Bonos verdes, sociales y sostenibles. 3a. Parte: ¿Legitimidad o Greenwashing?

En la Primera Parte de esta serie de artículos analizábamos qué son los bonos verdes, sociales y sostenibles, sus diferentes modalidades, cuáles son los Principios que los rigen, quién verifica su conformidad y pasábamos revista a su mercado.  En la Segunda Parte analizábamos ejemplos de todos los tipos, las razones por las que se emiten, en contraste con las fuentes tradicionales de financiamiento y cuál es el valor agregado para la sociedad.  En esta parte analizamos las características del entorno y los mercados de los bonos verdes, sociales y sostenibles que hacen que el terreno sea muy fértil para el greenwashing, describimos algunos ejemplos que tienen todos los visos de hacerlo y otros que parecen más legítimos, para concluir con una discusión sobre el futuro de estos bonos. 

Está claro que no tenemos evidencia de que los emisores los usen deliberadamente para este propósito, pero las indicaciones son de que, en algunos casos, es muy probable.  El lector debe sacar sus propias conclusiones y, como miembro de la sociedad civil, hacer lo que esté a su alcance para promover la legitimidad.

I.                Terreno fértil para el greenwashing

En esta sección analizamos los aspectos de la emisión y ejecución de ls proyectos que ofrecen oportunidades para el greenwashing: los Principios de bonos verdes y sociales y la guía para los de sostenibilidad, el contenido de los marcos y prospectos de la emisión, las metodologías de verificación, calificación y seguimiento y los incentivos que tienen los que trabajan en el ciclo de las emisiones.

a.     Principios de bonos verdes, sociales y guías para los de sostenibilidad

En la Primera Parte analizábamos la situación de los principios que rigen las emisiones de los BVSS y comentábamos la falta de unos criterios de aceptación universal, aunque los Principios del ICMA son relativamente aceptados.  El amplio crecimiento del mercado, tanto en emisores como en actores en el ecosistema de apoyo y la falta de reglas claras crean el potencial para que diferentes actores introduzcan sus propias reglas, tanto para la emisión como para la verificación.

Pero aun suponiendo que los Principios de la ICMA fueran de aceptación general es de recordar que los principios solo cubren cuatro aspectos: 1. Uso de los Fondos; 2. Proceso de Evaluación y Selección de Proyectos; 3. Gestión de los Fondos; y, 4. Informes.  Para cumplir con el requisito 1, hay que decir el tipo de proyectos y actividades que se financiarán (listado); para cumplir con el 2, hay que decir como harán para los proyectos contribuyan a la sostenibilidad y cómo serán seleccionados (metodología); para cumplir con el requisito 3, hay que decir como se han asignado y gestionado los fondos (metodología de gobernanza); y para cumplir con el 4, hay que decir que se van a producir reportes sobre la ejecución de las inversiones y actividades, y, sería deseable (voluntario) que incluyesen los resultados logrados y el impacto que han tenido (ofrecen indicadores para algunos casos).

En principio los Principios (valga la redundancia) cubren todos los aspectos necesarios, pero es en la implementación donde está el potencial para el greenwashing ya que como comentamos a continuación la verificación del cumplimiento de estos Principios es muy limitada, tanto en su amplitud como en su profundidad.  Y recordemos que la verificación se hace de lo que dice el emisor dice que va a hacer.  En teoría los informes de ejecución deberán mostrar los resultados y el impacto, pero la verificación, muy limitada, que se hace no es de los resultados obtenidos.  En el mejor de los casos lo que se verifica es si el informe los contiene (véase el contraste entre los informes del BEI, donde dicen que cambió como consecuencia de los proyectos, y del ICO que dice cuántas PyMEs financió).

