En la Primera Parte de esta serie de artículos analizábamos qué son
los bonos verdes, sociales y sostenibles, sus diferentes modalidades, cuáles
son los Principios que los rigen, quién verifica su conformidad y pasábamos
revista a su mercado. En la Segunda Parte analizábamos ejemplos de todos los tipos, las
razones por las que se emiten, en contraste con las fuentes tradicionales de
financiamiento y cuál es el valor agregado para la sociedad. En esta parte analizamos las características del
entorno y los mercados de los bonos verdes, sociales y sostenibles que hacen que el terreno sea muy fértil para el greenwashing, describimos algunos
ejemplos que tienen todos los visos de hacerlo y otros que parecen más
legítimos, para concluir con una discusión sobre el futuro de estos bonos.
Está claro que no tenemos evidencia de que los emisores
los usen deliberadamente para este propósito, pero las indicaciones son de que,
en algunos casos, es muy probable. El
lector debe sacar sus propias conclusiones y, como miembro de la sociedad
civil, hacer lo que esté a su alcance para promover la legitimidad.
I.
Terreno fértil para el greenwashing
En esta sección analizamos los aspectos de
la emisión y ejecución de ls proyectos que ofrecen oportunidades para el greenwashing: los Principios de bonos
verdes y sociales y la guía para los de sostenibilidad, el contenido de los
marcos y prospectos de la emisión, las metodologías de verificación,
calificación y seguimiento y los incentivos que tienen los que trabajan en el
ciclo de las emisiones.
a.
Principios de bonos verdes, sociales y
guías para los de sostenibilidad
En la Primera Parte analizábamos la situación de los principios que
rigen las emisiones de los BVSS y comentábamos la falta de unos criterios de
aceptación universal, aunque los Principios del ICMA son relativamente
aceptados. El amplio crecimiento del mercado, tanto en emisores como en actores en
el ecosistema de apoyo y la falta de reglas claras crean el potencial para que
diferentes actores introduzcan sus propias reglas, tanto para la emisión como
para la verificación.
Pero aun
suponiendo que los Principios de la ICMA fueran de aceptación general es de
recordar que los principios solo cubren cuatro aspectos: 1. Uso de los Fondos; 2. Proceso de Evaluación
y Selección de Proyectos; 3. Gestión de los Fondos; y, 4. Informes. Para cumplir con el requisito 1, hay que decir el tipo de proyectos y
actividades que se financiarán (listado); para cumplir con el 2, hay que decir como harán para los proyectos
contribuyan a la sostenibilidad y cómo serán seleccionados (metodología); para
cumplir con el requisito 3, hay que decir
como se han asignado y gestionado los fondos (metodología de gobernanza); y
para cumplir con el 4, hay que decir
que se van a producir reportes sobre la ejecución de las inversiones y
actividades, y, sería deseable (voluntario) que incluyesen los resultados
logrados y el impacto que han tenido (ofrecen indicadores para algunos casos).
En principio los Principios (valga la redundancia)
cubren todos los aspectos necesarios, pero es en la implementación donde está
el potencial para el greenwashing ya que como comentamos a continuación la
verificación del cumplimiento de estos Principios es muy limitada, tanto en su
amplitud como en su profundidad. Y
recordemos que la verificación se hace de lo que dice el emisor dice que va a hacer. En teoría los informes de ejecución deberán
mostrar los resultados y el impacto, pero la verificación, muy limitada, que se
hace no es de los resultados obtenidos.
En el mejor de los casos lo que se verifica es si el informe los
contiene (véase el contraste entre los informes del BEI, donde dicen que cambió
como consecuencia de los proyectos, y del ICO que dice cuántas PyMEs financió).
¿Cómo se pueden mejorar los Principios? Que pidan detalles
sobre como el proyecto mejorará la sociedad y/o el medio ambiente (no solamente
el tipo de proyecto) y que los informes pidan demostración independiente de los
resultados obtenidos y, en la medida de los posible, de cual fue el impacto
logrado. Por ejemplo, ahora bono social dice que
construirá escuelas, pero no dice no siquiera cuántas, ni como evaluará si
funcionan y si los alumnos han aprendido algo y mucho menso si lo aprendido es
útil (véase el caso de Comunidad de Madrid).
b.
