martes, 1 de enero de 2019

Mis muchos pronósticos para la RSE en el 2019



Evito siempre predecir de antemano,
porque es mucho más fácil hacerlo a posteriori.
Winston Churchill (1874-1965)



Este año los Reyes Magos me trajeron, aparte del carbón no contaminante, la capacidad de ver el futuro de la RSE.  Sin preámbulo, vayamos al grano……..





Nota: de acuerdo con mi pronóstico número 29 para el 2018, repito para el 2019 los mismos pronósticos.  ¡No cambia nada!



  1. Se publicarán más artículos diciendo lo que debería ser, lo que se deberían hacer que artículos que digan lo que es, lo que han hecho.



2.      Se publicarán más artículos que digan que todo va bien, que hay progreso, que artículos que analicen si ha habido progreso.


3.      Se publicarán más pronósticos sobre lo que sucederá en el 2019 que el año pasado.


4.      Los autores de pronósticos no publicarán artículos analizando como resultaron los pronósticos que hicieron para el 2018.


5.      Todos los pronósticos incluirán cambio climático, pero ninguno pronosticará una reducción en las emisiones.


6.      Se inventará un (soy pesimista, solo uno) nuevo término para referirse a la responsabilidad de la empresa ante la sociedad.


7.      Se propondrá un (soy pesimista, solo uno) nuevo esquema para la preparación de informes de sostenibilidad.


8.      Se publicarán más informes de sostenibilidad que en el 2018, pero no serán ni más cortos ni más enfocados.


9.      Los informes de sostenibilidad no dirán cuales son los problemas que enfrenta la empresa en su responsabilidad, ni lo que no han hecho bien.


10.   Aumentará el número de colores y globos usados en las matrices de materialidad en los informes de sostenibilidad.


11.   El número de conferencias sobre sostenibilidad, valor compartido, economía circular, economía del bien común, economía azul, …….. (ponle un apellido a la nueva economía) aumentará considerablemente.


12.   Disminuirá considerablemente el número de conferencias que tienen “responsabilidad social” en su título y las pocas que haya incluirán una nueva definición de RSE.


13.   Se otorgarán mas premios y en más categorías a empresas por sus prácticas en RSE, basadas en información proporcionada por sus consultores y lo harán en eventos patrocinados por las empresas ganadoras.


14.   El DIRSE continuará mejorando su influencia y nivel, pero no la remuneración, dentro de las empresas.


15.   No se cerrará la brecha de género en las empresas, pero aumentará el numero de mujeres DIRSE.


16.   Los gestores de las inversiones calificadas como de Inversión Socialmente Responsable, ISR, continuarán alardeando del aumento de volumen de activos gestionados con criterios de ISR, pero no dirán que la inmensa mayoría se gestiona en base a exclusión de sectores (armas, tabaco, apuestas, etc.) y no en base a selección positiva, buscando las más responsables y así estimular sus prácticas responsables.


17.   Se publicarán más de un centenar (soy pesimista, solo un centenar) de artículos, escritos por gestores de ISR, diciendo que las acciones de empresas responsables rinden más en la bolsa.


18.   Se publicarán varios artículos demostrando que si aquellos gestores tienen éxito y venden en masa las acciones de empresas irresponsables, estas rendirán más por poder ser compradas a precios bajos.


19.   Se publicarán varios artículos académicos demostrando que ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario.


20.   Se lograrán cifras record de emisiones de bonos verdes y sociales, apoyadas en el greenwashing implícito en su nombre.


21.   Aumentará significantemente el número de artículos sobre la RSE publicados en periódicos alabando las prácticas de las empresas que contribuyen a pagar el contenido de los periódicos.


22.   Los artículos en revistas académicas sobre RSE (ética, sostenibilidad, etc….) aumentarán su ininteligibilidad e irrelevancia ya que son dirigidos a sus colegas y a mejorar su escalafón y no creen que tienen responsabilidad alguna ante la sociedad de ser relevantes, por el uso que hacen de los recursos financieros y físicos que ésta aporta a su educación y remuneración.


23.   No saldrá a la luz ninguna revista dedicada al análisis imparcial del comportamiento empresarial.  Continuará la dicotomía entre publicaciones melosas e ininteligibles.


24.   Se publicarán muchas, muchas guías para reportar las contribuciones a los ODS.


25.   Aumentará considerablemente el numero de informes de sostenibilidad que mencionan las contribuciones a los ODS, sin mencionar el impacto que ellas tienen sobre el desarrollo sostenible.


