Politización de la sostenibilidad: ¡Alucinante!

Para quien no conoce bien la vida política de los EE. UU. el (ab)uso que se está haciendo de la sostenibilidad tiene que parecer algo no solo inaudito, sino ¡alucinante!  Va mucho más allá de los comportamientos sorprendentes que se vieron en los cuatro años del gobierno anterior. 

Este artículo no pretende ilustrar buenas prácticas, sino todo lo contrario. Debe ser de interés para mis lectores por lo increíble de las situaciones que comentamos. En otros países y contextos, por ejemplo, en Europa, son impensables, aún en países o regiones donde gobiernan partidos de derecha.

Comentamos tres casos en los que los gobiernos de los estados prohíben hacer negocios a sus agencias con instituciones de los mercados financieros que promuevan la sostenibilidad y rechazan la consideración de la sostenibilidad en la evaluación crediticia. También comentaremos brevemente el caso de los fondos de pensiones a nivel nacional. 

Al revés de lo que uno podría esperar en entornos ilustrados, de favorecer a ese tipo de instituciones y la evaluación integral de los instrumentos financieros.

I.                El estado de Utah, la calificación crediticia y la evaluación de su sostenibilidad

El estado es tradicionalmente conservador. El gobernador, desde el año 1985, es republicano y sus dos senadores, desde el año 1977, también lo son. El partido republicano ganó las elecciones del 2020 en el estado con 58,2% de los votos, contra 37,7% para el partido demócrata.

Se ha tardado algún tiempo en los mercados financieros en reconocer que los riesgos relacionados con la sostenibilidad tienen impacto financiero.  Si bien hay estándares de reporte que se basan en destacar este impacto, las evaluaciones de la calidad de crédito lo habían ignorado hasta muy recientemente. Se basaban exclusivamente en la evaluación de su posición y perspectivas financieras.

Recientemente la calificadora S&PGlobal (entre otras) ha incorporado criterios de sostenibilidad en la evaluación de la calidad crediticia de la deuda pública municipal, no solo a nivel de empresas. Al hacerlo en el estado de Utah, la reacción ha sido inmediata, acusando a la calificadora de querer promover una agenda política de izquierda a través de los mercados de capitales.  Las autoridades del estado han enviado una carta a S&PGlobal, exigiendo que se eliminen y se dejen publicar tales indicadores para el estado, atacando las inconsistencias y falta de confiabilidad en las evaluaciones ASG y alegando entre otras cosas que:

ASG es un instrumento para controlar y forzar comportamientos.  Pretende lograr, a través de los mercados de capitales lo que el gobierno y sus aliados activistas han sido incapaces de lograr a través de los procesos democráticos. Es un instrumento político que, intencionalmente o no, puede resultar en que los participantes en los mercados usen el poder económico para promover una agenda política (énfasis añadido). [i]

Y algunos medios, al defender la posición del estado, afirman que “el movimiento ASG es anticapitalista, antiamericano y debe ser frenado en seco.”

Como si la sostenibilidad no fuera material para las finanzas de las instituciones.

II.        El estado de Texas, los combustibles fósiles y las instituciones financieras.

Texas también es un estado conservador.  Ha tenido gobernadores republicanos desde 1979, con excepción de dos períodos con gobernadores demócratas. Desde 1961 ha tenido un senador republicano y desde 1993 el segundo senador. El partido republicano ganó las elecciones del 2020 en el estado con 52,1% de los votos, contra 46,5% para el partido demócrata.

A efectos de entender su acción, es de recordar que es el estado de mayor producción de combustibles fósiles en EE. UU.  lo que tiene alta incidencia en la situación económica y fiscal del estado.

Texas ha ido más allá que Utah y en el 2021 aprobó una ley que prohíbe a las instituciones del estado hacer negocios con instituciones financieras que no financian combustibles fósiles.  Por ejemplo, estas no podrán participar en colocaciones de instrumentos de deuda del estado, sus dependencias y sus agencias. Y están yendo más allá. El controlador del estado ha enviado una carta a 20 instituciones financieras pidiendo la lista de fondos de inversión bajo su gestión que prohíben o limitan inversiones en combustibles fósiles. Pretenden cambiar las políticas y prácticas de estas instituciones.