Contenido de los marcos y prospectos de la
emisión
El lector
recordará que en la Primera Parte analizábamos los criterios que deben cumplir los bonos
para ser calificados como verdes, sociales o de sostenibilidad. En cada emisión debería establecerse a qué se dedicarían los fondos, cuál es
el proceso que se seguirá para evaluarlos
y seleccionaros, como se gestionan los fondos y como se informará sobre la utilización de los fondos. Cada marco
(framework) (lo más común en las
emisiones) o prospecto de emisión (Starbucks emitió prospecto detallado
ante la Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU.) establece con mayor o menor
detalle estos cuatro criterios. Una
entidad responsable incluirá en el marco o prospecto detalles sobre el destino
de los recursos y el impacto que espera que las inversiones tengan en el mejoramiento
ambiental y de la sociedad. Pero la gran mayoría no lo hace, se limita
a incluir generalidades sobre todos estos aspectos, con el objeto de cumplir
con el mínimo de información necesaria para poder acceder al nombre de bono
verde, social o ambiental. En parte porque el futuro es incierto y quieren
mantener la flexibilidad operativa
necesaria (normal) pero también para evitar problemas de reputación al no poder cumplir con los compromisos, y hasta problemas legales. En estos momentos es difícil que se demande a
una empresa por incumplimiento de promesas en un marco de emisión (más probable
si es en un prospecto de emisión de valores al público), salvo que fuera una
violación grotesca, pero los Departamentos Legales, en particular de las
empresas, están muy atentos a esto, de la misma manera que lo están con lo que
se dice en los informes de sostenibilidad (de allí, en gran parte, deriva su
inanidad).
c.
Metodologías de verificación, calificación
y seguimiento
También en la Primera Parte comentábamos sobre el proceso de verificación y calificación y sus instituciones. Es de recordar que las verificadoras emiten
“una segunda opinión” en la cual verifican que el marco o prospecto incluye los
elementos necesarios como para calificar la emisión como verde, social o
ambiental. La opinión es sobre la información proporcionada por la empresa
(recomendamos al lector leer un marco, un prospecto y una verificación para comprender lo que en realidad son). Estas mismas verificadoras pueden emitir
opinión sobre el contenido de los informes de seguimiento, pero de nuevo, esto
se basa en la información presentada por las empresas y se refiere al
cumplimiento del requisito de informar y el contenido establecido en el esquema
o prospecto. No emiten opinión sobre la
efectividad de las inversiones, sobre el logro de sus objetivos de mejoramiento
social o ambiental, que muchas veces no estarán especificados en la emisión y
por ende no son objeto de verificación.
Y cuando hay auditoría financiera es sobre si los recursos fueron colocados
en lo que se dijo que iban a ser colocados.
Por ejemplo, en
la verificación de la utilización de los recursos (portfolio review) en el segundo año de los bonos sociales del ICO
(descrito en la Segunda Parte) Sutainalytics dice: “Basado
en la aseguración limitada llevada a
cabo, nada a llegado a la atención de
Sustainalytics que nos lleve a creer que, en todos los respectos
materiales, el segundo Bono Social del ICO, emitido para financiar proyectos
elegibles a través de la facilidad de segundo piso, no esté en conformidad con los criterios de elegibilidad
establecidos en los Marco de Bono Social del ICO (énfasis añadido). Nótese la cautela en el lenguaje.
Cuando se emite
el bono no se verifica si los criterios de elegibilidad son conducentes a
proyectos que mejoren la sociedad, y cuando se informa durante la ejecución de
los proyectos solo se dice que los recursos están de acuerdo a los criterios de
elegibilidad. Y aun así es de destacar
que la gran mayoría de estas verificaciones son de “limited assurance”, muy pocas, por ejemplo el Banco Europeo de
Inversiones, BEI que obtiene “reasonable assurance” basándose en
una evaluación del destino de los recursos no solo del respeto a los criterios
de elegibilidad. No es una auditoría,
pero es una verificación más extensa, a solicitud del emisor.