¿Cómo se pueden mejorar los Principios? Que pidan detalles sobre como el proyecto mejorará la sociedad y/o el medio ambiente (no solamente el tipo de proyecto) y que los informes pidan demostración independiente de los resultados obtenidos y, en la medida de los posible, de cual fue el impacto logrado.  Por ejemplo, ahora bono social dice que construirá escuelas, pero no dice no siquiera cuántas, ni como evaluará si funcionan y si los alumnos han aprendido algo y mucho menso si lo aprendido es útil (véase el caso de Comunidad de Madrid).

b.     Contenido de los marcos y prospectos de la emisión

El lector recordará que en la Primera Parte analizábamos los criterios que deben cumplir los bonos para ser calificados como verdes, sociales o de sostenibilidad.  En cada emisión debería establecerse a qué se dedicarían los fondos, cuál es el proceso que se seguirá para evaluarlos y seleccionaros, como se gestionan los fondos y como se informará sobre la utilización de los fondos.  Cada marco (framework) (lo más común en las emisiones) o prospecto de emisión (Starbucks emitió prospecto detallado ante la Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU.) establece con mayor o menor detalle estos cuatro criterios.  Una entidad responsable incluirá en el marco o prospecto detalles sobre el destino de los recursos y el impacto que espera que las inversiones tengan en el mejoramiento ambiental y de la sociedad.  Pero la gran mayoría no lo hace, se limita a incluir generalidades sobre todos estos aspectos, con el objeto de cumplir con el mínimo de información necesaria para poder acceder al nombre de bono verde, social o ambiental. En parte porque el futuro es incierto y quieren mantener la flexibilidad operativa necesaria (normal) pero también para evitar problemas de reputación al no poder cumplir con los compromisos, y hasta problemas legales.  En estos momentos es difícil que se demande a una empresa por incumplimiento de promesas en un marco de emisión (más probable si es en un prospecto de emisión de valores al público), salvo que fuera una violación grotesca, pero los Departamentos Legales, en particular de las empresas, están muy atentos a esto, de la misma manera que lo están con lo que se dice en los informes de sostenibilidad (de allí, en gran parte, deriva su inanidad).

c.      Metodologías de verificación, calificación y seguimiento

También en la Primera Parte comentábamos sobre el proceso de verificación y calificación y sus instituciones.  Es de recordar que las verificadoras emiten “una segunda opinión” en la cual verifican que el marco o prospecto incluye los elementos necesarios como para calificar la emisión como verde, social o ambiental. La opinión es sobre la información proporcionada por la empresa (recomendamos al lector leer un marco, un prospecto y una verificación para comprender lo que en realidad son).  Estas mismas verificadoras pueden emitir opinión sobre el contenido de los informes de seguimiento, pero de nuevo, esto se basa en la información presentada por las empresas y se refiere al cumplimiento del requisito de informar y el contenido establecido en el esquema o prospecto. No emiten opinión sobre la efectividad de las inversiones, sobre el logro de sus objetivos de mejoramiento social o ambiental, que muchas veces no estarán especificados en la emisión y por ende no son objeto de verificación.  Y cuando hay auditoría financiera es sobre si los recursos fueron colocados en lo que se dijo que iban a ser colocados. 

Por ejemplo, en la verificación de la utilización de los recursos (portfolio review) en el segundo año de los bonos sociales del ICO (descrito en la Segunda Parte) Sutainalytics dice:  “Basado en la aseguración limitada llevada a cabo, nada a llegado a la atención de Sustainalytics que nos lleve a creer que, en todos los respectos materiales, el segundo Bono Social del ICO, emitido para financiar proyectos elegibles a través de la facilidad de segundo piso, no esté en conformidad con los criterios de elegibilidad establecidos en los Marco de Bono Social del ICO (énfasis añadido).  Nótese la cautela en el lenguaje.

Cuando se emite el bono no se verifica si los criterios de elegibilidad son conducentes a proyectos que mejoren la sociedad, y cuando se informa durante la ejecución de los proyectos solo se dice que los recursos están de acuerdo a los criterios de elegibilidad.  Y aun así es de destacar que la gran mayoría de estas verificaciones son de “limited assurance”, muy pocas, por ejemplo el Banco Europeo de Inversiones, BEI que obtiene “reasonable assurance” basándose en una evaluación del destino de los recursos no solo del respeto a los criterios de elegibilidad.  No es una auditoría, pero es una verificación más extensa, a solicitud del emisor.

