¿Puede salir algo concreto de la COP27 más allá de su gran contribución a las emisiones derivadas de los miles de asistentes y centenares de ponencias sobre cómo/qué hacer, en vez de hacer? Algo concreto podría ser la implementación del informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre los compromisos sobre neutralidad en emisiones por entidades no estatales (UN High-Level Expert Group on the Net-Zero Emissions Commitments of Non-State Entities). El grupo presentó su informe en la reunión: La integridad cuenta: Los compromisos de cero emisiones netas de empresas, instituciones financieras, ciudades y regiones (Integrity Matters: Net Zero Commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions). Nos referiremos al conjunto como “entidades”.
Pero, ¿es factible
la implementación? ¿sería efectiva?
I.
El problema: Greenwashing a la grande en la neutralidad de emisiones.
El lector
interesado en estos temas posiblemente habrá notado la proliferación de empresas
e instituciones que se comprometen a lograr la neutralidad en emisiones para
alguna fecha, algunos para el 2030 y otros para el 2040 y algunos hasta el
2050. Lo de que se comprometen es un decir, lo más preciso sería decir “anuncian
la intención”. Es la moda del 2022, sobre todo en vísperas de la celebración
de la cumbre sobre el Cambio Climático, Conference of the Parties, COP, numero
27 (sí, ¡ya llevamos 27!).
En un artículo
del 10 de noviembre del 2022 el periódico The Economist, comentando el
estudio, dice:
“De acuerdo con la consultora Accenture, alrededor de un tercio de las 2000
empresas con ingresos más elevados del mundo han hecho públicos sus compromisos
de neutralidad en emisiones de carbono. De estas, sin embargo, el 93% no
tiene posibilidad de lograr ese objetivo sin hacer mucho más de lo que hacen
al momento. Pocas empresas han establecido planes creíbles de inversión
o especificado las metas sobre las cuales se constataría el progreso” (énfasis añadido).
Esta moda de
anuncios es tan extendida que ha dado lugar a sospechas (¡fundadas!) de que se
hacen para la galería, el clásico greenwashing. Pero esta vez, en vez de hacerse la vista
gorda (como la ONU lo ha hecho durante mucho tiempo con el greenwashing
con el Pacto Mundial), el Secretario General de la ONU decidió tomar acción (¿?)
y el 31 de marzo del 2022 nombró el grupo de expertos, que produjo un informe a
tiempo para la reunión del COP27. [i]
Pero……
II.
¿Qué recomienda el informe?
A primera vista parece
un documento concreto, corto que no se anda en rodeos burocráticos. Pero algunas de sus recomendaciones son de
muy difícil implementación y algunas se salen del objetivo central del informe:
reducción del greenwashing.
El informe está
estructurado en base a diez recomendaciones básicas, lo que parece manejable,
pero no resiste la tentación y añade decenas de sub recomendaciones. La descripción de los antecedentes del
informe son el mínimo necesario.
1.
Recomendaciones
Mencionamos la substancia
de las diez recomendaciones, añadiendo énfasis en algunos aspectos que consideramos
claves. Cada recomendación esta precedida de una breve justificación y seguida
de múltiples “sub-recomendaciones”, que es donde el informe se diluye.
1.
Anuncio de las metas.
Las entidades deben reducir sus emisiones lo más rápido posible, preferiblemente
más allá de una reducción del 50% para el 2030 y neutralidad para el 2050.
Las empresas deben incluir todas las operaciones a lo largo de su cadena de valor
y en todos los alcances (1, 2 y 3). Deben reportar periódicamente el
progreso en logros y no solo en planes o metas, y ser verificados por una institución
independiente.
2.
Establecimiento
de las metas. Deben establecer
sus metas, de corto plazo de cinco años o menos, antes de un año del
anuncio.
3.
Mercados
de créditos de carbono. Los
mercados que se usen para compensar las emisiones deben ser de comprobada integridad
y los créditos no cuentan hacia sus compromisos de reducciones en sus metas de
neutralidad, solo para las emisiones no compensadas. Pueden ser usados como
instrumentos para la descarbonización en países en vías de desarrollo. Deben
ser crédito derivado de reducciones adicionales que no se hubieran
logrado sin el incentivo de los mercados de carbono. Los proyectos usados para
los créditos deben favorecer los sectores y personas con mayores necesidades, la
resiliencia y a las tecnologías con mayores posibilidades de reducir las
emisiones en sectores más difíciles. [ii]
4.
Plan
de transición. Divulgar las metas absolutas, y de ser posible las relativas, de reducciones de
corto, mediano y largo plazo. Detallar el enfoque y precisión de las
verificaciones, que los planes de inversiones en capital, tecnología e investigación
son compatibles con el logro de las metas y la gobernanza, políticas y regulaciones,
incluyendo el precio del carbono que son necesarias para sus planes de transición.
Reportar anualmente sobre el logro de las metas y cambios en los planes.
5.