En el caso de que
la emisión del bono fuera calificada por
una de las calificadoras, S&P, Moody´s o CICERO estas sí emiten opinión
sobre si los proyectos tienen potencial de contribuir a la sostenibilidad
ambiental y/o social. Pero la calificación está otorgada en función de lo
que dice el marco o prospecto que la empresa piensa hacer en términos de
evaluación y selección de proyectos, de gobernanza y de información. Cuando evalúan el destino propuesto de los
recursos lo hacen basados en las generalidades del marco o prospecto. Por ejemplo, el bono del banco HSBC (ver Segunda Parte) tiene como destinos las metas de siete ODS). Pero
aún estas calificaciones son ex ante, de intenciones. Y las que se hacen durante la ejecución solo
constatan conformidad con los destinos anunciados. Ni hay evaluación de resultados ni mucho
menos de impacto, que se ha logrado, que ha cambiado (solo el BEI se acerca
a este tipo de evaluación)
d.
Motivaciones de los actores involucrados
En la Segunda Parte listábamos diez razones por las cuales empresas,
gobiernos e instituciones financieras les podría parecer más conveniente
financiarse con BVSS que con las fuentes tradicionales y comentábamos que
algunas podían redundar en beneficios
para el emisor y también para la sociedad, o sea lo que todos queremos.
Pero también hay una serie de razones
por las cuales tomar esa vía que sólo benefician a los actores involucrados en
las emisiones y que, por ende, pueden contribuir al greenwashing. Ofrecemos
otras siete razones, con un poco de
ironía, pero que algo de verdad tienen:
- Para parecer innovadores, con la “reputación” y “prestigio” que
conlleva estar en algo “nuevo”;
- Para poder optar a premios a la emisión;
- Para
que los directivos financieros se puedan ocupar de algo que les resulte más excitante que las emisiones tradicionales;
- Para que los promotores puedan viajar a los “road shows” de promoción entre los inversionistas potenciales y
participar en conferencias nacionales e internacionales presentando el
proyecto;
- Para salir en el periódico y dar
entrevistas.
- Para mejorar los ingresos de las firmas de
consultoría y asesoría. Hay
toda una nueva industria alrededor de estos bonos: consultores en
estructuración, calificadores, verificadores, monitores, bancos de inversión,
agencias de publicidad, productores de reportes, etc.) que también los
promueven, con sus propios intereses (¿interesados en la sostenibilidad del
planeta?).
- Para que algunas instituciones puedan
decir que tienen inversiones responsables en su cartera. La etiqueta les permite presumir de que lo son (ver más adelante los
ejemplos del greenwashing).
Las emisiones de
bonos verdes, sociales y sostenibles (y de cambio climático y de ODS y otros
nuevos que saldrán) tienen características que ofrecen un gran potencial para
el greenwashing.
e. Potencial para el greenwashing
En todo el
proceso hay un gran vacío que es donde está el potencial de greenwashing. El emisor dice que tiene un marco que ha sido
verificado de forma independiente, pide una verificación de cómo está
gestionando los recursos del bono (de conformidad a lo ofrecido), a lo mejor hace
una evaluación del potencial del uso de los recursos de hacer el bien. Parece que todo está cubierto, pero todo esto
es relativamente superficial. Lo
importante son cuáles son los criterios de selección de actividades (generales
o específicos, detallados) no si se incluyen en la lista cosas que están en la
lista de los Principios de Bonos Verdes y Sociales, para luego decir que se colocaron los recursos en lo que se dijo que se
iban a colocar (generalidades).
La clave está no si se utilizaron los recursos,
sino que resultados obtuvieron, que impacto tuvieron. ¿Se hizo una contribución a la sociedad y al
medio ambiente? ¿Se ha agregado valor? De contrario será un financiamiento tradicional
con el cual no se adquieren compromisos con la sociedad sino consigo
mismos. La prueba de fuego del greenwashing está en valor agregado, no
en la imputación de lo que viene o se puede hacer de forma tradicional. Hay
que ganarse la denominación de verde, social o ambiental, con el compromiso.
Una indicación
indirecta de que puede ser greenwashing
es la poco o ninguna alineación con la estrategia de sostenibilidad, prioridades
y aspectos materiales de la empresa o institución.
En estas
emisiones el problema es que la atención se concentra al momento de la emisión
pero que decae durante la ejecución, al final del proyecto ya nadie se acuerda
de los compromisos sociales y ambientales.
El proceso es front-loaded. El
champán se abre en la emisión, no al haberse logrado los objetivos del proyecto
(¿cuál proyecto?).
A continuación,
analizamos la realización de este potencial en algunos de los ejemplos
descritos en la Segunda Parte.