En el caso de que la emisión del bono fuera calificada por una de las calificadoras, S&P, Moody´s o CICERO estas sí emiten opinión sobre si los proyectos tienen potencial de contribuir a la sostenibilidad ambiental y/o social.  Pero la calificación está otorgada en función de lo que dice el marco o prospecto que la empresa piensa hacer en términos de evaluación y selección de proyectos, de gobernanza y de información.  Cuando evalúan el destino propuesto de los recursos lo hacen basados en las generalidades del marco o prospecto.  Por ejemplo, el bono del banco HSBC (ver Segunda Parte) tiene como destinos las metas de siete ODS).  Pero aún estas calificaciones son ex ante, de intenciones.  Y las que se hacen durante la ejecución solo constatan conformidad con los destinos anunciados.  Ni hay evaluación de resultados ni mucho menos de impacto, que se ha logrado, que ha cambiado (solo el BEI se acerca a este tipo de evaluación)

d.     Motivaciones de los actores involucrados

En la Segunda Parte listábamos diez razones por las cuales empresas, gobiernos e instituciones financieras les podría parecer más conveniente financiarse con BVSS que con las fuentes tradicionales y comentábamos que algunas podían redundar en beneficios para el emisor y también para la sociedad, o sea lo que todos queremos. Pero también hay una serie de razones por las cuales tomar esa vía que sólo benefician a los actores involucrados en las emisiones y que, por ende, pueden contribuir al greenwashing.   Ofrecemos otras siete razones, con un poco de ironía, pero que algo de verdad tienen:

1. Para parecer innovadores, con la “reputación” y “prestigio” que conlleva estar en algo “nuevo”;
2. Para poder optar a premios a la emisión;
3. Para que los directivos financieros se puedan ocupar de algo que les resulte más excitante que las emisiones tradicionales;
4. Para que los promotores puedan viajar a los “road shows” de promoción entre los inversionistas potenciales y participar en conferencias nacionales e internacionales presentando el proyecto;
5. Para salir en el periódico y dar entrevistas.
6. Para mejorar los ingresos de las firmas de consultoría y asesoría. Hay toda una nueva industria alrededor de estos bonos: consultores en estructuración, calificadores, verificadores, monitores, bancos de inversión, agencias de publicidad, productores de reportes, etc.) que también los promueven, con sus propios intereses (¿interesados en la sostenibilidad del planeta?).
7. Para que algunas instituciones puedan decir que tienen inversiones responsables en su cartera.  La etiqueta les permite presumir de que lo son (ver más adelante los ejemplos del greenwashing).

Las emisiones de bonos verdes, sociales y sostenibles (y de cambio climático y de ODS y otros nuevos que saldrán) tienen características que ofrecen un gran potencial para el greenwashing.

e.      Potencial para el greenwashing

En todo el proceso hay un gran vacío que es donde está el potencial de greenwashing.  El emisor dice que tiene un marco que ha sido verificado de forma independiente, pide una verificación de cómo está gestionando los recursos del bono (de conformidad a lo ofrecido), a lo mejor hace una evaluación del potencial del uso de los recursos de hacer el bien.  Parece que todo está cubierto, pero todo esto es relativamente superficial.  Lo importante son cuáles son los criterios de selección de actividades (generales o específicos, detallados) no si se incluyen en la lista cosas que están en la lista de los Principios de Bonos Verdes y Sociales, para luego decir que se colocaron los recursos en lo que se dijo que se iban a colocar (generalidades). 

La clave está no si se utilizaron los recursos, sino que resultados obtuvieron, que impacto tuvieron.  ¿Se hizo una contribución a la sociedad y al medio ambiente? ¿Se ha agregado valor? De contrario será un financiamiento tradicional con el cual no se adquieren compromisos con la sociedad sino consigo mismos.  La prueba de fuego del greenwashing está en valor agregado, no en la imputación de lo que viene o se puede hacer de forma tradicional.  Hay que ganarse la denominación de verde, social o ambiental, con el compromiso.  

Una indicación indirecta de que puede ser greenwashing es la poco o ninguna alineación con la estrategia de sostenibilidad, prioridades y aspectos materiales de la empresa o institución. 

En estas emisiones el problema es que la atención se concentra al momento de la emisión pero que decae durante la ejecución, al final del proyecto ya nadie se acuerda de los compromisos sociales y ambientales.  El proceso es front-loaded. El champán se abre en la emisión, no al haberse logrado los objetivos del proyecto (¿cuál proyecto?).

