(Publicado en la revista The Officer el 17 de mayo de 2025)
Los primeros cien días de la administración del presidente Trump han sido en efecto unos cien días de ansiedad para la sostenibilidad empresarial y ambiental ante su ataque desmedido. Se han juntado el deseo de mostrar decisión con una repulsión a las mediadas tomadas por su predecesor, fuesen apropiadas o no, y sin considerar el impacto que tendrán sobre la sociedad y el medio ambiente y ni siquiera si son factibles de implementar dentro del esquema institucional y legal del país. Destrucción como objetivo. Y si el esquema institucional no lo facilita, se le debe atrofiar: reducción de fondos para la investigación, hostigamiento a las empresas, instituciones y gobiernos locales, eliminación de funciones gubernamentales y de regulaciones, amenazas a la prensa, a los jueces y a los congresistas que se opongan.
I.
Sostenibilidad: Medioambiente, diversidad, equidad e inclusión (DEI), gobernanza
e inversiones responsables.
En medio ambiente
la acción más notable ha sido el anuncio de la salida del Acuerdo de Paris
sobre el cambio climático, que será efectivo un año después. Es un acto mas simbólico que efectivo, ya que
tiene poco efecto sobre el comportamiento de los demás países. Los países de la
Unión Europea y China no cambiarán sus estrategias. Y aun en EE. UU. las
empresas, y los estados no dominados por su partido, no parece que harán
cambios significativos. A nivel nacional si bien se reducen las
regulaciones sobre la extracción de petróleo, gas y carbón, tampoco parece que tendrán
mucho efecto ya que deben actuar a través de los mercados donde no hay
exceso de demanda. La acción sobre el cambio
climático es pura ideología política.
En los temas
de DEI, el impacto sobre sobre las empresas y las instituciones ha sido más
tangible y en el corto plazo. Para su gobierno, la promoción de la DEI es contrario al nativismo, al nacionalismo
étnico (como lo es la oposición a la inmigración). Es sinónimo de discriminación
contra el hombre blanco, que para ellos va en contra de la meritocracia, al
dar ventajas a las mujeres y a segmentos de la población desfavorecidos. Parten
de una concepción equivocada de la meritocracia, que solo es una política legítima
cuando ha habido y hay igualdad de oportunidades, de acceso a recursos, cuando
se parte de cero, pero este no es el caso de la situación actual.
Ante el
hostigamiento, muchas empresas e instituciones (¡universidades!) han desmantelado
sus programas DEI, algunas les han cambiado el nombre y enfoque, y unas pocas
ha desafiado al gobierno manteniendo sus programas, llegando inclusive a lograr el respaldo de las
asambleas de accionistas.. Claro está
que las reacciones son función del balance entre la exposición que tienen al poder
del gobierno que los quiere eliminar y el de los consumidores y otros stakeholders
que los quieren mantener. Gran número de empresas e instituciones han optado
por el “greenhushing”, no hablar del asunto y seguir adelante en la
medida lo posible. Ideología política, pero visceral.
En términos de
gobernanza el impacto está siendo más dramático, pero es a nivel político
nacional, donde se
pretende eliminar el balance de poderes entre el legislativo (que no actúa), el
judicial que es atacado continuamente y desacatado, y el ejecutivo donde se quiere
concentrar todo el poder. A nivel de las empresas el impacto en gobernanza reside
en la actuación de los consejos, donde se prohíben las preferencias, por
ejemplo, a la participación de las mujeres. Se está haciendo mucho más difícil
presentar resoluciones en las asambleas de accionistas, sobre todo las
referentes a sostenibilidad, y se debilitan los derechos de los accionistas
minoritarios. También se están desregulando muchas actividades y debilitando
las instituciones gubernamentales de protección del consumidor, de la
sanidad y de la salud alimentaria.
Todo esto no
ha tenido efecto, por ahora sobre el interés de los inversionistas en
inversiones responsables, por lo menos en el corto plazo, en los mercados secundarios de valores y
fondos. El mercado primario sí está sintiendo lo efectos de la posposición de
proyectos y emisiones de valores, en gran parte por la incertidumbre regulatoria
que afecta a EE. UU. Pero en Europa ambos mercados se pueden beneficiar al atraer
recursos que buscan mayor certidumbre política y confianza en la sostenibilidad
de las inversiones.
II.
Impacto en Europa
El impacto
sobre la sostenibilidad en Europa ya se había sentido antes de su elección vía
el informe Draghi, que usó
como uno de sus principales argumentos para la promoción de la competitividad
la necesidad de imitar la ligera carga regulatoria de EE. UU. y China. Uno de los
argumentos fue que la regulación sobre sostenibilidad tenía un impacto
negativo sobre la competitividad, que si bien tiene algo de razón es
posiblemente uno de los aspectos de la actividad económica que afectan la
competitividad con menor impacto, pero que ofrece mayores posibilidades de
cosechar dividendos políticos fáciles. Esto condujo al famoso “Ómnibus” de
la desregulación en responsabilidad empresarial, que incluye la posposición y
reducción del ámbito de aplicación de las directivas sobre información sobre
sostenibilidad, CSRD, de diligencia debida sobre las actividades de
sostenibilidad, CSDDD, simplificación de la taxonomía verde, reducción de
requisitos para la transición climática y para las inversiones tipificadas como
sostenibles, entre otros. Esto tendrá
mas impacto sobre la forma que sobre el fondo de la sostenibilidad empresarial.
III.
Lección aprendida
Una lección aprendida
de todo esto, que ya conocíamos pero que no se apreciaba lo suficiente: el
estado tiene un gran poder económico que se puede usar para el bien y para el
mal. Ojalá imitáramos aquel poder, pero
para el bien, para exigir a las instituciones, empresas y gobiernos a fomentar
la sostenibilidad empresarial en particular y la ambiental en general, aunque en
Europa tengamos los controles institucionales que Trump no tiene.