II.
Ejemplos con potencial y/o realidad de greenwashing
A lo mejor el
lector habrá notado que casi todas las emisiones comentadas en la Segunda Parte
(y muchas no comentadas) se presentan como “la primera por parte de una
municipalidad o una Comunidad Autónoma”, “la más grande por un gobierno”, “la
primera en el país”, “la más grande en la región geográfica”, “la más grande
para financiar tal y tal cosa”, “el primer bono social o de sostenibilidad”, “la
primera para financiar los ODS”, etc., con la clara intención de adquirir
notoriedad. No es que no lo sean pero ello
es síntoma de que quieren aprovechar la notoriedad. En general no destacan la contribución que la
emisión hará para mejorar la sociedad y el medio ambiente. A continuación
analizamos cinco de los casos más destacables.
1. Francia: Es una emisión para financiar una gran gama de
actividades, desenfocadas, con el único elemento en común de ser dirigidas a
mitigar el cambio climático, lo que se podría hacer con los recursos
tradicionales del gobierno, de hecho, tienen las mismas características
financieras que el endeudamiento del Tesoro. No implican un compromiso
adicional para el gobierno y será muy difícil apreciar la adicionalidad de estos
recursos. Y siendo que Francia tiene un
especial interés es que logren los objetivos del Acuerdo de Paris sobre cambio
climático, la emisión parece ser parte de la propaganda visible: “Francia está
haciendo algo por el Acuerdo”.
2. ICO: El ICO (Instituto de
Crédito Oficial del gobierno de España) ha hecho una emisión de bonos sociales
cuyos fondos de “se destinarán a
financiar proyectos de pymes de CCAA cuya renta per cápita se sitúe por debajo
de la media española” (CCAA: Comunidad Autónoma). El
ICO dice que “cuenta con la certificación de "emisor
responsable" necesaria para lanzar "bonos sociales". Esta calificación ha sido otorgada por
Sustainalytics, auditora externa especializada en análisis de responsabilidad
social de empresa”. Sin embargo lo
que ha hecho es pedir la “segunda opinión” de una verificadora
independiente sobre la conformidad de esta emisión con los principios del ICMA y la verificadora dice que “Sustainalytics es de la opinión que el ICO
tiene orientación social y está bien
posicionada para emitir un bono
social”, en ninguna parte dice que
la “certifica como emisor responsable”, lo que está fuera del ámbito de su
mandato. La segunda opinión solo verifica
(no certifica) que la emisión cumple con los Principios (muy generales) para
que estos bonos puedan llevar el nombre. Ni
certifica ni analiza al emisor.
Este es un buen ejemplo del greenwashing ya que el ICO ha venido
financiando este tipo de proyectos desde hace muchos años con sus recursos
normales, de hecho, es parte de su mandato. A lo sumo
ha segmentado su cartera de financiamiento de PyMEs por nivel de ingresos de la
CCAA y ha imputado las que califican al uso de los recursos del bono social. Es
de destacar que para poder calificar, las PyMEs solo deben estar en CCAA que
tengan renta per cápita por debajo de la media española, no dice nada del nivel
de ingresos de las PyMEs, de su responsabilidad social, de su contribución a la
sociedad, etc. Se puede financiar una
PyME que produzca productos nocivos, que contamine el medio ambiente, que
explote a sus trabajadores. Las únicas limitaciones son la exclusión de
sectores como la producción de tabaco y alcohol, de apuestas, de explotación de
carbón, de generación de energía, entre otras (difícilmente explotables por
una PyME) y que no esté involucrada en prácticas comerciales ilegales (¿cómo se
determina las que evaden impuestos?
En este caso hay informes de seguimiento. El informe de Sustainalytics concluye que en la colocación de los
recursos se han cumplido los criterios establecidos por el ICO en la emisión,
pero la revisión de los resultados se limita a verificar el cumplimiento de los
mínimos criterios establecidos por el
mismo ICO, no si estos
criterios son razonables. Sí, se han otorgado
los sub-préstamos a PyMEs en las regiones acordadas y no incluyen los sectores
excluidos, pero, ¿es esto suficiente
para decir que se contribuye al mejoramiento de la sociedad como supuestamente
es el objetivo de la emisión?