Los BVSS se parecen mucho a las contribuciones a los ODS, que tan de moda se han puesto (¿Legitimidad o greenwashing en la contribución de las empresas a los ODS?: Criterios para discernir) donde las empresas e instituciones imputan las actividades que vienen haciendo regularmente como si fueran hechas especialmente para contribuir a los ODS. 

A continuación, analizamos la realización de este potencial en algunos de los ejemplos descritos en la Segunda Parte.

II.             Ejemplos con potencial y/o realidad de greenwashing  

A lo mejor el lector habrá notado que casi todas las emisiones comentadas en la Segunda Parte (y muchas no comentadas) se presentan como “la primera por parte de una municipalidad o una Comunidad Autónoma”, “la más grande por un gobierno”, “la primera en el país”, “la más grande en la región geográfica”, “la más grande para financiar tal y tal cosa”, “el primer bono social o de sostenibilidad”, “la primera para financiar los ODS”, etc., con la clara intención de adquirir notoriedad.  No es que no lo sean pero ello es síntoma de que quieren aprovechar la notoriedad.  En general no destacan la contribución que la emisión hará para mejorar la sociedad y el medio ambiente. A continuación analizamos cinco de los casos más destacables.

1. Francia: Es una emisión para financiar una gran gama de actividades, desenfocadas, con el único elemento en común de ser dirigidas a mitigar el cambio climático, lo que se podría hacer con los recursos tradicionales del gobierno, de hecho, tienen las mismas características financieras que el endeudamiento del Tesoro. No implican un compromiso adicional para el gobierno y será muy difícil apreciar la adicionalidad de estos recursos.  Y siendo que Francia tiene un especial interés es que logren los objetivos del Acuerdo de Paris sobre cambio climático, la emisión parece ser parte de la propaganda visible: “Francia está haciendo algo por el Acuerdo”.

2.  ICO:  El ICO (Instituto de Crédito Oficial del gobierno de España) ha hecho una emisión de bonos sociales cuyos fondos de “se destinarán a financiar proyectos de pymes de CCAA cuya renta per cápita se sitúe por debajo de la media española” (CCAA: Comunidad Autónoma).  El ICO dice que “cuenta con la certificación de "emisor responsable" necesaria para lanzar "bonos sociales".  Esta calificación ha sido otorgada por Sustainalytics, auditora externa especializada en análisis de responsabilidad social de empresa”.  Sin embargo lo que ha hecho es pedir la “segunda opinión” de una verificadora independiente sobre la conformidad de esta emisión con los principios del ICMA y la verificadora dice que “Sustainalytics es de la opinión que el ICO tiene orientación social y está bien posicionada para emitir un bono social”, en ninguna parte dice que la “certifica como emisor responsable”, lo que está fuera del ámbito de su mandato. La segunda opinión solo verifica (no certifica) que la emisión cumple con los Principios (muy generales) para que estos bonos puedan llevar el nombre.  Ni certifica ni analiza al emisor.

Este es un buen ejemplo del greenwashing ya que el ICO ha venido financiando este tipo de proyectos desde hace muchos años con sus recursos normales, de hecho, es parte de su mandato.  A lo sumo ha segmentado su cartera de financiamiento de PyMEs por nivel de ingresos de la CCAA y ha imputado las que califican al uso de los recursos del bono social. Es de destacar que para poder calificar, las PyMEs solo deben estar en CCAA que tengan renta per cápita por debajo de la media española, no dice nada del nivel de ingresos de las PyMEs, de su responsabilidad social, de su contribución a la sociedad, etc. Se puede financiar una PyME que produzca productos nocivos, que contamine el medio ambiente, que explote a sus trabajadores. Las únicas limitaciones son la exclusión de sectores como la producción de tabaco y alcohol, de apuestas, de explotación de carbón, de generación de energía, entre otras (difícilmente explotables por una PyME) y que no esté involucrada en prácticas comerciales ilegales (¿cómo se determina las que evaden impuestos?

En este caso hay informes de seguimiento. El informe de Sustainalytics concluye que en la colocación de los recursos se han cumplido los criterios establecidos por el ICO en la emisión, pero la revisión de los resultados se limita a verificar el cumplimiento de los mínimos criterios establecidos por el mismo ICO, no si estos criterios son razonables.  Sí, se han otorgado los sub-préstamos a PyMEs en las regiones acordadas y no incluyen los sectores excluidos, pero, ¿es esto suficiente para decir que se contribuye al mejoramiento de la sociedad como supuestamente es el objetivo de la emisión?