26.   Crecerán en número y en facturación las empresas consultoras en sostenibilidad, RSE, valor compartido, etc. etc. etc….


27.   Los ODS será nombrados como “negocio del año” por las empresas consultoras.


28.   El Pacto Mundial continuará otorgando premios a las contribuciones intranscendentes a los ODS sin considerar mis recomendaciones para verificar su legitimidad.


29.   El año que viene publicaré, Dios mediante, estos mismos pronósticos cambiando el número de los años.


30.   Publicaré menos, pero mejores artículos en mi blog.





Y, querido lector, añade tu predicción, que se me agotó la inspiración (pero asegúrate que no sea medible, no sea que te quieran evaluar).





No digo como se medirán mis pronósticos (aumentarán, publicarán, considerablemente, muchos, más, crecerán, mejores, etc.) para ser consistente con la disciplina de la sostenibilidad, RSE, etc. que dice lo que hará pero no ofrece indicadores para medirlo.





Como mis pronósticos no son medibles, no publicaré a principios del 2019 lo que pasó con mis pronósticos sobre el 2018.  Y no hace falta hacerlo porque estoy seguro que todos se cumplirán.


Los cinco artículos (y dos más) del blog de Cumpetere más visitados durante 2018



Durante 2018 publiqué 40 artículos originales en mi blog (55 en 2015, 30 en 2016 y 20 en 2017, revirtiendo la tendencia a la baja).  De estos selecciono los 5 más visitados hasta fines del 2018 por si el lector se perdió alguno, en orden de publicación (para los de fines de año, extrapolo basado en el interés inicial), y añado un par porque me gustan a mí.

7 de enero

18 febrero

11 de marzo

2 de septiembre

18 de noviembre

…………..uno que despertó mucho más interés del que esperaba:

20 de octubre

………….. y mi favorito (que también ha sido muy visitado):

4 de noviembre

Gracias a todos los lectores por su interés.  Espero seguir investigando y escribiendo.



domingo, 16 de diciembre de 2018

Responsabilidad política de la empresa responsable



Para comenzar este análisis es conveniente aclarar que se entiende por la palabra “política” en el título.  Lamentablemente en español se usa esa palabra tanto para referirse a política partidista como a política pública o empresarial, lo que en inglés es distinguido con dos palabras diferentes, Politics y Policy, respectivamente.  En este artículo analizaremos la actividad política de las empresas en el contexto de su responsabilidad ante la sociedad, en ambos aspectos, distinguiendo claramente cuando se trata de un concepto o del otro. Y en el tema de la actividad en las políticas públicas distinguiremos entre dos enfoques, la acción individual de cada empresa o la acción colectiva vía grupos de empresas o de colectivos empresariales.  Las responsabilidades y/o acciones de las empresas en política y políticas cubren todo el espectro de ser positivas o negativas para la sociedad, por lo cual es necesario considerarlas en mayor detalle.

El tema de la responsabilidad política de la empresa, RPE, está creciendo mucho en interés y se ha desarrollado como disciplina académica, Corporate Political Responsibility, CPR.  Sin embargo, siendo de creación y evolución relativamente reciente, todavía no se ha asentado en una disciplina coherente y se encuentran confusiones y variedades de acciones cubiertas por este término.  Para nuestros propósitos la RPE cubre responsabilidad en cuatro frentes: (1) en política partidista; (2) en políticas públicas a nivel nacional; (3) en políticas públicas a nivel supranacional; y, (4) en el mejoramiento de la gobernanza en el sector público.  Por su naturaleza, esto es aplicable a las grandes empresas, más que a las de menor tamaño.

Para algunos incluye un frente más, que no cubriremos en este artículo, que se refiere al papel de la empresa, dentro de su RSE y/o su filantropía, en (5) contribuir a subsanar las deficiencias del sector público, llevando a cabo algunas funciones que son propias de ese sector.  En esta intervención se considera mayormente el papel de las empresas que operan en entornos de debilidad institucional o fallas del sector público en atender las necesidades de la sociedad (salud, educación, transporte, electricidad, agua, gestión de sector público, etc.).

