viernes, 31 de enero de 2014
Encuesta sobre la influencia de personas e instituciones sobre la RSE
Recientemente se han publicado listas de los
tuiteros más influyentes en RSE (SustMeme ha venido publicando sus listas de los 500 más
influyentes en diferentes aspectos (mayoritariamente en inglés) y ahora Diario Responsable comenzó la
publicación de la lista de los “100 tuiteros más influyentes en RSE en español,
TOP100RSE”. Ambos están basados en la
calificación Klout de influencia en las redes sociales (para mayores detalles
ver mi artículo Ranking de tuiteros en RSE: ¿Son
buenos para la RSE? pero hazlo solo después de responder a la encuesta).
Queremos conocer tu opinión sobre el
significado de estas listas, su efectividad y sugerencias para mejorarla, si es
posible. También queremos contrastar la
clasificación basada en la calificación Klout con la resultante de la opinión
personal de los que respondan a la encuesta.
Para la validar este contraste se requieren muchas respuestas y por ello
pedimos tu colaboración en la respuesta
y difusión de la encuesta.
Dado que es posible que las respuestas afecten
a personas e instituciones mencionadas en la encuesta te rogamos no enviarla a
personas específicas sino mas bien y enviarla masivamente.
AGRADECEMOS TU COOPERACION RESPONDIENTO A LA
BREVE ENCUESTA EN EL SIGUIENTE NEXO
domingo, 26 de enero de 2014
Zapatero a tus zapatos: ¡Ahora sí, Pacto Mundial!
En muchas ocasiones hemos criticado al Pacto
Mundial por distraerse de su papel fundamental en aras de obtener notoriedad,
condición necesaria por no suficiente para ser efectivo. Pero en diciembre del 2013 una de sus redes realizó
una actividad digna de encomio. Nobleza obliga.
En artículos recientes criticábamos la
distracción de Pacto Mundial en desarrollar un índice bursátil de
sostenibilidad, en competencia con los múltiples índices ya existentes en el
sector privado y para colmo sesgado para
demostrar la superioridad en el rendimiento bursátil de empresas
adheridas al Pacto Mundial (Zapatero a tus Zapatos: El Pacto Mundial se distrae). También criticábamos la falta de coherencia
en su visión de la responsabilidad social de la empresa donde muchas de las
instituciones y redes asociadas tiene una definición diferente y contradictoria
de la misma (Mas perlas de la RSE: El Pacto Mundial se confunde y confunde).
En ese mismo artículo y otro anterior
(comentábamos el otorgamiento de premios en RSE (o sostenibilidad) a empresas
firmantes del Pacto. Nos referíamos a unos premios otorgados la Red del Pacto
Mundial en España, usando la metodología de votación por parte del público, basándose
en información sobre las empresas, proporcionada por las mismas empresas,
contenidas en perfiles de unas 2-4 páginas. Antes del otorgamiento de los
premios comentábamos (Premios del Pacto Mundial: ¿Quién está
confundido?) que era muy poco probable que los lectores
hicieran investigación alguna más allá de leer los perfiles y muy poco probable
que leyeran suficientes de ellos como para poder hacer una comparación, aun con
la limitadísima información.
Los resultados confirmaron las sospechas
cuando el premio a la Pequeña y Mediana Empresa fue entregado a DIPYME (Distribución
Internacional de Productos y Marketing Estratégico). Como puede observarse, en su nombre PyME no se
refiere a “Pequeña y Mediana Empresa”.
¿Alguien se dio cuenta? ¿Creyeron
que era una PyME? Tiene más de un millón
(si, un millón) de clientes ¿Sabían los
votantes qué y por quién votaban? La
práctica premiada se llama “Destapando sonrisas” que consiste en hacer “regalos a niños con discapacidad psíquica,
física o ambas y, que por la situación económica de sus familias, no pueden
satisfacer esas necesidades”, usando los recursos obtenidos del reciclaje
de tapones de plástico que la gente dona.
La empresa no tiene nada que ver
con tapones de plástico, parece ser una fuente de recursos para los premios.
En la información del premio no dice si la empresa pone recursos propios para
la filantropía más allá de gestionar el programa. ¿Es este premio un ejemplo que se quiere dar
a la comunidad empresarial sobre la RSE? Este
es un claro ejemplo del otorgamiento de premios sin supervisión y con el voto
del público.