3. Comunidad de Madrid:  Los recursos se usan para financiar gastos e inversiones en: (1) Vivienda asequible; (2) Salud; (3) Educación; (4) Inclusión económica y financiación de PyMEs; (5) Inclusión social; y, (6) Cambio climático y gestión medioambiental.  Para no alargar la discusión solo listamos las actividades de uno de los componentes en el Apéndice e invitamos al lector a ver el marco de la emisión y la presentación a los inversores. El objetivo parece ser no dejar nada fuera más que enfocar para tener impacto. Los recursos son usados para casi todas las actividades que le corresponde ejecutar al gobierno de la Comunidad, no hay prácticamente nada que no esté siendo cubierto por el presupuesto, de hecho, en la emisión listan las partidas presupuestarias a las que se destinarán los recursos.  Esto lleva a pensar que se puede tratar de una segmentación de las actividades a las diferentes fuentes de financiamiento, más que actividades incrementales, diseñadas para ser ejecutadas con los recursos de este bono. Por estas razones es difícil apreciar la adicionalidad ni de los recursos ni del compromiso.  Tiene todos los visos de greenwashing por parte de una institución, que por su naturaleza es política.

4.  HSBC: Este es un caso semejante al del ICO donde utiliza los recursos del bono de ODS para financiar sus actividades tradicionales, pero tiene además en común con el de la Comunidad de Madrid, que puede financiar prácticamente cualquier cosa.  De hecho, el financiamiento se puede usar para generalidades como la contribución al logro de siete de los 17 ODS. Además, el hecho de que lo denomine como de ODS en vez de sostenibilidad conduce a pensar que su objetivo es lograr publicidad y supuestamente enmascarar sus irresponsabilidades.  Por ejemplo, en sus criterios dice que no financiará generación de energía con carbón, en países desarrollados, pero si lo hace en países en desarrollo (los que mas necesitan presión para ser sostenibles). Al mismo tiempo ha financiado una de estas plantas de 1,200MW en Vietnam. Es de esperar que se lo impute a su financiamiento tradicional y no al bono de ODS, aunque pudiera decir que ello contribuye a alguno de los otros ODS.

Y es oportuno recordar que HBSC ha sido objeto de múltiples penalizaciones por irresponsabilidad. A principios del 2018 acordó pagar US$100 millones para resolver un caso de manipulación de comercio en monedas, estafando a sus clientes de millones de dólares. A finales del 2016 fue multado cn US$34 millones pro su participación en un cartel para manipular la determinación de la tasa de referencia del Eurolibor.  En el 2012 pagó una multa de US$1.900 millones por colaborar en el lavado de dinero. Y ha sido acusado en múltiples ocasiones financiar empresas que producen armamentos (el lector interesado puede ver mas detalles aquí).

5. BBVA:  Aunque no cubrimos este caso en la Segunda Parte (por no ser un bono) vale la pena destacarlo como sintomático de la extensión del greenwashing.  El banco español otorgó un préstamo en el 2017 que calificó como el “primer préstamo verde para Project Finance a escala mundial”, para financiar una línea de transmisión eléctrica para energía renovable (la línea no es verde lo es la energía que transporta).  Esto es meramente un cambio de nombre a los préstamos que tradicionalmente ha venido haciendo.  Son muchos los bancos comerciales y de inversión que han financiado y financian proyectos (Project Finance: sin recurso financiero a los patrocinadores) para proyectos, por ejemplo, de energía renovable, sin llamarlos “verdes”.  Y esto extiende el verdor de los bonos a los préstamos directos. Este más que un caso de greenwashing es un caso de greencoloring.

III.           ¿Y en el otro extremo de legitimidad?

Pero hay algunos buenos ejemplos de bonos verdes, sociales y sostenibles que parecen ser diseñados para hacer una contribución tangible más allá de mejorar la percepción de la responsabilidad del emisor.

1. Banco Europeo de Inversiones, BEI: Sus emisiones pioneras han contribuido a crear el mercado de los bonos verdes, tanto desde el punto de vista financiero como institucional (contribución al desarrollo de los Principios y de las entidades verificadoras y a interés de inversionistas responsables) y el destino de sus fondos siempre son proyectos con demostrados beneficios ambientales.