Transición
de combustibles fósiles a energías renovables. La transición debe ser justa para las
comunidades afectadas para asegurar el acceso a fuentes de energía. Evitar la transferencia de activos relacionados
con combustible fósiles a nuevos propietarios.[iii]
La transición debe incluir fondos para la inversión en energías renovables, que
deben reportarse en los informes. Para el carbón, cesar la expansión de
reservas, desarrollo y explotación de nuevas minas y la operación de generación
(2030 en países de la OCDE y 2040 en el resto). En petróleo y gas, cesar
la exploración, la expansión de reservas y la producción (¿factible?).
Los planes de transición a neutralidad deben incluir metas de adquisición de
energía renovable.
6.
Compatibilidad
del cabildeo. Reportar
afiliaciones con asociaciones gremiales y estimularlas a que promuevan acciones
contra el cambio climático y si no lo hacen, dejar la asociación. Contribuir a que
sus stakeholders se involucren en la transformación de los sectores
económicos en que operan. Las instituciones de servicios profesionales (legales,
consultoría, contabilidad, relaciones públicas, etc.) deben divulgar como sus
labores con sus clientes contribuyen a la neutralidad y como controlan el greenwashing.
[iv]
7.
Personas
y naturaleza en la transición. Invertir en la protección y restauración de ecosistemas más allá de
las reducciones de emisiones. Estímulo a las concentraciones urbanas
reduciendo la dependencia de transporte contaminante y mejorando la eficiencia
en el consumo energético, reduciendo la destrucción del medio ambiente.
8.
Transparencia
y rendición de cuentas con responsabilidad (accountability). Reportar anualmente información sobre
sus emisiones, metas de neutralidad y progreso logrado, en función de la línea de
base. Reportar en un formato abierto y estandarizado en plataformas públicas,
centralizadas con las reducciones verificadas por instituciones independientes.
Debe ofrecerse apoyo a las PyME para sus reducciones y reporte.
9.
Transiciones
justas.[v]
Crear un nuevo pacto
entre instituciones del sector privado, publico y supranacional para asegurar que
la transición ofrece oportunidades de desarrollo a los países menos desarrollados,
en el acceso a la energía, atendiendo los problemas de las comunidades vulnerables,
género y desigualdad.
10. Acelerar la transición. Los reguladores deben desarrollar regulaciones y estándares que cubran los compromisos de neutralidad, transición y diseminación, comenzando con los grandes emisores públicos y privados y las instituciones financieras. Para atender el reto de la fragmentación de la regulación se debe crear un Grupo de Trabajo sobre las Regulaciones de la Neutralidad que las coordine.
Plan de acción.
En realidad, no
es un Plan de Acción, es una reiteración de las principales recomendaciones y
una nueva de que las instituciones públicas las incluyan en sus políticas y regulaciones.
Detalla alguna de las funciones del Grupo de Trabajo sobre Neutralidad.
III.
Comisiones y omisiones.
A pesar de ser compacto,
el informe adolece de las deficiencias que se suelen observar en grupos de
trabajo multidisciplinarios y con amplitud geográfica. Tiene las ventajas de considerar
los diferentes puntos de vista, pero en este caso se diluye al querer abarcar una
gran variedad de aspectos, cayendo en generalidades de difícil implementación. Tampoco
ayuda el querer abarcar empresas, ciudades y regiones. Se distraen del verdadero objetivo cual es
la mejora en la efectividad de los programas de neutralidad de las instituciones
cubiertas y la reducción del greenwashing.
En este sentido el
lector puede haber notado el uso de un conjunto de palabras que podríamos llamar
antónimos de “greenwashing”: integridad, reportar logros, verificación
independiente, adicionalidad, accountability, estandarización, plataforma
común, entre otras, que sería su punto fuerte (usan las palabras “greenwashing”,
nueve veces, sin tapujos, e “integridad”, diecinueve veces, comenzado con la
primera palabra del informe).
Pero cuando se
aleja del tema central de integridad y del greenwashing contiene otras
recomendaciones que le quitan credibilidad. El informe refleja no solo
ingenuidad, en la factibilidad y velocidad de la transición, sino además
irresponsabilidad, como es caso de pedir la cesación de la producción de
petróleo y gas, cuando está claro que estos productos son necesarios para
la transición, y que aun después de haber logrado la neutralidad pueden todavía
deben ser necesarios. Debía enfatizar la
transición paulatina y firme, no la cesación. [vi]
Y lo más importante, ignora un aspecto crítico para la supervivencia de la
humanidad y de la misma transición cual el papel del petróleo y gas en las industrias
petroquímica, médica, de alimentos, etc.
No todo el petróleo y gas se convierte en CO2, metano y otros gases
de efecto invernadero.
El objeto del
informe no puede ser atacar toda la problemática del cambio climático, es (debería
ser) fomentar la integridad y reducir el greenwashing.
Porque si quisieran
ampliar este ámbito deberían pedir la reducción (en lo políticamente factible) de
los subsidios a la combustión del petróleo y gas, que hay en gran número
de países. Además, el establecimiento de precios para el carbono, aranceles
basados en el contenido de carbono de las importaciones, entre otras medidas.
[vii] Si bien esto son medidas que competen a
gobiernos, lo que cae fuera de sus entidades de preocupación, el informe si incluye
algunas recomendaciones a gobiernos.