Este aspecto suele ser tratado dentro la consideración de la responsabilidad empresarial en entornos menos desarrollados y muchas veces se desarrolla a nivel de gobiernos locales.  Es una intervención, por ejemplo, muy común en las empresas de la industria extractiva, la que tiene un gran impacto económico, social y ambiental, y por ende político, en las regiones donde operan. Algunos denominan a estas acciones RPE.  Nosotros creemos que es una especificidad de la RSE, una variante para las empresas que operan en esos entornos (ver mis artículos: El papel de la RSE en América Latina: ¿diferente al de Europa?, y,  El papel público del sector privado). No tiene fines ni políticos ni de política, aunque ello no obsta para algunas empresas usen esas intervenciones para influenciar tanto la política como las políticas, pero no deberían ser los fines para una empresa responsable. Nótese que el título del artículo destacamos ejercer la responsabilidad política con responsabilidad.

Tampoco consideramos como parte de la responsabilidad política la contribución de las empresas al logro de los ODS, como también los hacen algunos.  Si bien pueden complementar a los gobiernos en su logro, esas actividades son parte de la responsabilidad social de las empresas, no de su responsabilidad política. Ello no obsta para que las empresas “hagan política” con ello.

Y aun otros abogan por lo que podríamos llamar un sexto frente, (6), menos estudiado, que se refiere a la RSE como instrumento de lograr fines políticos, para congraciarse con el gobierno, para evitar la imposición de regulaciones a la empresa en particular o a un grupo de empresas. Esto supone usar la RSE como instrumento político, no de llevar a cabo actividades de responsabilidad política, es una concepción más política y más perversa de la RSE. No es responsable.

Un buen resumen de este frente de estrategia política (no es de responsabilidad política): [1]

“El objetivo de la estrategia política de la empresa es preservar su legitimidad ante la sociedad, mantener flexibilidad en atender las exigencias de los gobiernos y prevenir la erección de barreras proteccionistas que puedan perjudicar la capacidad de las empresa de competir  ….las empresas son más o menos proclives a utilizar la RSE como instrumento político para logar estos objetivos dependiendo de las condiciones políticas que enfrentan. …..el entorno institucional y de la sociedad y el Estado…….afectan el papel de la empresa …..adicionalmente, las inclinaciones ideológicas del partido de gobierno también importan.  Estos cálculos políticos impactan las actividades de RSE que las empresas encaran”.

En este artículo nos referimos a la responsabilidad política de las empresas, no al uso de la RSE para fines políticos.

I.                Participación en política partidista

La participación de la empresa en política partidista es algo muy controversial en la mayoría de los países.  En general se parte de la presunción de la separación de poderes entre los diferentes sectores, privado, público y sociedad civil.  Pero en la práctica la participación de la empresa privada puede tener una gran efectividad en influenciar a los gobiernos, a través de los partidos políticos, en el establecimiento de políticas públicas favorables, la eliminación de regulaciones que se consideren onerosas y, en algunos casos, obtener el favor de los gobiernos en la obtención de contratos públicos (todavía no estamos hablando de corrupción, aunque si del financiamiento, dentro de la legalidad, de los partidos políticos).
  
Sobre la participación de las empresas en actividad política (politics), el filósofo Jürgen Habermas (Between Facts and Norms, pp. 433–434), advierte: “La soberanía del Estado es socavada en la medida en que las poderosas corporaciones se involucran en el ejercicio de autoridad política sin ser legitimadas para ello y sin someterse a las responsabilidades propias de las autoridades gubernamentales.” Pero también le imputa palabras semejantes a los partidos políticos que ejercen el poder sin responsabilidad, más allá de que los votantes no les den su preferencia: “…los partidos políticos de han convertido en un poderoso cartel independiente….”.  Algunos alegaríamos que se han convertido en corporación, financiada por gobiernos, individuos y empresas para proporcionar empleo a sus dirigentes, que se convierten en políticos profesionales y no responden (no tienen “accountability”) por el daño que le pueden causar a la sociedad persiguiendo sus intereses personales, supuestamente por el bien del país (un día escribiremos sobre la responsabilidad social de los partidos políticos). El egoísmo de ambas partes es lo que se debería mitigar, a través de empresas y partidos políticos responsables, que persigan el bien social.

¿Cómo debe ser la empresa responsable en su actividad partidista? En primer lugar, no involucrarse como lo hace la gran mayoría de las empresas.  Las grandes empresas, que son las que suelen involucrarse, podrían hacerlo a través del fortalecimiento institucional de los partidos políticos en su papel de promotores del debate y propuesta de soluciones sobre los aspectos que preocupan a la ciudadanía y en la preparación de sus dirigentes para cuando deban ser gestores de los recursos públicos y sus instituciones. Y en todos los casos, con transparencia sobre todas sus actividades en este sentido, como comentamos mas adelante.  Y, sería más responsable y efectivo si se hiciera a nivel de todos los partidos, en grupos de empresas y a través de asociaciones de la sociedad civil especializadas (quizás utópico). Esto sería más responsable que darles recursos financieros para que se financien de forma general, lo que suele bordear a la corrupción. [2]