2. Fannie Mae: La disponibilidad de los recursos amplía el interés de los compradores de viviendas en la eficiencia en el consumo de energía y de agua y se aseguran que el destino de sus recursos se utiliza para esos fines.  Hay relación directa entre la emisión del bono y el mejoramiento ambiental.

3. Aeropuerto de México: La totalidad de los recursos de la emisión se dedican a hacer el aeropuerto uno de los más sostenibles del mundo.  Si recordamos que la Ciudad de México tiene un serio problema de contaminación estos esfuerzos harán una contribución al mejoramiento del medio ambiente. En una obra de tal magnitud el compromiso es muy visible y es más probable que se logren los resultados que si se hubiera financiado con recursos tradicionales con menos accountability (rendición de cuentas asumiendo responsabilidad).   

4. Hawaii: Como en el caso de Fannie Mae, la disponibilidad y utilización de los recursos mejora la eficiencia energética de las viviendas y la especial estructura financiera hace que los recursos sean adicionales a los tradicionales del estado y los hacen accesibles a los propietarios de viviendas.

5. Starbucks:  Si, pero.  Los recursos obtenidos con el bono de sostenibilidad se usarían mayormente para la compra de café producido en condiciones de sostenibilidad de acuerdo con estándares preestablecidos (incluyendo comercio justo), estimulando así la responsabilidad en los productores.  Esto es una contribución tangible al mejoramiento de la calidad de vida de los productores y del medio ambiente y es uno de los pilares de la política de sostenibilidad de la empresa.  Pero esto lo podría hacer con sus recursos tradicionales. La adicionalidad es que el compromiso es ahora más exigible por la sociedad, y en una empresa con tanta visibilidad es significativo.  Adicionalmente una parte, pequeña, se dedica al mejoramiento de la productividad de los productores, incluyendo financiamiento, lo que es menos probable que hiciera con sus recursos tradicionales.

IV.            ¿Quo vadis bonos verdes?

Los BVSS tienen un gran potencial de contribuir al mejoramiento de la sociedad y del medio ambiente al actuar de conducto entre ahorro e inversión responsables, canalizando los recursos a gastos e inversiones dedicados a esa contribución.  Pero como en todos los aspectos, especialmente en temas de sostenibilidad hay siempre quienes se aprovechan de las imperfecciones de los mercados, de la ignorancia, de la falta de información y de la falta de interés de las partes involucradas para aprovecharse.

El mercado de los BVSS tiene condiciones propicias para que esto ocurra.  Es un mercado con elevado crecimiento, pero todavía en sus etapas iniciales de desarrollo, está en franca turbulencia, tanto en lo que se refiere a las reglas del juego como a las instituciones participantes.  Continuará la confusión y el aprovechamiento, pero eventualmente habrá convergencia hacia reglas, metodologías y procesos.  Se ha desarrollado toda una industria alrededor de los BVSS con interés en que crezca lo que conlleva los riesgos de que los bonos puedan perder su verdor y el cumplimiento de los criterios sea cada vez menos estricto.

Se han desarrollado prácticas sobre cómo hacerlo, pero no todavía buenas prácticas de cómo hacerlo lo mejor posible, que den el ejemplo. A medida que el mercado se vaya desarrollando simultáneamente se desarrollará una competencia para hacerlo cada vez mejor (esperemos que no sea a través de premios por intenciones, como ahora, sino premios o reconocimientos por impacto logrado).

¿Qué pasa ahora si al final del proyecto se han hecho los gastos y las inversiones pero no ha mejorado la sociedad y el medio ambiente? No pasa nada. El informe de verificación seguramente dirá alguna generalidad de que se cumplieron las intenciones expresadas en el marco o prospecto de emisión.  ¿A quién le tienen que rendir cuentas?  ¿Qué acciones se pueden tomar? Esta es el elemento crítico, si sabes que nadie te espera al final para pedirte cuentas, lo haces sin preocuparte de rendirlas asumiendo la responsabilidad (accountability).

