Escaladas de precios: ¿Ilegal? ¿Eficiente? ¿Justo?

Cuando se presenta alguna situación anormal., por ejemplo, una crisis, que conduce a un exceso de demanda o a un déficit de oferta, los precios de los productos y servicios tienden a subir.  Algunas subidas pueden ser explicadas (lo de justificadas debe ser analizado más cuidosamente) pero algunas son meramente oportunistas.

 Para analizar su justificación, si ello está permitido por las regulaciones vigentes, debemos considerar el punto de vista económico, de la asignación eficiente de los recursos, y el punto de vista de la asignación de los recursos con justicia social.

I.                Algunos ejemplos 

1.      Transporte

 Después del atentado en el Lindt Café en el centro de Sidney, Australia en diciembre del 2014 se le hizo muy difícil a las personas encontrar transporte para salir del entorno del sitio y regresar a sus casas.  Una de las alternativas fue el servicio de Uber. Pero ante la gran demanda, los precios subieron significativamente, hasta cuatro veces el precio normal, lo que estaba de acuerdo con sus políticas.  Ello llevó a acusaciones de abuso por parte de la empresa.  Esta lo justificó explicando que ello estimularía a que un mayor número de vehículos fueran a prestar servicio a la zona, que requería mayor tiempo en llegar y perdiendo, posiblemente, oportunidades de hacer más viajes en los vecindarios en los que normalmente opera el vehículo.  Es una justificación vía el argumento económico, de que los mayores precios permitirían elevar la oferta. ¿Legal? Si, la regulación prevé la posibilidad de aumentar los precios ante emergencias. ¿Responsable?  Ante las críticas, Uber se dio cuenta de que no era un buen momento para usar sus prerrogativas y decidió ofrecer transporte gratuito a todos los que lo necesitaron, mejorando así su reputación y posiblemente mayores ingresos. 

2.     Electricidad

 En enero del 2021, el estado de Texas sufrió el embate de un vórtice polar sin precedentes, con las temperaturas más bajas en su historia, y que dejó a gran parte del estado sin electricidad y sin agua.  El estado tiene un sistema eléctrico independiente del resto del país, no pudiendo obtener energía de otros estados que podrían suministrársela. Además, tiene un mercado de la electricidad donde el precio varía con el consumo, con el momento del día y del año, por el tipo de generación y por distribuidor.  En condiciones normales, el sistema de mercado permite balancear la demanda con la oferta, vía los precios, que si bien varían, son variaciones a las cuales el consumidor ha aprendido a adaptarse, programando su consumo discrecional fuera de las horas pico.  Pero en la emergencia, los que tenían electricidad y necesitaban la calefacción al máximo no podían hacer otra cosa que consumirla.  Ante la extraordinaria demanda de energía y la imposibilidad de aumentar la oferta los precios subieron dramáticamente, hasta 150 veces lo normal.  Pero el consumidor no podía adaptarse ni sabía cuál era el precio en el momento del consumo.  Ello produjo facturas mensuales para algunos consumidores domésticos por encima de los US$15.000.  

En este caso el ajuste económico no era posible, colectivamente resultaba un monopolio, los precios no disminuían la demanda ni aumentaban la oferta.  Pero todo era legal, los precios se ajustaron de acuerdo con las reglas del mercado. El mercado funcionó para los generadores y distribuidores, pero no para los consumidores. 

Arrogancia de las autoridades que no quieren estar interconectados con otros estados para demostrar lo independiente y autosuficiente que es Texas del resto del país e irresponsabilidad e incompetencia de los reguladores que no habían previsto el problema aun cuando la llegada del vórtice se había anunciado (renunciaron todos los miembros de la gestora del mercado eléctrico) y sabían de la vulnerabilidad del sistema eléctrico, y por último falta de solidaridad de los participantes en el mercado eléctrico. 

Ante las protestas de la población más afectada los reguladores consideraron cambiar retroactivamente los precios de la energía, pero decidieron no hacerlo por las consecuencias que tendría sobre las finanzas de algunos generadores y distribuidores de energía.  Concluyeron que no se podía sentar un precedente ya que el mantenimiento de la operación del mercado era prioritario.  A mediados de marzo se estaban considerando medidas para alargar los pagos de los que no podían afrontarlos, pero no para reducirlos. 

¿Legal? SI, ¿Eficiente? En términos económicos SI. ¿Justo? En términos de justicia social y solidaridad, NO.  