PERO AHORA SI,
finalmente encontramos al Pacto Mundial en el camino correcto (por lo menos una
de sus redes nacionales. La Red de Chile acaba de publicar el Informe 2013 sobre el Sistema de
Integración de los Principios del Pacto Mundial, donde además de analizar la situación en
Chile incluye la selección de buenas prácticas en la integración de los
Principios (informe recomendado).
En la selección de los ganadores usan una
serie de características que dan confianza sobre su efectividad. Las compararemos con los del premio de la Red
del Pacto Mundial de España y con aquellos recomendados en el capítulo Cómo se deben otorgar premios responsablemente de mi libro, “Mirada Crítica a la Responsabilidad Social de la Empresa en
Iberoamérica (ese capítulo incluye 15 características deseables
pero solo comentamos las más pertinentes en la tabla siguiente).
CARACTERISTICAS
|
CHILE
|
ESPAÑA
|
VIVES
|
EMPRESAS ELEGIBLES
|
Empresas miembros
|
Empresas miembros
|
Abierto
|
INFORMACION
|
Solo las empresas
|
Solo las empresas
|
Múltiples fuentes
|
VERIFICACION
|
No verificación, pero análisis y preselección por investigadores
|
No verificación
|
Verificación independ..
|
SELECCIÓN
|
Decisión por
expertos
|
Popular
|
Decisión por expertos
|
OBJETO
|
Prácticas específicas
|
Genérico
|
Prácticas específicas
|
Para contrastar las opiniones expresadas en
el libro durante el mes de junio de 2013 hicimos una encuesta sobre como
otorgar premios, que fue respondida por más de 70 personas en España y América
Latina. Los resultados se puede leer en Premios por responsabilidad empresarial: ¿Qué opinaron?. Las cuestiones que tuvieron una respuesta
mayoritaria fueron las de un rechazo a
la votación popular, que sean basados en información contrastada y una preferencia
por que sean otorgados a prácticas específicas.
El proceso seguido por la Red de Chile parece
ser mucho más confiable que el proceso seguido por la Red de España y se
asemeja mas al ideal propuesto por el suscrito y el expresado en las opiniones
de los conocedores encuestados. En
particular es de destacar que la información en Chile fue analizada y resumida por
investigadores y las decisiones finales fueron tomadas en base a la opinión de 17
expertos en los temas pertinentes.
Lo que todavía puede mejorar es que la información no es verificada, aunque está
basada en informes publicados de sostenibilidad (algunos con aseguramiento
parcial externo) y de comunicaciones de progreso (al Pacto Mundial). Y otro
que puede mejorar es que solo se incluye a empresas firmantes del Pacto y en
consecuencia se dejan de considerar muchísimas empresas chilenas que pueden tener
mejores prácticas. Adicionalmente ello
lleva a que hay poca comparación entre empresas del mismo sector ya que
siendo sólo 32 las participantes, sólo hay uno de los 18 sectores que tiene más
de tres empresas representadas. Siendo
un ejercicio de determinación de “buenas”
prácticas esto no es tan grave, pero es obvio que no son “mejores” prácticas.
Este es el gran problema de una convocatoria
cerrada que solo ve una pequeña parte del universo potencial. Pero la información fue analizada en detalle
y la decisión final tomada por conocedores, lo cual es una gran ventaja sobre
el caso de España. Es un buen progreso.
Los
ganadores, seleccionados por prácticas relacionadas con los 10 principios fueron
los siguientes:
·
Derechos
Humanos: Telefónica, erradicación del trabajo infantil
·
Relaciones
laborales: Gerdau, proveedores de chatarra (cadena de valor)
·
Medio
Ambiente: Sodimac: Puntos limpios de reciclaje
·
Anticorrupción:
ESSBIO: Transparencia ESSBIO
Adicionalmente se tiene el problema de que
los Diez Principios del Pacto Mundial
cubren solo un pequeña parte de la responsabilidad de la empresa ante la
sociedad (Al Pacto Mundial le faltan Principios), pero si esto se ve como un reconocimiento a prácticas específicas y no
a la responsabilidad empresarial, no hay mucho que objetar.