3. Comunidad de Madrid: Los recursos se usan para financiar gastos e inversiones en: (1) Vivienda asequible; (2) Salud; (3)
Educación; (4) Inclusión económica y financiación de PyMEs; (5) Inclusión
social; y, (6) Cambio climático y gestión medioambiental. Para no alargar la discusión solo listamos
las actividades de uno de los componentes en el Apéndice e invitamos al lector
a ver el marco de la emisión y la presentación a los inversores. El objetivo parece ser no dejar nada
fuera más que enfocar para tener impacto. Los recursos son usados para casi todas
las actividades que le corresponde ejecutar al gobierno de la Comunidad, no hay
prácticamente nada que no esté siendo cubierto por el presupuesto, de hecho, en la emisión listan las partidas
presupuestarias a las que se destinarán los recursos. Esto lleva a pensar que se puede tratar de
una segmentación de las actividades a las diferentes fuentes de financiamiento,
más que actividades incrementales, diseñadas para ser ejecutadas con los
recursos de este bono. Por estas razones es difícil apreciar la adicionalidad
ni de los recursos ni del compromiso. Tiene todos los visos de greenwashing por parte de una
institución, que por su naturaleza es política.
4. HSBC: Este es un caso semejante al del ICO donde utiliza
los recursos del bono de ODS para financiar sus actividades tradicionales, pero
tiene además en común con el de la Comunidad de Madrid, que puede financiar
prácticamente cualquier cosa. De hecho,
el financiamiento se puede usar para generalidades como la contribución al
logro de siete de los 17 ODS. Además, el
hecho de que lo denomine como de ODS en vez de sostenibilidad conduce a pensar
que su objetivo es lograr publicidad y supuestamente enmascarar sus
irresponsabilidades. Por ejemplo, en
sus criterios dice que no financiará generación de energía con carbón, en
países desarrollados, pero si lo hace en países en desarrollo (los que mas
necesitan presión para ser sostenibles). Al mismo tiempo ha financiado una de
estas plantas de 1,200MW en Vietnam. Es de esperar que se lo impute a su
financiamiento tradicional y no al bono de ODS, aunque pudiera decir que ello
contribuye a alguno de los otros ODS.
Y es oportuno recordar que
HBSC ha sido objeto de múltiples penalizaciones por irresponsabilidad. A principios del 2018 acordó pagar
US$100 millones para resolver un caso de manipulación de comercio en monedas,
estafando a sus clientes de millones de dólares. A finales del 2016 fue multado
cn US$34 millones pro su participación en un cartel para manipular la
determinación de la tasa de referencia del Eurolibor. En el 2012 pagó una multa de US$1.900
millones por colaborar en el lavado de dinero. Y ha sido acusado en múltiples
ocasiones financiar empresas que producen armamentos (el lector interesado
puede ver mas detalles aquí).
5. BBVA: Aunque no
cubrimos este caso en la Segunda Parte (por no ser un bono) vale la pena
destacarlo como sintomático de la extensión del greenwashing. El banco
español otorgó un préstamo en el 2017 que calificó como el “primer préstamo verde para Project Finance a escala mundial”, para financiar una línea de transmisión eléctrica para energía renovable
(la línea no es verde lo es la energía que transporta). Esto es meramente un cambio de nombre a los
préstamos que tradicionalmente ha venido haciendo. Son muchos los bancos comerciales y de
inversión que han financiado y financian proyectos (Project Finance: sin recurso financiero a los patrocinadores) para
proyectos, por ejemplo, de energía renovable, sin llamarlos “verdes”. Y esto
extiende el verdor de los bonos a los préstamos directos. Este más que un caso
de greenwashing es un caso de greencoloring.
III.
¿Y en el otro extremo de legitimidad?
Pero hay algunos
buenos ejemplos de bonos verdes, sociales y sostenibles que parecen ser diseñados
para hacer una contribución tangible más allá de mejorar la percepción de la
responsabilidad del emisor.
1. Banco Europeo de Inversiones, BEI: Sus emisiones pioneras han contribuido a
crear el mercado de los bonos verdes, tanto desde el punto de vista financiero
como institucional (contribución al desarrollo de los Principios y de las
entidades verificadoras y a interés de inversionistas responsables) y el
destino de sus fondos siempre son proyectos con demostrados beneficios
ambientales.
