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La Comisión
Europea ha preparado una propuesta de regulación para consolidar,
actualizar y ampliar las varias regulaciones existentes sobre compras
responsables en el sector público (COM(2026) 590 - Proposal for a regulation
on public contracts and concessions). Deberá ser consensuada con el Parlamento Europeo
y el Consejo Europeo y eventualmente convertirla en Directiva a ser transpuesta
y aplicada en los países miembros.
Si bien cubre una
gran variedad de aspectos y aplica también a concesiones, en este artículo nos
limitaremos a comentar el potencial de la regulación de contribuir al avance
de la sostenibilidad empresarial vía las adquisiciones.
I.
La propuesta.
Public
Procurement Act: A new plan for Europe's sustainable prosperity and
competitiveness.
La propuesta simplifica los procedimientos de contratación pública y
fomenta la adjudicación de contratos basándose en la calidad, en lugar de
únicamente en el precio. Los criterios de calidad incluyen la sostenibilidad
y otros objetivos medioambientales (“contratación pública ecológica”),
objetivos sociales y la innovación. (énfasis añadido).
Los objetivos
políticos clave planteados en la propuesta, que deberían orientar la contratación pública,
incluyen el fomento de la competitividad, [i] el impulso a la innovación,
el fortalecimiento de la base industrial, incluida la industria limpia, el
cumplimiento de los objetivos medioambientales y climáticos de la UE, la
búsqueda de la justicia social, unas condiciones laborales dignas y una
sociedad inclusiva, así como la garantía de la seguridad, la resiliencia y
la seguridad económica de la UE. [ii]
Lo más
significativo es que clarifica la consideración de aspectos
diferentes al precio, que es el criterio de aplicación universal, muchas
veces en exclusividad, para la selección de las ofertas, en particular incluye
la consideración de un grupo de factores bajo el colectivo de “calidad” que puede incluir objetivos sociales y medioambientales.
La ponderación de este
componente en la calificación final de las ofertas no puede ser menor al 30%, aumentando a al menos el 50 % en el caso
de los contratos que requieren una gran intensidad de mano de obra. La elección
de los criterios de calidad quedaría a la discreción de los compradores.
En las regulaciones
anteriores ya se había establecido que se podían utilizar estos criterios, no obstante,
su aplicación ha sido escasa e incoherente por lo que en esta regulación
se pretende, entre otras cosas, calificar y regular la consideración de estos
aspectos.
En un artículo
anterior de diciembre del 2018 comentábamos aquella legislación y decíamos: [iii]
La Directiva 2014/24/EU de la Unión Europea permite introducir consideraciones
sociales y ambientales en la selección de proveedores (artículo 67.2). Si
bien la evaluación se debe llevar a cabo en base al precio o costo, usando
criterios de costo-eficiencia, puede incluir las relaciones precio/calidad, que
podrá incorporar aspectos cualitativos, sociales y ambientales.
Es posible, además, favorecer proveedores que emplean personas en situación
de desventaja (párrafo 36), requerir que sus productos tengan certificaciones
sociales y ambientales (párrafo 75) y las condiciones del cumplimento del
contrato de adquisición pueden incluir medidas para la promoción de igualdad de
condiciones laborales, la conciliación del trabajo y vida familiar y la
protección del medio ambiente (párrafo 98).
Esas disposiciones permiten incorporar criterios de
responsabilidad en las adquisiciones, pero no obligan a hacerlo. Para
tener vigencia en cada país, se debe transponer la Directiva en las leyes
nacionales, y es así donde podría hacerse la inclusión de estos criterios como
obligatoria.
La propuesta regulación
pretende resolver etas ambigüedades y no solo hacer la consideración de los
aspectos de “calidad” obligatorios, sino que además regular los principales
aspectos de su calificación.
En particular
establece los aspectos sociales y medioambientales que podrán considerarse. Entre
los criterios de contratación “socialmente responsable” destacados en la
propuesta, se incluyen aquellos que apoyan objetivos como la inclusión
social y la integración en el mercado laboral de personas con discapacidad o en
situación de desventaja, la igualdad de género y las medidas de no
discriminación», el fomento de la economía social y de la vivienda asequible,
así como la protección de los derechos humanos a lo largo de toda la cadena de
suministro, entre otros.