Hace falta la unificación de principios y criterios rigurosos, no solo para las emisiones sino además para las verificaciones y calificaciones.  Hace falta la profundización de las verificaciones y calificaciones ex ante y ex post, que no se limiten a verificar intenciones sino resultados.  Hace falta que los emisores pidan mayor rigor y profundidad en las verificaciones (recordemos que son ellos los que pagan por ese trabajo, con potencial conflicto de intereses). Y sobre todo hace falta responsabilidad en los emisores para acometer gastos e inversiones con impacto tangible y medible en el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Y hace falta que los gobiernos, reguladores, académicos, sociedad civil entre otros exijan responsabilidad y resultados, emisiones con mayor legitimidad (espero que esta serie de artículos aporten su granito de arena). 

Y debemos reconocer a los legítimos y denunciar el greenwashing.

Post Data: Después de haber terminado de escribir este artículo surgió un ejemplo muy didáctico de una emisión de bonos de sostenibilidad que merece ser comentado en un artículo separado (Cuarta Parte de esta serie).

Apéndice: Tercer componente del bono de sostenibilidad de la Comunidad de Madrid

(3)         Inclusión social

Uso de los ingresos: los ingresos obtenidos mediante los bonos se asignarán a proyectos destinados a integrar y proporcionar servicios básicos y programas de educación a diversos grupos de población vulnerables (víctimas de la violencia de género, personas mayores, población en riesgo y minorías, personas con problemas físicos y/o minusvalías, etc.). Los gastos relacionados incluyen, entre otros:

La lucha contra la violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades: (i) Gastos relacionados con la provisión de bienes y servicios para apoyar a las víctimas de violencia de género (por medio de la financiación de organizaciones no gubernamentales); (ii) Campañas educativas y de concienciación destinadas al público general y a mujeres víctimas de violencia de género, y como medio para publicitar recursos que estén disponibles para las víctimas. Esto también incluye acciones para apoyar a la comunidad y a las personas LGBT; (iii) Prestación de asistencia multidisciplinaria, social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo programas de protección y atención global para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos. (iv) Dotación de vivienda social para víctimas de violencia de género.

Apoyo a la integración de familias y personas en riesgo (atención social y educación): (i) Garantizar la continuidad de proyectos de desarrollo implementados en colaboración con asociaciones de vivienda pública (ASIVECAM. Servicio de asistencia vecinal) para apoyar la integración de residentes y reducir el riesgo de exclusión social; (ii) Financiación de servicios alimentarios: comedores sociales que aportan alimentos a grupos desfavorecidos (por ejemplo, adultos con dificultades sociales, inmigrantes, personas en busca de asilo o personas desplazadas, etc.); (iii) Financiación y apoyo al trabajo efectuado por asociaciones juveniles y organizaciones sin ánimo de lucro centradas en los jóvenes de zonas desfavorecidas de la Comunidad de Madrid; 4 (iv) Financiación de aulas de "integración" para lograr una integración más rápida de estudiantes inmigrantes en el sistema educativo estándar (“aulas de enlace”) y gestión del servicio de traductores e intérpretes (S.E.T.I.) (v) Desarrollo de centros educativos para estudiantes (con edades comprendidas entre 16 y 21 años) que hayan sido privados de libertad en un régimen cerrado o semiabierto.

Dotación de asistencia financiera: (por ej., ingreso mínimo) a personas en riesgo de exclusión social5 (i) Financiación de la "Renta Mínima de Inserción” como una prestación de naturaleza económica para satisfacer necesidades básicas del beneficiario. Consta de una prestación financiera básica mensual y un complemento variable, dependiendo de los miembros que formen parte de la unidad (familia).

Garantizar el acceso universal al sistema de transporte público: (i) Gastos relacionados con subsidios al bono de transporte público (billetes de precio reducido) para jóvenes y desempleados de larga duración.

Apoyo a las personas mayores: (i) Gastos relacionados con la dotación de bienes y servicios a las personas mayores6 tales como aquellos destinados a centros asistenciales, centros de día y servicios de ayuda básica a domicilio para personas en situación de dependencia.

Apoyo a las personas con problemas mentales o físicos (incluyendo las personas discapacitadas): (i) Gastos relacionados con la dotación de bienes y servicios a las personas mental y físicamente discapacitadas tales como centros asistenciales residenciales, centros de día, asistencia para la rehabilitación y asistencia especializada que permitan maximizar el desarrollo de sus capacidades y posibilidades de integración social, etc.