Siguiendo estos procesos de selección y
decisión se pueden capturar los beneficios que los premios tienen en términos
de desarrollar buenas prácticas y dar ejemplos a otras empresas. El
objetivo de los premios, sobretodo los entregados por instituciones
constituidas para buscar el bien común, no debería ser el de motivar y reconocer a una empresa en particular, debe
ser el motivar al resto de las empresas a ser responsables. Las
instituciones privadas que buscan sus propios beneficios (con o sin fines de
lucro) pueden hacer lo que quieran, inclusive “vender” los premios.
Felicitaciones a
la red del Pacto Mundial en Chile por un buen trabajo…………………y ojalá que en una próxima
edición pueden mejorar algunos de los aspectos mencionados.
P.S. Pueden ver mis siete artículos
anteriores sobre el Pacto Mundial en Mis artículos sobre el Pacto
Mundial.
jueves, 23 de enero de 2014
Mis artículos sobre el Pacto Mundial
Sin comentarios, en orden cronológico
13 octubre 2013
6 octubre 2013
22 septiembre 2013
2 diciembre 2012
1 de marzo 2011
22 octubre 2008
4 julio 2008
miércoles, 22 de enero de 2014
Libros de Antonio Vives sobre Responsabilidad Social de la Empresa
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domingo, 19 de enero de 2014
¿Son confiables los ratings de sostenibilidad?
En rankings de sostenibilidad Coca Cola es
clasificada la posición 14 en el ranking de CR Best Corporate Citizen de las
mejores 100 empresas en EEUU, pero no está en el Dow Jones Sustainability
Index. PepsiCo está calificada como 22
pero si está incluida. Una empresa sale
un índice pero se mantiene en otro. BP
antes de la catástrofe del Golfo de México estaba en varios índices de
sostenibilidad. ¿Tiene todo esto
sentido?
El 18 de diciembre se lanzaron los principios
para la elaboración de calificaciones de sostenibilidad por parte de la Iniciativa Global para las Calificaciones de Sostenibilidad (Global
Initiative for Sustainability Ratings,
GISR),
iniciativa poco conocida en los países de habla hispana.
¿Qué son estos
Principios y como pueden mejorar la situación?
En este artículo usaré el nombre de
sostenibilidad porque es el nombre más común en la industria de los ratings,
aunque es sinónimo de RSE. También me
referiré a los ratings como expresión numérica de la sostenibilidad, que si se
decide colocarlos en algún orden con el deseo de clasificar las empresas, constituye el ranking. Los rankings son más comunes para efectos de
divulgación comparativa, sobre todo en medios de comunicación masiva (es más
sexy, mas noticioso), en tanto que para el uso de inversionistas responsables o
la confección de índices de sostenibilidad lo que se usa es el rating, que es
lo importante.
¿Por qué surge el
problema? Muy posiblemente se debe a que
cada uno entiende por sostenibilidad algo diferente. Es obvio que es un concepto no homogéneo, no es
férreo, es sumamente dúctil, pero lamentablemente en la mente popular y hasta
en la de muchos especialistas sostenibilidad es sostenibilidad.
No piensan que cada persona que usa el término quiere decir algo
diferente. Es posible que, después de
mucha discusión, varios expertos se pongan de acuerdo en cual debe ser su
definición, pero es muy poco probable que se pongan de acuerdo en cómo medirla.
Si no puede haber
acuerdo en cómo medirla, ¿cómo podemos usar los ratings en forma efectiva y
consistente? Obviamente que hace falta
poner algo de orden.
En el mundo anglosajón hay más de un centenar
de agencias o instituciones de preparación de ratings de sostenibilidad, cada
una con un metodología diferente (ver el reciente estudio Rate the Raters). Hay muy pocas en el resto de los países y de
mi conocimiento no hay ninguna en los países de habla hispana (aunque la
preparación de los índices de sostenibilidad en las bolsas de Sao Paulo y de
México requieren hacer una calificación para determinar su inclusión o exclusión
del índice).
Las instituciones o agencias más grandes y
conocidas son las relacionados con los índices de sostenibilidad Dow Jones
(hecho por RobecoSAM), FTSE4Good, MSCI ESG o las instituciones Inrate, Thomson
Reuters y Oekom entre otras.