IV.
Y el eterno problema: ¿Quién es responsable de la implementación?
Y la respuesta
es siempre la misma: todos nosotros. Y el resultado es siempre el
mismo: no pasa nada (“Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados
diferentes”, cita atribuida a Albert Einstein). ¿Será diferente esta
vez? Veamos.
Con este informe
sucede algo parecido al de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos,
pero 169 metas, de difícil medición y responsabilidad difusa. En este participaron centenares de expertos e
instituciones, cada una con un interés creado en que las 169 metas incluyeran sus
intereses. [viii]
Con los ODS no hubo plan de acción y tampoco lo hay con este en el sentido de
asignación de responsabilidades y recursos, tiempos, logros, reportes de
progreso, etc.
“Hágase” no
suele ser una orden muy efectiva.
Como ejemplo de la
factibilidad y efectividad veamos la recomendación 9 sobre la Transición Justa:
Para el logro de la neutralidad global, al mismo tiempo que se asegura una
transición justa y un desarrollo sostenible, se necesita un nuevo pacto para
el desarrollo, que incluya las instituciones financieras y las empresas
multinacionales, en conjunto con los gobiernos, instituciones multilaterales de
financiamiento y de desarrollo para que consistentemente tomen más riesgos
y establezcan metas para amentar considerablemente sus inversiones in
energía limpia en los países en vías de desarrollo
Laudable. ¿Quién
produce el nuevo pacto, quién puede obligar a las partes a que participen,
tomen más riesgos y aumenten sus inversiones? Hay dos grandes grupos de
actores: el sector privado, autónomo, y los gobiernos y las instituciones supranacionales
que esos gobiernos controlan. Son los gobiernos que pueden estimular a estas instituciones
a tomar más riesgos y aumentar el financiamiento, pero recordando que su principal
objetivo debe ser su factibilidad financiera.
En la reunión de la COP27 algunos gobiernos lo estimularon.
Pero el objeto
debe ser la promoción de la integridad y la reducción del greenwashing
en los programas de neutralidad. Recordemos del título: La integridad
cuenta: Los compromisos de cero emisiones netas de empresas,
instituciones financieras, ciudades y regiones.
V.
¿Qué debieron hacer?
Si se hubieran
concentrado en el objetivo primario mencionado arriba, acotado a empresas, podrían
ser más efectivos: (1) estableciendo mecanismos de definición de programas
de neutralidad; (2) estandarización de metas; (3) reporte de programas y progresos;
(4) mecanismos de verificación de la información presentada; y (5) mecanismo de
supervisión, control, diseminación en un
medio centralizado de los programas de neutralidad y “enforcement”. Y como ninguna institución tiene poder sobre todas
ellas, la difusión pública, así como ellas lo hacen con sus anuncios (greenwashing),
sería el mecanismo de “enforcement”, imperfecto pero un paso adelante.
Y en esto se
podría aprovechar la experiencia en la parte de reporte del Climate
Disclosure Project, CDP, que ahora incluye los estándares del International
Sustainability Standards Board, ISSB, para el reporte de la sostenibilidad
empresarial, incluyendo uno para el tema de emisiones.
Se debieron
concentrar en las primeras cuatro recomendaciones, pero cayeron en una
de las comunes tentaciones de los consultores y grupos de trabajo: por
el miedo a las acusaciones de errores de omisión, incluyen de todo, lo que
lleva a cometer errores de comisión.
Ya hay bastantes iniciativas,
con poca coordinación, y un ejército de empresas consultoras dispuestas a
asesorar sobre el cómo lograr la neutralidad.
Lo que es urgentemente necesario es la integridad de las acciones y
los logros prometidos.
¿Quién es responsable
de la implementación? Perro de muchos dueños se muere de hambre.
[i] El grupo fue presidido por Katherine
McKenna, que había sido ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá
(2015-2019 y tiene dos miembros de Iberoamérica: Camila Escobar, Columbia (sic),
CEO de Juan Valdés (empresa cafetera) y Helena Viñes Fiestas, España, consejera
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores). Incluye 8 hombres y 8 mujeres,
además de la presidente.
[ii] Si esto se aplica, muchos de los créditos
(fáciles y sin adicionalidad) actualmente en uso dejarían de ser válidos y muchos
bonos verdes que hoy se llaman verdes no lo serían. Ver El bono verde de Coca Cola FEMSA: ¿Pintado de
verde?
[iv] Estas instituciones son las que
muchas veces ayudan a las entidades a hacer el greenwashing.
[v] Una organización de la ONU, la Iniciativa
Financiera del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas (UNEP FI por sus
siglas en inglés) produjo un mes antes una guía para los bancos en el financiamiento
de la transición a neutralidad de emisiones, Net
Zero Banking Allinace: Transition Finance Guide. Iniciativas no faltan:
en la COP26 de Glasgow se creó la Glasgow Finance Alliance for NetZero.
En el contexto de las Naciones Unidas existen otras dos: Net-Zero Asset
Managers Alliance y la Net-Zero Asset Owner Alliance.
[vi] Ver la discusión en Irresponsabilidad por omisión y comisión:
combustibles fósiles.
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