2. Fannie Mae: La disponibilidad de los recursos amplía el
interés de los compradores de viviendas en la eficiencia en el consumo de energía
y de agua y se aseguran que el destino de sus recursos se utiliza para esos
fines. Hay relación directa entre la
emisión del bono y el mejoramiento ambiental.
3. Aeropuerto de México: La totalidad de los recursos de la
emisión se dedican a hacer el aeropuerto uno de los más sostenibles del
mundo. Si recordamos que la Ciudad de
México tiene un serio problema de contaminación estos esfuerzos harán una
contribución al mejoramiento del medio ambiente. En una obra de tal magnitud el
compromiso es muy visible y es más probable que se logren los resultados que si
se hubiera financiado con recursos tradicionales con menos accountability (rendición de cuentas asumiendo
responsabilidad).
4. Hawaii: Como en el caso de Fannie Mae, la disponibilidad
y utilización de los recursos mejora la eficiencia energética de las viviendas
y la especial estructura financiera hace que los recursos sean adicionales a
los tradicionales del estado y los hacen accesibles a los propietarios de
viviendas.
5. Starbucks: Si, pero. Los recursos obtenidos con el bono de
sostenibilidad se usarían mayormente para la compra de café producido en
condiciones de sostenibilidad de acuerdo con estándares preestablecidos
(incluyendo comercio justo), estimulando así la responsabilidad en los
productores. Esto es una contribución
tangible al mejoramiento de la calidad de vida de los productores y del medio
ambiente y es uno de los pilares de la política de sostenibilidad de la
empresa. Pero esto lo podría hacer con
sus recursos tradicionales. La adicionalidad es que el compromiso es ahora más
exigible por la sociedad, y en una empresa con tanta visibilidad es
significativo. Adicionalmente una parte,
pequeña, se dedica al mejoramiento de la productividad de los productores,
incluyendo financiamiento, lo que es menos probable que hiciera con sus
recursos tradicionales.
IV.
¿Quo
vadis bonos verdes?
Los BVSS tienen
un gran potencial de contribuir al
mejoramiento de la sociedad y del medio ambiente al actuar de conducto
entre ahorro e inversión responsables, canalizando los recursos a gastos e
inversiones dedicados a esa contribución.
Pero como en todos los aspectos, especialmente en temas de sostenibilidad
hay siempre quienes se aprovechan de
las imperfecciones de los mercados, de la ignorancia, de la falta de información
y de la falta de interés de las partes involucradas para aprovecharse.
El mercado de los BVSS tiene condiciones propicias
para que esto ocurra. Es un mercado con elevado crecimiento, pero
todavía en sus etapas iniciales de desarrollo, está en franca turbulencia, tanto en lo que se refiere a las reglas del
juego como a las instituciones participantes.
Continuará la confusión y el aprovechamiento, pero eventualmente habrá
convergencia hacia reglas, metodologías y procesos. Se ha desarrollado toda una industria alrededor
de los BVSS con interés en que crezca lo que conlleva los riesgos de que los bonos puedan perder su verdor y el
cumplimiento de los criterios sea cada vez menos estricto.
Se han desarrollado prácticas sobre cómo hacerlo,
pero no todavía buenas prácticas de cómo hacerlo lo mejor posible, que den el
ejemplo. A medida que el
mercado se vaya desarrollando simultáneamente se desarrollará una competencia
para hacerlo cada vez mejor (esperemos que no sea a través de premios por
intenciones, como ahora, sino premios o reconocimientos por impacto logrado).
¿Qué pasa ahora
si al final del proyecto se han hecho los gastos y las inversiones pero no ha
mejorado la sociedad y el medio ambiente? No
pasa nada. El informe de verificación seguramente dirá alguna generalidad
de que se cumplieron las intenciones expresadas en el marco o prospecto de
emisión. ¿A quién le tienen que rendir
cuentas? ¿Qué acciones se pueden tomar? Esta es el elemento crítico, si sabes que
nadie te espera al final para pedirte cuentas, lo haces sin preocuparte de
rendirlas asumiendo la responsabilidad (accountability).