Cada una de las más de 100 instituciones usa
una metodología propia (algunas usan combinaciones de calificaciones) con su
correspondiente definición de sostenibilidad.
La mayoría tienen a los inversionistas como objeto, unos pocos son para
el público en general u otras instituciones.
Algunas usan solo algunos aspectos o sectores (por ejemplo, cambio
climático, agua, alimentos, productos farmacéuticos, etc.) otras usan
combinaciones de indicadores (de diferente definición) sobre aspectos
ambientales, sociales y de gobernanza.
Las que usan estos indicadores suelen combinarlos de alguna manera para
llegar a un “número”. Tienen implícita
una importancia relativa de cada uno de los indicadores para la calificación
final, les asignan valores relativos a los diferentes indicadores (Ver mi
artículo Para qué sirven os índices de
sostenibilidad
y el articulo de José Angel Moreno Izquierdo, ¿Calificadores descalificados? donde llamaba la atención a
estas contradicciones y pedía mayor transparencia, rigor y confiabilidad).
En un reciente estudio de GISR (que se
comenta las adelante) se identificaron
más de 500 aspectos y cerca de 3.000 indicadores de sostenibilidad, basados en
27 fuentes líderes. Bloomberg, que
la principal fuente de información sobre sostenibilidad, recopila información
sobre casi 1,000 indicadores de las empresas que cubre. No es de extrañar que
sus combinaciones produzcan resultados diferentes.
A priori no se puede decir que algunas calificaciones
no sean válidas, son sencillamente diferentes, algunas más completas que otras,
algunas más rigurosas que otras. De hecho
se podría llegar al extremo de decir que cada persona podría construir su
propia calificación basada en los aspectos que considera más relevante y su
importancia relativa. Lo cierto es que
las calificaciones suelen producir resultados diferentes.
¿Cómo resolvemos,
o por lo menos reducimos, la confusión? En el
2011 se creó la Iniciativa Global para las
Calificaciones de Sostenibilidad (Global Initiative for Sustainability
Ratings, GISR), bajo el liderazgo de Allen
White, el mismo que co-fundó y lideró el Global Reporting Initiative, GRI, en
1997. Tengo el honor de ser miembro del
Comité Director (Steering Committee).
El objetivo del
GISR es la mejora en la confiabilidad de las calificaciones de
sostenibilidad para el estímulo a
inversión responsable e, indirectamente, a la responsabilidad de las empresas. Para ello desarrollará estándares para la
elaboración de las calificaciones. El proyecto, en su forma actual, involucra
tres etapas:
·
Principios básicos que deben cumplir las calificaciones usadas
en rankings e índices
·
Aspectos que deben considerar (temas, tópicos)
·
Indicadores que se deberían incluir para cuantificar, en la
medida de los posible, el desempeño en los diferentes aspectos.
Cada una de las calificaciones podrá ser
acreditada por instituciones independientes sobre su adherencia a los
principios.
El 18 de diciembre se lanzaron los Principios. Estos principios pretenden asegurar la
excelencia, credibilidad e integridad de las calificaciones. Los doce principios están divididos en dos
grandes categorías: Proceso y Contenido.
PROCESO
|
|
Transparencia
|
Una calificación debe ser transparente para
aquellos cuyas decisiones son afectadas por la aplicación de tal calificación.
|
Imparcialidad
|
El diseño y aplicación de una calificación, cuyos principales
usuarios sean externos a la organización, deben ser protegidos de la
influencia indebida de la empresa calificada.
|
Mejora continua
|
A través de la actualización continua, la
calificación debe seguir e integrar los avances científicos y en técnicas de
medición y en los aspectos e indicadores.
|
Integración
|
El desarrollo de una calificación debe identificar e involucrar
sistemáticamente a los stakeholders cuyas decisiones sean influenciadas por
la calificación.
|
Asegurabilidad
|
Una calificación debe ser diseñada para permitir
el aseguramiento de su aplicación de los estándares GISR por parte de
instituciones calificadas independientes.
|
CONTENIDO
|
|
Materialidad
|
Una calificación debe evaluar el desempeño basado
en aspectos de sostenibilidad relevantes para las decisiones de los stakeholders
para los cuales está diseñado.
|
Integralidad
|
La calificación de uno a más aspectos de sostenibilidad debe evaluar
sistemáticamente los impactos sobre todas las formas de capital.