III.           Los estados de Oklahoma y Texas y las armas

Oklahoma tiene gobernador republicano desde 1987, con excepción de dos períodos con gobernador demócrata, un senador desde 1969 y el segundo desde 1994 son republicanos. El partido republicano ganó las elecciones del 2020 en el estado con 65,4% de los votos, contra 32,3% para el partido demócrata.

En abril del 2022 ambas cámaras legislativas de Oklahoma aprobaron una legislación que prohíbe suscribir contratos por valor de mas de US$100 000 con empresas, en particular financieras, que tengan alguna política o practica que discrimine en contra de los productores de armas y las asociaciones que las promueven.

Texas es uno de los más liberales en el país en cuanto a la posesión de armas de cualquier tipo, y portarlas visiblemente en lugares públicos, incluyendo en las aulas de clase. En el 2021 Texas aprobó una legislación semejante, lo que ha llevado a que bancos de inversión como Bank of America y JP Morgan Chase no hayan participado desde entonces en la colocación de instrumentos financieros estadales o municipales en ese estado.

IV.           Y a nivel federal (nacional)

Estas disposiciones tienen su origen en los intentos del gobierno federal (republicano) anterior de negar la existencia del cambio climático y extender el rechazo a los demás criterios ASG de evaluación, prohibiendo su consideración en la selección de inversiones de los fondos de pensiones. El Labor Department (Ministerio del Trabajo, regulador de muchos fondos de pensiones) aprobó una resolución, que no llegó a implementarse, por la que se exigía a los fiduciarios de los fondos de pensiones a considerar solamente aspectos financieros en la selección de las inversiones, lo que tenía el efecto de prohibir considerar aspectos ASG, alegando que su responsabilidad era la maximización de beneficios financieros. [ii] El principal argumento en contra era que los aspectos ASG sí tienen impactos financieros potenciales y que si, en efecto, la responsabilidad de los fiduciarios es la de buscar lo mejor para sus beneficiarios, no se pueden ignorar los riesgos ASG.  El gobierno demócrata este procesando directrices en este sentido.  

Y una tendencia que se puede concretar a corto plazo en algunos estados es la prohibición a los representantes de sus inversiones votar a favor de resoluciones que promuevan la sostenibilidad ambiental y social en la Asambleas Generales de Accionistas.

V.              En resumen

Muchos de los habitantes fuera de los Estados Unidos tienen una concepción sesgada de la vida de ese país.  Son muy difundidas las imágenes de la vida en los estados más liberales como Nueva York, Massachussets y California, pero entre las costas hay un inmenso país que se mira el ombligo, que no ve más allá de sus propios intereses.  No todo es San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Washington, Boston. Y los tres estados que comentamos son muy ilustrativos de ello. [iii]

Sus gobiernos no solo están en contra de la sostenibilidad del planeta y de la sociedad, sino que obstaculizan que otros la promuevan.

Ver para creer. ¡Alucinante!

 

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[i] Esto una gran ironía.  Son las grandes empresas donantes al partido republicano las que usan su poder económico para promover una agenda política.

[ii] Algunos opositores alegan que de lo que se trata es de que no incluyan consideraciones ASG si ello es “imprudente”, o sea que conlleva el riesgo que la rentabilidad financiera sea menor.  Esto es algo muy difícil de probar a favor o en contra de forma convincente, no circunstancial.  Cada inversión y cada criterio ASG son diferentes y los fiduciarios no pueden analizar el impacto potencia de cada uno de los centenares de criterios ASG a cada una de las empresas y se dejan llevar por simplificaciones y generalizaciones de terceros (calificadoras). Pero lo importante para los fiduciarios es no correr el riesgo legal de acusación de gestión imprudente.

[iii] Sin embargo, una encuesta llevada a cabo en abril del 2022 sobre la opinión de los ciudadanos sobre el castigo que los políticos pretenden infringir sobre las empresas que no comparten sus ideas políticas concluye que el 62% (68% de los demócratas y 55% de los republicanos) responden que serían menos propensos a apoyar a candidatos que penalizarían a las empresa por sus opiniones.  Y es de notar que en los últimos años las empresas son más propensas a expresar públicamente sus opiniones sobre aspectos que afectan a la sociedad y el planeta.