La propuesta contempla
además consideraciones medioambientales y climáticas, permitiendo adoptar
medidas orientadas a prevenir, reducir o mitigar los impactos medioambientales
y climáticos adversos, o a generar impactos positivos en estos ámbitos a lo
largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio. Asimismo, faculta a los
compradores públicos para establecer criterios alineados con la circularidad
y la eficiencia en el uso de los recursos.[iv]
II.
Responsabilidad del estado.
Esta regulación
tiene un gran potencial ya que solo las adquisiciones del sector público de los
países miembros se estiman en más de €2,50 billones anuales, lo que lo hace,
con mucho, el principal comprador de bienes y servicios, con el gran potencial
de influir en la responsabilidad de la empresas ante la sociedad.
En el artículo citado
anteriormente (ver nota iii) donde considerábamos la responsabilidad del sector
público en la sostenibilidad empresarial decíamos:
El Estado es en casi todos los países el agente
económico más poderoso y por ende tiene la responsabilidad de dar el ejemplo en
su propia administración de recursos humanos, temas sociales y
medioambientales, transparencia, etc. y fomentar
prácticas empresariales responsables a través de sus contrataciones y compras.
El Estado no solo maneja la administración pública, uno de los
principales empleadores del país, sino que además suele tener una gran
cantidad de empresas e instituciones públicas más o menos autónomas, algunas
con fines de lucro.
Y estas
responsabilidades del estado van más allá de la regulación y supervisión de la sostenibilidad
empresarial, ya que tiene la responsabilidad, como representante de la sociedad,
de utilizar su poder para dar el ejemplo de responsabilidad (valga la
cacofonía).
Como un indicador
de la relevancia y oportunidad de esta propuesta podemos recordar un fallo clamoroso del gobierno en España en el 2024 donde, por falta de coordinación entre
las diferente entidades, se perdió una gran oportunidad de regular estos
aspectos. [v]
III.
Responsabilidad social de la empresa privada en adquisiciones responsables.
Si bien la propuesta
afecta solamente a las adquisiciones del sector público, para completar el
circulo sobre las adquisiciones responsables es oportuno hacer unos breves
comentarios sobre las responsabilidades de la empresa privada en este
sentido.
La empresa privada
no tiene criterios establecidos por regulaciones sobre sus adquisiciones, siendo
que sus recursos son privados y tiene la plena liberad de destinarlos a las
actividades que sean más convenientes a sus intereses, a diferencia del
sector público que usa recursos del público.
Ello no obsta para que, como parte de sus responsabilidad ante la
sociedad, no utilice criterios en sus adquisiciones para promover el desarrollo
económico y social, favoreciendo, por ejemplo, a empresas de las
comunidades en su entorno, al desarrollo y estímulo a la sostenibilidad de sus suplidores,
sobre todo las PyME o empresas de propiedad de grupos menos favorecidos,
favorecer el empleo de estos grupos, entre otros. Utilizar las adquisiciones
para hacer el mayor bien posible.
La otra cara
de la moneda es evitar hacer el mal y rechazar suplidores con prácticas
irresponsables. Si bien
esto está considerado en la Directiva
de diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, de
la Comisión Europea sobre la sostenibilidad en la cadena de valor, esta ha sido
muy diluida y aplica ahora solo a muy grandes empresas.
Y no se debe
descartar que la regulación para las adquisiciones del sector público inspire
al sector privado a usar alguno de los criterios y metodologías para mejorar la
responsabilidad de sus adquisiciones.
IV.
En resumen.
La propuesta regulación
de la Comisión Europea sobre la responsabilidad el sector público en concesiones
y adquisiciones promueve y regula la utilización de criterios sociales y
medio ambientales en la evaluación de las mejores ofertas de suministro, además
del criterio del menor precio, que sigue siendo prioritario, pero ahora no exclusivo.
Esto tiene un
gran potencial de promover la responsabilidad de los suplidores del estado ya que este es, con mucho, el principal
comprador de bienes y servicios y tiene la responsabilidad de usar los recursos
que le aporta el país y sus habitantes para promover el bienestar de su
población.
[i] Sobre estos procesos de regulación
y desregulación ver Sostenibilidad empresarial y
Competitividad en Europa: ¿Sinergias o conflictos?-
[ii] Párrafo traducido del artículo EU to Enable Integration of Sustainability
Criteria in €2.5 Trillion Public Procurement Market.
[iii] Ver sección II.4 en La
responsabilidad del sector público ante la sociedad.
[iv] Los dos párrafos anteriores son traducción
y adaptación del artículo de la nota ii.



