear: Hacer
gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o
corporación.
[4] La Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico, OCDE, (organización constituida por 34 países de los
más desarrollados) ha publicado un folleto Transparency and Integrity in Lobbying
donde se incluyen diez principios para estos fines, dirigidos mayormente a los
gobiernos. Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas
Multinacionales no mencionan la palabra “lobbying”. Hay un vacío sobre el comportamiento
empresarial en este sentido.
[5] Si bien muchos lo ven como un
evento elitista, es a ese alto nivel de liderazgo que las discusiones pueden
tener impacto. Aunque podría ser mas
incluyente con los que son el objeto de las decisiones.
[6] Ver El papel público del sector privado
(una versión resumida apareció en Harvard
Business Review, América Latina, abril 2008).
[7] El GRI no usa el término español de
cabildeo en su versión en español de los estándares.
[8] CSR Needs CPR : Corporate
Sustainability and Politics, Thomas P. Lyon y otros 12 autores, California Management Review, 2018, Vol.
60, No. 4, disponible por subscripción.