II.              Participación en políticas públicas a nivel nacional, individual y colectiva.

Otro aspecto de su participación política es a través de las políticas públicas que afectan a la empresa en particular y a la sociedad en general, lo que se conoce generalmente como cabildeo (lobbying)[3] [4], en términos positivos.  Las empresas responsables se preocupan de mitigar sus impactos negativos y potenciar los positivos en temas sociales y medioambientales.  Pero sus impactos positivos suelen ser limitados al entorno en que operan.  Su participación en el desarrollo e implementación de políticas públicas de aplicación general y el fortalecimiento de las instituciones responsables puede ampliar esos impactos. Una política de protección ambiental, una estrategia para la reducción del cambio climático, una política para reducir la discriminación o para fomentar el empleo juvenil puede tener un impacto mucho más amplio que las acciones puntuales de una empresa. 

No se debe descartar que las empresas que presten este apoyo tengan intereses particulares, no necesariamente restrictivos, en mente, es parte de su mandato.  Y es la responsabilidad de los gobiernos asegurarse que persiguen el bien común y no solo el bien particular.  Por ejemplo, es de interés de la industria de hidrocarburos que el Estado tenga una política coherente y de largo alcance sobre el tema del cambio climático.  Favorece a todos tener reglas claras con las planificar y llevar a cabo sus actividades.  La industria extractiva en el país puede estar interesada en fortalecer las instituciones de regulación social y medioambiental para asegurarse que son coherente y uniformemente supervisadas. Todas las empresas responsables deberían estar interesadas leyes, regulaciones e instituciones que luchen contra la corrupción para asegurarse un terreno competitivo justo y uniforme y que no se favorezca a las empresas irresponsables. El sector privado, como contraparte de los gobiernos, conoce y sufre los impactos de estas políticas o falta de ellas y está en capacidad de asesorar a los gobiernos, o por menos de darles su opinión.

Y a pesar de estos ejemplos positivos, no debemos ser ingenuos de pensar que las empresas persiguen el bien común, pero no todo el cabildeo es negativo.  No obstante, como comentábamos arriba, algunas empresas usan sus actividades de RSE para fines políticos.

Estas actividades positivas, si son ejecutadas a nivel de varias empresas, del colectivo empresarial o a nivel de sector industrial, reducen las oportunidades de conflictos de intereses y más aún si son ejecutadas a través de organizaciones de la sociedad civil especializadas en los temas pertinentes, lo que además puede añadir conocimiento e imparcialidad.

III.           Participación en política pública a nivel supranacional

Las empresas de mayor tamaño, generalmente las multinacionales, participan en política pública a nivel supranacional.  Las políticas en que participan suelen ser no vinculantes, se refieren a regulaciones blandas tipo acuerdos, principios, resoluciones, directrices, etc. (ver el artículo Ecosistema global de regulación de la responsabilidad de las multinacionales)  Esta participación, por su envergadura y los recursos requeridos, suele ser a través de colectivos, ya sea de empresas, ya sea de asociaciones empresariales.  En general, estas políticas son gestionadas por instituciones supranacionales como las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la Comisión Europea. Las disposiciones de esta última sí se convierten en vinculantes cuando son transpuestas a legislaciones nacionales.

Las empresas participan directa e indirectamente en el desarrollo de una gobernanza global colaborando con los gobiernos y las instituciones supranacionales en el desarrollo e implementación de sus acuerdos.  Igual que al nivel nacional, sus intereses son variados y van desde el positivo de promover el buen comportamiento a nivel del colectivo empresarial y asegurar la efectividad y practicidad de las disposiciones hasta el negativo de evitar regulaciones o disposiciones que puedan a ser onerosas y sus combinaciones.

En general participan en la solución de los problemas globales que las afectan más que a problemas específicos para la empresa ofreciendo sus conocimientos, puntos de vista y observaciones: cambio climático, conservación de recursos naturales como pesca, deforestación, acidificación de los océanos, plástico en las aguas, emisiones tóxicas, calidad y gestión de las aguas, corrupción, reducción de la corrupción, pobreza y desigualdad, desarrollo de estrategias globales como el financiamiento del desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros.