|
Contexto de sostenibilidad
|
La calificación debe evaluar el rendimiento en el
contexto de umbrales, límites y normas basadas en los avances científicos y/o
de aceptación general sobre el bienestar humano y ecológico en el largo
plazo.
|
Horizonte de largo plazo
|
Una calificación debe permitir la evaluación de las perspectivas de
largo plazo de la empresa al mismo tiempo que proporciona conocimientos sobre
las consecuencias en el corto y mediano plazo que se alinean con el desempeño
de largo plazo.
|
Cadena de Valor
|
La calificación debe aplicarse a todas las partes de
la cadena de valor de la empresa sobre la cual esta ejerce influencia
significativa.
|
Balance
|
La calificación debe utilizar una mezcla de técnicas de medición que
capturen el desempeño pasado y futuro.
|
Comparabilidad
|
La calificación debería permitir a los usuarios
comparar el desempeño de la misma empresa a través del tiempo y con otras
empresas en el mismo periodo
|
La aplicación
sistemática de estos principios en el diseño y determinación de las
calificaciones de sostenibilidad debería mejorar su confiabilidad aunque no se
pretende que las calificaciones llevada a cabo por diferentes instituciones produzcan
los mismos resultados. No se pretende
uniformidad, solo consistencia y confiabilidad.
Muy posiblemente conduzcan a menor volatilidad y mayor comparabilidad
entre calificaciones.
En los próximos años se desarrollaran los demás
componentes de Aspectos e Indicadores.
domingo, 12 de enero de 2014
Obligación de gastar en RSE: ¿Es efectiva?
La discusión sobre la voluntariedad u
obligatoriedad de la responsabilidad social de la empresa ante la sociedad no
debe ser objeto de discusión si se entiende lo que se quiere decir por “responsabilidad
social de la empresa ante la sociedad”.
La Unión Europea en el 2011 dio la definición
que debería ser la definitiva, o por lo menos la que debería usarse de ahora en
adelante, por su simpleza y su riqueza: “Responsabilidad de las empresas por sus
impactos en la sociedad”, en forma pasiva. En forma activa,
“implementable”, puede traducirse como “Gestión de los impactos de la empresa ante
la sociedad” (entendiendo que la palabra “sociedad” también incluye el
entorno en que ella se desenvuelve: el
medio ambiente).
Esta responsabilidad se puede implementar de infinitas
maneras, de acuerdo a la priorización que haga la empresa de sus impactos, de
su capacidad de gestionarlos y de quien es “la sociedad” para ella. (ver mi
articulo ¿Cómo
interpretar LA definición de la RSE?). Claro
está que es muy posible que la sociedad (gobiernos, empresas y sociedad civil,
incluyendo todas las personas) decidan que deben regular la forma en que se
llevan a cabo alguna de las actividades de la empresa, especialmente las que
pueden hacer daño al colectivo social como la contaminación, la discriminación,
el abuso de poder, etc.
Los impulsores de hacer el bien deberían ser
las mismas empresas y los agentes
económicos (consumidores, clientes, empleados, gobiernos, etc.) a través de su
interacción con las empresas. Pero en algunos
casos los gobiernos quieren regular la forma en que se hace al bien, sobre todo
en situaciones donde ellos mismos, siendo los responsables básicos, no ejercen
esa responsabilidad. .
Un buen ejemplo de
esto es la inversión social. Es responsabilidad básica de
los gobiernos locales, estaduales (provinciales) y nacional la provisión de
servicios básicos a la población, como salud, educación, desarrollo comunitario y local, entre otros. Pero
muchas veces no lo hacen o no pueden hacerlo.
Esta “falla de gobierno” es un caso muy común en países en vías de
desarrollo. Muchas veces las empresas
mismas, especialmente las que tienen gran impacto económico y social, al “sufrir”
las fallas de gobierno, toman acciones de remediación bajo esquemas de
inversión social, que suelen ser tipificados dentro de su responsabilidad ante
la sociedad.
En algunos casos
los gobiernos consideran que es necesario regular esta inversión social de las
empresas, ya
sea por razones políticas (para cubrir sus carencias institucionales, para
mostrar que son estrictos con las empresas), por razones económicas (no tienen
dinero para hacerlo, quieren que las empresas dejen más en la comunidad de lo
que su contribución económico a través de empleo, impuestos, regalías, compras,
etc. hace) o por razones sociales (por una percepción de equidad y justicia
social).