Hace falta la unificación de principios y
criterios rigurosos, no
solo para las emisiones sino además para las verificaciones y
calificaciones. Hace falta la profundización de las verificaciones y
calificaciones ex ante y ex post, que no se limiten a verificar intenciones
sino resultados. Hace falta que los emisores pidan mayor rigor y profundidad
en las verificaciones (recordemos que son ellos los que pagan por ese trabajo,
con potencial conflicto de intereses). Y sobre todo hace falta responsabilidad en los emisores para acometer gastos e
inversiones con impacto tangible y medible en el mejoramiento de la calidad de
vida de la población.
Y hace falta que los gobiernos, reguladores,
académicos, sociedad civil entre otros exijan responsabilidad y resultados, emisiones
con mayor legitimidad (espero que esta serie de artículos aporten su granito de
arena).
Y debemos reconocer a los legítimos y denunciar el
greenwashing.
Post Data: Después de haber terminado de escribir este
artículo surgió un ejemplo muy didáctico de una emisión de bonos de
sostenibilidad que merece ser comentado en un artículo separado (Cuarta Parte
de esta serie).
Apéndice: Tercer componente del bono de sostenibilidad de la Comunidad de
Madrid
(3) Inclusión social
Uso de los
ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos se asignarán
a proyectos destinados a integrar y proporcionar servicios básicos y programas
de educación a diversos grupos de población vulnerables (víctimas de la
violencia de género, personas mayores, población en riesgo y minorías, personas
con problemas físicos y/o minusvalías, etc.). Los gastos relacionados incluyen,
entre otros:
La lucha contra
la violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades: (i)
Gastos relacionados con la provisión de bienes y servicios para apoyar a las
víctimas de violencia de género (por medio de la financiación de organizaciones
no gubernamentales); (ii) Campañas educativas y de concienciación destinadas al
público general y a mujeres víctimas de violencia de género, y como medio para
publicitar recursos que estén disponibles para las víctimas. Esto también
incluye acciones para apoyar a la comunidad y a las personas LGBT; (iii)
Prestación de asistencia multidisciplinaria, social, psicológica y jurídica a
mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo programas de protección y
atención global para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. (iv)
Dotación de vivienda social para víctimas de violencia de género.
Apoyo a la
integración de familias y personas en riesgo (atención social y educación): (i)
Garantizar la continuidad de proyectos de desarrollo implementados en
colaboración con asociaciones de vivienda pública (ASIVECAM. Servicio de
asistencia vecinal) para apoyar la integración de residentes y reducir el
riesgo de exclusión social; (ii) Financiación de servicios alimentarios:
comedores sociales que aportan alimentos a grupos desfavorecidos (por ejemplo,
adultos con dificultades sociales, inmigrantes, personas en busca de asilo o
personas desplazadas, etc.); (iii) Financiación y apoyo al trabajo efectuado
por asociaciones juveniles y organizaciones sin ánimo de lucro centradas en los
jóvenes de zonas desfavorecidas de la Comunidad de Madrid; 4 (iv) Financiación
de aulas de "integración" para lograr una integración más rápida de
estudiantes inmigrantes en el sistema educativo estándar (“aulas de enlace”) y
gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.) (v) Desarrollo de
centros educativos para estudiantes (con edades comprendidas entre 16 y 21
años) que hayan sido privados de libertad en un régimen cerrado o semiabierto.
Dotación de
asistencia financiera: (por ej., ingreso mínimo) a personas
en riesgo de exclusión social5 (i) Financiación de la "Renta Mínima de
Inserción” como una prestación de naturaleza económica para satisfacer
necesidades básicas del beneficiario. Consta de una prestación financiera
básica mensual y un complemento variable, dependiendo de los miembros que
formen parte de la unidad (familia).
Garantizar el
acceso universal al sistema de transporte público: (i) Gastos
relacionados con subsidios al bono de transporte público (billetes de precio
reducido) para jóvenes y desempleados de larga duración.
Apoyo a las
personas mayores: (i) Gastos relacionados con la dotación de bienes y
servicios a las personas mayores6 tales como aquellos destinados a centros
asistenciales, centros de día y servicios de ayuda básica a domicilio para
personas en situación de dependencia.
Apoyo a las
personas con problemas mentales o físicos (incluyendo las personas
discapacitadas): (i) Gastos relacionados con la dotación de bienes y
servicios a las personas mental y físicamente discapacitadas tales como centros
asistenciales residenciales, centros de día, asistencia para la rehabilitación
y asistencia especializada que permitan maximizar el desarrollo de sus
capacidades y posibilidades de integración social, etc.