Un ejemplo de intervención en el sentido positivo es su participación en el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático (Ver mi artículo Acuerdo de París: sencillamente analizado y explicado). Las empresas privadas son uno de los principales contribuidores a las emisiones de gases de efecto invernadero.  En efecto, sólo 100 empresas son las responsables por el 71% de las emisiones.  Por estas razones, si las empresas son el objeto de algunas de las disposiciones del Acuerdo, deben participar en el proceso para hacer conocer el impacto sobre el conjunto empresarial en particular y la economía en general de las medidas que se adopten.  Claro está que en este sentido no hay consenso en el sector empresarial y muchas empresas prefieren que se ignore el problema ya que las medidas de prevención o compensatorias pueden afectar su situación financiera, pero sí hay un grupo de empresas responsables, que son el objeto de este artículo, que sí aprecian el impacto negativo a largo plazo, o aún más, oportunidades de negocio en el cambio climático y quieren contribuir a la especificación del problema y su impactos y a la propuesta de posibles soluciones.

Un ejemplo de intervención en el sentido de asegurar la efectividad, practicidad y evitar duplicaciones de las disposiciones supranacionales es su participación en la aprobación de la Directiva 2014/95/UE sobre la presentación de información no financiera de las empresas aprobada a nivel del Parlamento Europeo y del Consejo (22 de octubre de 2014), que entró en vigencia para los reportes sobre el año 2017.  Múltiples empresas privadas participaron haciendo conocer su opinión, directa o indirectamente, a las autoridades.  Esta directiva ya ha sido traspuesta a legislación nacional en muchos países de Europa, entre ellos España. Algo parecido, pero con diferente resultado, ocurrió con la Directiva sobre la participación de la mujer en los Consejos Directivos de las empresas, donde no llegó a ser aprobada a nivel europeo y se dejó a criterio de los miembros, en buena parte por el cabildeo de las empresas que iban a ser afectadas (y la posición de Alemania)(ver el artículo Balance de género en los Consejos: Otra vez las cuotas).

Un caso muy paradigmático de estas intervenciones, en el sentido preventivo, lo constituye la preparación de  los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos.  Estos Principios establecen normas de comportamiento de las empresas y del Estado para “proteger, respetar y remediar” los derechos humanos en el contexto de las actividades de las empresas.  El proceso de su respaldo en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (en julio del 2011 el Consejo los “hizo suyos”), fue muy extenso e intenso.  Comenzó en 1999 en el seno de la Subcomisión para la promoción y protección de los Derechos Humanos, con el objetivo de producir un tratado vinculante.  Sin embargo, gracias, en parte, a la presión intensa de algunas empresas multinacionales y sus instituciones representantes, se abandonó el esfuerzo en el 2006 y se substituyó por la preparación de Principios no vinculantes, que sí obtuvieron consenso de los representantes de la ONU y de las empresas, aunque algunos países y muchas organizaciones de la sociedad civil no estuvieron satisfechas con el resultado.  Posteriormente al respaldo por el Consejo, un grupo de países solicito la reapertura del proceso para la preparación de un tratado vinculante, lo cual a finales del 2018 todavía estaba en proceso (ver ¿Debe regularse el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas? y Mis artículos sobre Derechos Humanos en la empresa. Actualizado)

Pero también hay que destacar que la “responsabilidad política” de algunas empresas a nivel supranacional no se refleja a nivel nacional.  No es difícil encontrar casos de empresas que participan visiblemente a nivel supranacional, por ejemplo, en el tema de cambio climático, pero hacen cabildeo a nivel nacional a través de asociaciones empresariales (menos visibilidad individual) para evitar la obligatoriedad de las disposiciones. Abogan a favor individualmente a nivel internacional, pero hacen cabildeo colectivo en contra a nivel nacional.  Su responsabilidad política es ambigua.

IV.            Mejoramiento de la gobernanza en el sector público

El cuarto frente, la participación de la empresa en el mejoramiento de la gobernanza pública, es menos controversial, aunque no exento del todo.  En esto nos referimos a los apoyos monetarios o en especies que las empresas prestan para el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, su gestión y la gestión del conocimiento.  Estas actividades son más comunes en países o regiones con menor desarrollo institucional, en particular a nivel de gobiernos subnacionales y donde las actividades de las empresas tienen un elevado impacto socioeconómico.  Pero también tienen un papel relevante en países institucionalmente más desarrollados.

