El Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) produjo el Manual
para la contratación pública ecológica de la Administración General del Estado
(anuncio
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Este plan responde a la necesidad de incorporar criterios
ecológicos en la contratación pública, lo que permitirá a las
administraciones fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad
económica y medioambiental en el desarrollo de su actividad. En concreto,
recoge una serie de criterios medioambientales generales de contratación, de
carácter voluntario, que podrán ser incorporados a los pliegos de contratación
como criterios de selección, de adjudicación, especificaciones técnicas y
condiciones especiales de ejecución.
Lo notable del
manual es que se concentra en los aspectos “ecológicos”, que son los que
competen la respectivo ministerio. En principio nada de malo, pide tomar en cuenta
los aspectos ambientales en las decisiones de compras públicas. Pero ¿porque
no se aprovecha para hacerlo extensivo a las compras públicas responsables, o
sea, con criterios medioambientales, sociales y de gobernanza? lo que sería
mucho más efectivo y cubriría mejor la responsabilidad del estado ante la sociedad.
[i]¿O
es que el estado se puede desentender de la (ir)responsabilidad social y de gobernanza
de sus proveedores?
Una razón plausible
es porque lo social compete a otro(s) ministerio(s). Que se puede esperar en este sentido de una Administración
General del Estado que tiene ocho ministerios que tienen relación con la sostenibilidad
empresarial y por ende por las compras responsables: (1) Trabajo y Economía
Social, (2) Economía, Comercio y Empresas, (3) Igualdad,
(4) Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, (5) Transición Ecológica
y Reto Demográfico, (6) Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, (7) Industria
y Turismo y (8) Educación, Formación Profesional y Deportes.
Ah, ¡pero tiene un Consejo
Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE) que
depende del Ministerio del Trabajo y Economía Social! Pero ¿qué hace el CERSE? Se supone que entre
sus responsabilidades (¡¿?!) está:
“…….fomentar las iniciativas sobre responsabilidad social de las empresas……Además, informa sobre las iniciativas y regulaciones públicas
que afectan a las actuaciones de empresas, organizaciones e instituciones
públicas y privadas, que
constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales,
contribuyendo a la vez al progreso social y económico en el marco de un
desarrollo sostenible.”
¿No debería entonces coordinar la integralidad de las acciones del estado y
explorar y explorar las sinergias? ¡Pero qué se puede esperar de un Consejo con
56 miembros, que se reúne ¿? [ii] veces al año!
En principio nada
de malo con la difusión de un manual para la consideración de aspectos “ecológicos”
en las compras del estado, pero en el fondo mucho de malo, y no solo por la omisión
de lo social y de gobernanza. Es que
contribuye a la proliferación de regulaciones y guías, no solo a nivel de cada
comunidad autónoma [iii]
(y a nivel europeo, en cada país), sino dentro de la misma Administración
General del Estado, lo que es contraproducente a la asunción de la responsabilidad
de las empresas y del estado ante la sociedad.
El recientemente emitido
informe The Future of European Competitiveness (Part A competitiveness strategy for Europe y Part B: In-depth analysis and
recommendations),
conocido como el informe Draghi, gira alrededor de la simplificación de las
regulaciones y pide, entre otras cosas, evitar la proliferación de regulaciones
a nivel europeo y la ampliación, el “enchapado en oro” (gold plating), de
ellas a nivel de cada país. Y recomienda que las compras públicas incluyan no
solo la consideración de aspectos ambientales y sociales, sino además aspectos como
“la durabilidad, facilidades de reparación y mantenimiento, acceso a
servicios y la huella de carbono y de otras externalidades valoradas sobre el
ciclo de vida”. [iv]
Y una de las principales
responsables de la implementación de estas recomendaciones es la actual ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y futura vicepresidente ejecutiva de Transición Limpia, Justa
y Competitiva y además Comisaria de Competencia de la nueva Comisión
Europea.
Esta subestimación
de lo social es recurrente y contraproducente a todos niveles. La atención que se
brinda a los temas ambientales y en particular al cambio climático, de moda y más
fáciles de cuantificar, la desvía de la atención a los temas sociales, más
complejos, más difuso y de menor “precisión”. El medio ambiente se ha convertido en un enemigo
de lo social. [v]
La Comisión Europea se ha concentrado en lo “verde”, con mucho énfasis en la
aplicación de la taxonomía verde y ha pospuesto sine die la producción
de la correspondiente taxonomía social, lo que menoscaba la consideración de lo
social, por ejemplo, el financiamiento sostenible y otras acciones de avance de
la sostenibilidad empresarial. [vi] Lo
social se ha convertido en la cenicienta del grupo A, S y G.[vii]
Y, además, el manual
ignora los aspectos de gobernanza.
Con ello no queremos decir que las compras deben considerar aspectos como
la composición y remuneración de los consejos, pero sí los aspectos de ética
y corrupción, por ejemplo, y sobre todo para las compras públicas, la
responsabilidad fiscal.[viii]
En resumen
Uno de los
esquemas más promovidos y efectivos para el avance de la sostenibilidad
empresarial son los requerimientos y el apoyo que los grandes compradores,
utilizando su poder de compra, ejercen sobre la sostenibilidad en sus suplidores.
En este caso, el Estado ¡ha fallado clamorosamente! (¿exagero?) Irresponsabilidad del Estado al
no ejercer su responsabilidad de regular efectiva y eficientemente la sostenibilidad
empresarial, exigir responsabilidad en sus suplidores y dar el ejemplo como el
mayor comprador del país. [ix]
Una oportunidad perdida
de contribuir a la sostenibilidad empresarial por los
silos en la Administración General del Estado y la estrechez de miras de
los responsables del manual. [x]
¿Y qué hace el CERSE?
[i] Ver la sección II.4 de La responsabilidad del sector público ante la
sociedad
[ii] No lo he podido averiguar.
[iii] Ver el ejemplo de la extensiva y excesiva
regulación de las compras públicas por la Comunidad Valenciana en El exceso de ambición en la responsabilidad
empresarial puede ser contraproducente: Otro ejemplo.
[iv] Ver ¿Competitividad a expensas de la
sostenibilidad?: Sostenibilidad en el informe Draghi sobre la competitividad en
Europa.
[v] Ver el enemigo número I.4 en Los trece enemigos de la RSE(C): Los primeros
seis y Es hora de luchar por equiparar los temas
sociales con los ambientales.
[viii] Ver Gobernanza corporativa versus gobernanza de
la sostenibilidad: ¿Qué debe ser la “G”? y ¿Qué debe ser la G de la ASG? Variantes de
la Gobernanza
[ix] Ver la sección II.3 de La responsabilidad del sector público ante la
sociedad
[x] Elaborado por la Universidad de
Alcalá, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y la Dirección
General de Servicios del MITECO. No es
culpa de la universidad ya que un consultor hace lo que le piden, pero siendo univers(al)idad
debió ver el error de omisión y asesorar en consecuencia.
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