3.     Productos de consumo masivo 

Y el caso más conocido es el de la pandemia, que aumentó significativamente y de manera abrupta la demanda por algunos productos, como desinfectantes, mascarillas, papel higiénico (¿por qué?), entre otros, lo que conllevó a aumentos significativos en los precios.  En algunos casos se podrían justificar con el argumento económico, que aumentos en los precios conllevarían a aumentos en la oferta, pero se requeriría de tiempo para aumentar la producción y convertir procesos productivos.  Adicionalmente estimularían la innovación en el desarrollo de productos que antes podían no tener demanda. 

Los productos de consumo masivo, con marcas responsables, tuvieron la tendencia a mantener los precios y aprovechar el aumento de la demanda, que no de los precios, para mejorar sus balances y mejorar su reputación y el aprecio de los consumidores.  Pero los productores de marcas menos conocidas y genéricas aprovecharon las circunstancias para aumentar los precios y/o reducir la calidad más allá de lo justificable económicamente.  Ello fue paradigmático en el caso de las mascarillas, producto hasta entonces prácticamente desconocido, y que para colmo buena parte de ellas era de efectividad dudosa. Y en papel higiénico donde aparecieron productos de menor calidad, pero a los precios de buena calidad. Pero el consumidor no podía, ni ante la urgencia tenía ganas, de verificar la legitimidad de las supuestas prestaciones y estaba dispuesto a pagar el precio. 

En general el tipo de productos y servicios más afectados por la pandemia no tiene regulación y los aumentos son legales. En algunos casos, el argumento económico fue necesario, el aumento de precios estimuló la oferta de productos y servicios tradicionales y nuevos.  Pero en otros casos los aumentos fueron meramente especulativos, carentes de ética. 

II.             ¿Es legal? ¿Es eficiente? ¿Es justo?

 Es muy difícil generalizar sobre la escalada de precios, aunque el consumidor suele atribuirla a la especulación, al aprovechamiento de las circunstancias.  Pero como vimos en los tres ejemplos, no es siempre así.  Pero podemos establecer algunos criterios generales para la evaluación.

 ¿Es legal? En algunos estados de los EE.UU. la escalada de precios está regulada, estableciéndose condiciones bajo las cuales pueden subirse los precios (en general en emergencias), el máximo porcentaje permitido y las penalizaciones en caso de violaciones. En la Unión Europea no existe una legislación que regula la escalada de precios.  La legislación de aplicación indirecta es la regulación de la competencia, que permite castigar los precios excesivos, pero por el ámbito de la ley, aplica a las empresas que tienen poder económico para el abuso, no a todos los casos.  Algunos países tienen leyes contra la usura en las tasas de interés.   

¿Es económicamente eficiente?  Depende del mercado en que opera. La subida de precios puede estimular la oferta de productos y servicios existentes y promover la solución de problemas, pero ello dependerá de que los recursos vayan a empresas eficientes. Pero en una escalada de precios los mercados pueden dejar de funcionar y no asignar los recursos a los productos y servicios que merecen ser respaldados con recursos adicionales.  Pueden contribuir a la continuada existencia de emprendimientos que deberían extinguirse, por ineficientes e irresponsables.

 ¿Es justo?  También depende del contexto, Si es algo temporal, coyuntural, puede ser aceptable, sobre todo si tiene una contribución positiva a la sociedad en el mediano y largo plazo, como comentamos en el caso de la eficiencia económica.  Pero como en toda disrupción, el impacto no es el mismo en todos los segmentos de la población y suele ser mayor en los segmentos de menor poder adquisitivo, con menores opciones de ajustar su demanda o de acumular los productos. 

 Depende de si son productos y servicios de primera necesidad o si son prescindibles, por lo menos en el corto plazo. Indudablemente no es ético cuando se abusa de quien no tiene capacidad de reacción, que es rehén del producto o servicio, que no tiene opciones.  En este caso se debe recurrir a la regulación ya sea la establecida, ya sea de emergencia para mitigar los impactos negativos.

 Pero el control de precios no es la panacea, debe manejarse con cautela ya que suele introducir un conflicto entre la eficiencia económica y la justicia social.

 El caso de Texas es paradigmático de la insensibilidad de los reguladores.  Es legal, económicamente eficiente, pero injusto desde el punto de vista social. Un caso claro del conflicto entre economía y justicia.[1]

 

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[1] Esto esta subyacente en la Encíclica Fratelli tutti, que analizábamos en el contexto de este conflicto en Economía, el mercado y la empresa en la encíclica Fratelli tutti.