Son comunes los casos de empresas que, como parte de sus actividades filantrópicas, contribuyen a cubrir algunas deficiencias de los gobiernos locales.  En este apartado no nos referimos a estas intervenciones directas, sino a los apoyos institucionales para cubrir las deficiencias.  Puede ser mas efectivo para la empresa y los gobiernos locales si estas contribuyen al mejoramiento de la gestión de la educación y salud que si hacen contribuciones puntuales, monetarias a escuelas o centros de salud individuales, que no suelen ser integrales ni sostenibles en el tiempo, ni de impacto duradero.  Puede ser más efectivo para ambas partes si las empresas contribuyen a mejorar la gestión financiera y la preparación y gestión de proyectos e iniciativas de esos gobiernos, lo que suelen ser sus principales deficiencias.  Esta contribución, bien ejecutada, tiene un efecto multiplicador ya que se centra en los recursos financieros que se gestionan, y la experiencia en esos temas suele ser el punto fuerte de las grandes empresas. 

Esta contribución puede materializarse a través del voluntariado, donde ejecutivos especializados prestan servicios dentro de los municipios, preferiblemente como asesores.  Esto suele ser menos proclive a la corrupción y más conducente a un impacto positivo que las contribuciones monetarias (ver el artículo Voluntariado corporativo: basta de malgastar recursos).  Y si esto se ejecuta a través de grupos de empresas o de sus asociaciones y con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil especializadas, se reducen los riesgos políticos y posiblemente mejora la aceptación y la efectividad.

Y en países con cualquier nivel de desarrollo institucional, las empresas pueden contribuir al mejoramiento de la gobernanza, por ejemplo, formando parte de Consejos Asesores sobre políticas públicas y regulaciones, financiando estudios de base para la formulación de políticas (reducción de la improvisación), respaldando la educación y discusión sobre políticas públicas en instituciones de la sociedad civil, incluyendo centros de enseñanza, organizando eventos para la discusión de políticas públicas entre el sector privado, público y la sociedad civil (el ejemplo más paradigmático es el Foro Económico de Davos[5]) entre otros medios de apoyo. 

Y una de las actividades en que se benefician ambas partes es con el fortalecimiento de las instituciones de supervisión, regulación y control y en la simplificación de los trámites burocráticos.  Aunque pueda parecer una paradoja, a las empresas responsables les conviene tener reglas claras e instituciones competentes.  Las irresponsables preferirían que fueran incompetentes y venales.[6]

Pero una advertencia.  En algunos países se da el caso de que se seleccionan ejecutivos del sector privado para ejercer cargos dentro de los gobiernos.  Ello conlleva riesgos de que se influencie indebidamente, desde dentro, las políticas públicas en a favor de ese sector.  Además, conlleva el riesgo de fomentar “las puertas giratorias”, donde otros funcionarios públicos son nombrados a altos cargos en empresas privadas (¿a cambio? ¿posteriormente?).  En principio ambos movimientos pueden ser legítimos y efectivos, pero no están exentos de riesgos, porque pueden estimular a algunos funcionarios a favorecer a un grupo empresarial con la expectativa del eventual cargo.  Esto es más común en instituciones de regulación de la actividad económica, donde uno de los cargos más apetecibles del regulador es en la empresa o actividad regulada, que suele tener condiciones laborales muy superiores (lo que denomina la “captura del regulador”). Parte de esos riesgos se pueden mitigar con límites a las transferencias entre el sector privado y el público, pero no se eliminan.

V.               Divulgación de la acción política de la empresa

Hay una natural desconfianza sobre la acción política de las empresas, mayormente derivada del ejercicio de poder las grandes multinacionales para influenciar a los gobiernos.  Poco a poco se están aceptando algunos aspectos de esa participación política y, concurrentemente crecen las demandas de información pública sobre esas actividades.  Esto es impulsado no solo por el recelo de la sociedad sino además porque algunos stakeholders, en particular los accionistas, tienen derecho a saber en que se usan los recursos de la empresa, y si en la RSE se exige que su uso sea efectivo, cuanto más en la RPE.