La respuesta
preferida en estos casos es la imposición de obligaciones de destinar recursos
a la inversión social. Pero, ¿son
efectivas estas imposiciones? ¿Cuál es la reacción de las empresas, de la
sociedad y de los gobiernos?
Recientemente se han presentado dos casos que
son ilustrativos. En Colombia el gobierno
impuso a las empresas petroleras la obligación de destinar (todavía no uso los términos
“invertir” o “gastar”) el 1% de la inversión en exploración y explotación a Proyectos
en Beneficio de la Comunidad, PBC. Estos
PBCs tienen el “objetivo
de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Área de Influencia
Directa”. Los rubros
elegibles son sumamente amplios, tipificados en tres grades categorías:
- · Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades (infraestructura, salud, educación, deportes, vivienda, medio ambiente).
- Fortalecimiento de las capacidades económicas y la seguridad alimentaria de las comunidades (empleo, proyectos productivos, tecnología de producción, creación de negocios, riego).
- Fortalecimiento institucional y anti-corrupción.
En la India la aplicación es mucho más
general. Se aprobó una ley de empresas que
incluye un artículo (artículo
135, ley del 29 de agosto de 2013) que establece que las empresas de cierto
tamaño (en general las grandes, aunque puede incluir a medianas grandes) deben
destinar el 2% del beneficio neto promedio de los anteriores tres años a
actividades de inversión social. Los
rubros elegibles son aquellos en que más carencias se observan en la India
(coincidentes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio):
- Promoción
de la educación
- Erradicación
de la extrema pobreza y del hambre
- Igualdad
de género y empoderamiento de la mujer
- Combate al
SIDA, malaria y otras enfermedades
- Sostenibilidad
ambiental
- Reducción
de la mortalidad infantil y mejoramiento de las salud materna
Tanto en Colombia como en la India se dice que
estas obligaciones forman parte o están
enmarcadas en la responsabilidad social de las empresas. Pretenden
complementar o suplementar las actividades de los gobiernos. En Colombia está enmarcada dentro de la
estrategia nacional de reducción de la pobreza.
En India es parte de la estrategia nacional de RSE.
El caso de Colombia tiene varios años en
ejecución y sus resultados preliminares han sido analizados (el suscrito
participó en una parte de esta evaluación) lo que permite sacar algunas
conclusiones. El caso de la India es muy reciente y solo se puede especular cuáles
serán los impactos, pero basados en la experiencia de Colombia podemos
adelantar algunas apreciaciones.
En el caso de Colombia, los rubros están mucho
más relacionados con el impacto que las empresas petroleras tienen en su
entorno y por ende es más factible el involucramiento directo de las
empresas. Es un caso mucho más acotado
que el de la India que es mucho más general,
Sin embargo la obligación de gastar hace que tengan muchos elementos en común. La
primera reacción natural de las empresas ante estas obligaciones es investigar todo lo que ya estaban haciendo, directa o indirectamente,
es estas áreas e imputárselo a la
obligación. Solo si no logran cubrir
la cuota con lo que ya están haciendo es que buscarán nuevas actividades, que
muy posiblemente sean las de menor costo institucional, particularmente en su gestión.
La inversión en infraestructura, que es necesaria
para la empresa, será imputada, en la medida de lo posible, a la obligación.
Las compras locales que ya se hacían serán imputadas como parte de la inversión
para el desarrollo local. Toda la
filantropía e inversión social que ya se hacía será imputada a la obligación. Hasta
gastos indirectamente relacionados, como la misma gestión del proceso, tratarán
de ser imputados a la obligación. Lo que
pretendía lograr un aumento en la participación de la empresa, puede convertirse
en un redireccionamiento de los recursos. La adicionalidad se verá reducida.
En el caso de la India, dado que la mayoría de
las empresas no tienen impacto sobre los rubros indicados, es muy probable que las
lleve a hacer donaciones para que otros lo hagan, lo que separa las acciones de
la estrategia empresarial, del involucramiento, y las lleva al plano de la
filantropía pura y dura.