Son todavía muy pocas las empresas que reportan sobre estas actividades.  Sin embargo, hay varias iniciativas que promueven esta transparencia donde las más destacables son las calificadoras de sostenibilidad y el GRI. Un buen ejemplo es el cuestionario de RobecoSam, empresa calificadora de sostenibilidad (proporciona la información para el Dow Jones) que pide amplia información cuantitativa y cualitativa sobre las actividades de las empresas.   Por ejemplo, el cuestionario para la evaluación de las empresas mineras y de materiales incluye un capítulo 1.5 Policy Influence, que cubre algunos aspectos, aunque desde un punto de vista de mitigación de riesgos, bajo la premisa de que “las contribuciones excesivas a campañas políticas, gastos en cabildeo y contribuciones a asociaciones gremiales y otros grupos exentos de impuestos puede dañar la reputación de las empresas y crear riesgos de corrupción…..en este criterio RobecoSAM evalúa la cantidad de dinero que las empresas asignan a organizaciones cuyo principal papel es influenciar las políticas públicas, la legislación y las regulaciones.” (énfasis añadido).  Nótese que la preocupación es sobre la cantidad de dinero y las “contribuciones excesivas”, como si las “normales” no pudieran ser perniciosas.  Nótese además que deben obtener la información directamente de la empresa, no de sus publicaciones, con las consecuentes reservas sobre su confiabilidad.  Pero, por lo menos se preocupan del tema y lo ponen sobre el radar de las empresas.

Vigeo Eiris una de las calificadoras líderes en Europa califica estas actividades políticas en tres niveles: (1) liderazgo, sobre el compromiso de la empresa de asegurar transparencia e integridad en sus prácticas de cabildeo y sus procesos internos de control; (2) implementación, sobre los procesos internos de educación, la publicación detallada de sus actividades y de sus posiciones en los aspectos políticos; y (3) resultados, donde se analiza la calidad de la información presentada, los escándalos en que pueda haberse verse visto involucrada y la posición sobre el tema de sus accionistas.  El grado y tipo de influencia que puedan haber tenido es prácticamente imposible de evaluar.

El GRI tiene un estándar de reporte sobre el tema:  GRI 415: Política Pública dentro de los estándares sociales.  Incluye la participación de las organizaciones en el desarrollo de la política pública a través de actividades como el lobbying [7] y las contribuciones financieras o en especie a partidos políticos, políticos o causas.

1.2 La organización informante debería informar de: 1.2.1 las cuestiones significativas en las que enfoque su participación en el desarrollo de las políticas públicas y en actividades de lobby; 1.2.2 su postura con respecto a dichas cuestiones y cualquier diferencia existente entre las posturas que defiende a través de la actividad de lobbying y las políticas, objetivos u otras posturas públicas declaradas. (énfasis añadido)

Parece una recomendación muy laudable pero quizás sea muy optimista en pensar que las empresas reportarán sobre sus contradicciones entre lo que dicen y lo que hacen.  Ello no obsta para que la sociedad se lo exija a las empresas.

En función del texto precedente y de la discusión en este artículo, un título más apropiado para este estándar sería “Políticas públicas y política”, ya que cubre ambos aspectos. Pero ello refleja lo que comentábamos al principio y es que el tema todavía es de desarrollo incipiente y no hay uniformidad de criterios.

Y en la medida que el público tenga mayor información, mejora la posibilidad de que se exijan estos reportes y que el comportamiento político de las empresas sea más responsable.  En EE.UU. se produce in informe, el CPA-Zicklin Index of Corporate Political Disclosure and Accountability, que mide las políticas y prácticas de transparencia en las contribuciones políticas (partidistas) de las 500 empresas del Índice S&P 500 (uno de los cuatro frentes de este artículo).  El informe anual del 2017 muestra grandes progresos en la transparencia y gestión de las donaciones políticas (p.e., más del 30% de las empresas prohíben esas contribuciones y en más del 40% son aprobadas por el Consejo). Producen un índice basado en información pública de respuestas a 24 preguntas sobre los beneficiarios, políticas internas (policies), procesos de gestión e información, sobre las contribuciones a diversos candidatos, partidos, comisiones, campañas políticas, asociaciones de cabildeo de política, etc. No emiten juicio sobre el destino ni sobre las cantidades de los recursos pero la forma en que se gestionan internamente es información valiosa.

VI.            Reacción de la sociedad

¿Reacciona la sociedad ante las posiciones políticas que toman las empresas?  Para responder a esta pregunta hay poca evidencia sólida.  Si bien es cierto que en principio parece haber un rechazo emocional, de tipo general, a que las empresas intervengan en política partidista, la reacción de la sociedad no se manifiesta de forma notoria ya que las actividades reales suelen ser de poco conocimiento público.  Y este es solo uno de los componentes de la RPE.  En los casos en que alguna empresa toma una posición relativamente notoria, por ejemplo, a favor de la inmigración o contra el cambio climático, la reacción de la sociedad se hace notar en los medios sociales, pero suele ser poco sistemática, de corto plazo.

En la serie de cuatro artículos sobre el activismo de líderes empresariales (una manifestación de la responsabilidad política) comentábamos que la actividad va en aumento, pero que, de las pocas evidencias empíricas, se deducía que la sociedad tiene una posición muy dividida sobre lo apropiado de estas intervenciones y que es considerada una actividad que conlleva muchos riesgos para la empresa.  Es de destacar que la discusión en esos artículos era de tipo general y no se refería específicamente a los componentes de la RPE, desagregados.  Es posible que la sociedad reaccione más claramente si las preguntas se refieren, por ejemplo, a política partidista por una parte y al apoyo al desarrollo de las instituciones de la gobernanza pública por otra.  Y cada país es diferente:  En EE.UU. los temas de cambio climático, homosexualidad e inmigración, dividen a la población en tanto que en Europa tiende a haber más consenso. 

Lo que si es cierto es que el interés, tanto por el activismo como por la RPE en general, esta creciendo, en algunos casos de una base case cero y en otros ya ha comenzado a establecerse como tema de interés público.  Pero falta mucho camino por recorrer, y el progreso dependerá de la transparencia de las empresas en estos temas, voluntaria o forzada.

VII.          En resumen

La responsabilidad política de la empresa es un tema relativamente novedoso, sobre el cual todavía no hay consenso sobre lo que involucra y sobre las actividades que puedan considerarse positivas o perniciosas, ni como evalaurlas.  En principio es un tema controversial porque existe un sesgo hacia uno solo de sus aspectos, el cabildeo y el involucramiento en la actividad partidista, percibido como esfuerzos para anteponer los intereses de la empresa por sobre los de la sociedad.  De hecho, este el es foco de atención de las instituciones calificadoras de sostenibilidad y del estándar pertinente del GRI.

Pero como hemos visto en la discusión precedente, la responsabilidad política de la empresa es un tema mucho más amplio y su participación en actividades políticas y de política pueden hacer una contribución positiva al desarrollo de la sociedad. 

Esto no quiere decir que todos los actores de la sociedad civil estarán de acuerdo sobre lo que constituye comportamiento políticamente responsable, de la misma manera que no concuerdan sobre lo que es comportamiento socialmente responsable.”  [8]

Y, como en toda la actividad empresarial, donde puede haber conflicto de intereses entre las partes es necesario estar alertas para que estas actividades no causen daño y promuevan el bien de la sociedad.  Para ello es crítico el seguimiento y control de algunas de esas actividades por parte de los gobiernos y las instituciones de la sociedad civil y para ello es indispensable la transparencia y rendición de cuentas con responsabilidad (accountability) por parte de las empresas.  Pero ello está en un estado muy incipiente y siempre será difícil de lograr por los intereses involucrados.  Ello no obsta para que no se desarrolle la RPE.



[1] The Political Roots of Corporate Social Responsibility (David A. Detomasi, Journal of Business Ethics, Vol. 82, No.4, nov. 2008, solo disponible por subscripción).

[2] En EE. UU persiste la prohibición de las donaciones por parte de las empresas a los partidos políticos y sus campañas electorales, pero en el caso Citizens Unites v. FEC, la Corte Suprema decidió que las empresas podrían hacer campaña política por/contra candidatos, que tenían el derecho de expresarse como las personas naturales y que debían identificarse y la procedencia de los recursos para que los accionistas y el público pudiera tomar sus decisiones sobre la gestión de los recursos y la credibilidad o intereses de esas empresas.

[3] El termino cabildeo es poco usado para referirse a estas actividades, es más común usar el término en inglés lobbying aunque existe la palabra adecuada en español.  Según el diccionario de la RAE, Cabildear: Hacer gestiones con actividad y maña para ganar voluntades en un cuerpo colegiado o corporación. 

[4] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, (organización constituida por 34 países de los más desarrollados) ha publicado un folleto Transparency and Integrity in Lobbying donde se incluyen diez principios para estos fines, dirigidos mayormente a los gobiernos.  Las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales no mencionan la palabra “lobbying”.  Hay un vacío sobre el comportamiento empresarial en este sentido.

[5] Si bien muchos lo ven como un evento elitista, es a ese alto nivel de liderazgo que las discusiones pueden tener impacto.  Aunque podría ser mas incluyente con los que son el objeto de las decisiones.

[6] Ver El papel público del sector privado (una versión resumida apareció en Harvard Business Review, América Latina, abril 2008).

[7] El GRI no usa el término español de cabildeo en su versión en español de los estándares.

[8] CSR Needs CPR : Corporate Sustainability and Politics, Thomas P. Lyon y otros 12 autores, California Management Review, 2018, Vol. 60, No. 4, disponible por subscripción.