La obligación convierte
lo que podría ser una transacción social, donde el objetivo es de “hacer el bien” trabajando
juntos, en una transacción financiera donde el objetivo se convierte en “cumplir
con la obligación”, con mucho menor involucramiento y atención a la obtención de
resultados. Se pasa de ayudar a un amigo o un familiar a darle una donación a
un extraño (ver
mi artículo Sin incentivos no hay paraíso. Segunda
parte). Es posible que algunas empresas se involucren
directamente y se preocupen del impacto positivo de sus recursos, pero la
experiencia indica que el cumplimiento de la obligación de gastar (insumo), prevalece
sobre la obtención de resultados (impacto).
Adicionalmente, la obligación lleva a las empresas
a trabajar cada una por su cuenta, perdiéndose la oportunidad (e imperiosa necesidad)
de trabajar conjuntamente. Para cada empresa las cantidades son pequeñas
pero los problemas suelen ser globales, que requieren acción colectiva y
grandes montos. No es lo mismo que 20 empresas hagan una donación a 20
escuelas separadas que las 20 empresas aúnen recursos y trabajen con la
municipalidad en el mejoramiento de la educación primaria. En un caso se logran
mejoras de corto plazo, aisladas, posiblemente no sostenibles, en el segundo caso
el impacto puede ser de largo plazo y de amplio alcance. En un caso, algunas
escuelas tienen la suerte de ser beneficiarias, en el otro no hay
discriminación.
Por otra parte, las comunidades y los
gobiernos locales ven, en la obligación impuesta a las empresas, fuentes de
recursos para satisfacer sus necesidades. Es una
gran piñata. Estos actores también
suelen ser cortoplacistas y con intereses personales, muchas veces no coincidentes. Los líderes políticos y comunitarios tratarán
de maximizar sus beneficios, cada uno por su cuenta. Operando, como suele ser, en comunidades de relativamente
bajo desarrollo y con deficientes capacidades institucionales, estos problemas
se agravan. Se convierten en una gran tentación para la corrupción.
En vez de desarrollar la comunidad el
incentivo está en “comprar” la comunidad, muchas veces confundido con “obtener
legitimidad”. Son comunes los casos de
financiamiento de fiestas patronales, necesidades del alcalde, de reparaciones
a los edificios públicos, de donaciones aisladas de medicamentos, muebles, de
sabotaje por parte de líderes comunitarios a los proyectos a menos que se les “page
por sus servicios”, de la constitución de monopolios para la prestación de servicios a las empresas eliminando a los proveedores
débiles (léase mafias). La lista de infectividades es larga.
Lo que en principio
debería ser parte de la estrategia y actividades de la responsabilidad de la
empresa ante la sociedad puede convertirse en una actividad aislada con el
objetivo de cumplir la obligación. La responsabilidad puede pasar del “departamento
de RSE” al “departamento de cumplimiento”.
Las intenciones de imponer obligaciones de hacer
inversión social son buenas, pero su ejecución y supervisión deben tomar en
cuenta la dinámica, las expectativas y los intereses de las empresas, las
comunidades y los gobiernos locales.
Cada uno buscará sus intereses, lo que puede reducir significativamente
la efectividad de las intervenciones.
Y la respuesta puede no ser más regulación sobre
lo que se puede o no se puede hacer y sobre el control de las actividades. Esto
suele conllevar a mayores gastos para todas las partes y distraer recursos a “mostrar”
más que a lograr cumplimiento. La respuesta pasa por que las empresas busquen el bien común
y asuman la responsabilidad por los resultados y el impacto de sus inversiones más
que por el cumplir con una obligación de gastar una suma de dinero. El indicador de control no debe ser este
monto, debe ser el impacto logrado.
Después de esta
discusión debe quedar claro porque el título dice “gastar”, porque si bien las
intenciones son de que se haga “inversión” de trasformación, las regulaciones y
procesos conducen a “gasto” cortoplacista de cumplimiento con una obligación.
Si estos gastos
son RSE o no, deja de tener importancia.
Lo cierto es que deja de estar integrado, con la consecuente pérdida de
efectividad.
Claro está que las
empresas ilustradas, con visión amplia y larga, verán en ello una oportunidad
de invertir en la transformación de la sociedad. Pero no son muchas.
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