El 2 de marzo, el presidente del gobierno de España, Pedro Sanchez, acuso al presidente de Ferrovial de irresponsabilidad social al anunciar la mudanza de sede social a los Países Bajos. ¿Es en efecto irresponsabilidad social? Decía: “No es ejemplo de responsabilidad social”. Veamos.
El motivo real por el que se cambia de sede es para reducir su carga fiscal, siendo el régimen de los Países Bajos, más favorable que el de España. Es perfectamente legal. La culpa la tienen los gobiernos de los países, en particular los de la Unión Europea, que no se ponen de acuerdo en establecer la armonización fiscal.
Y es posible que la empresa también pueda aprovechar estructuras financieras, disponibles en ese país y no disponibles en España pera eludir impuestos. Tampoco es ilegal.
¿Pero, es socialmente irresponsable?
¿Dónde está la irresponsabilidad social a la que alude el presidente Sanchez? La verdad es que no justifica su declaración. Pero si es una irresponsabilidad social, aunque no de las que tradicionalmente se alegan entre los aficionados al tema, esas de la ASG. Es más sutil.
Es irresponsabilidad porque la riqueza de Ferrovial se debe, en buena medida, a que ha utilizado recursos del país por los que no paga su valor. Se ha beneficiado de la infraestructura existente en el país, servicios públicos, entorno de negocios (¡y sus ineficiencias!), la estabilidad económica, la seguridad física y jurídica, la utilización del talento y destrezas de su personal que los han desarrollado gracias a la educación que el país les ha proporcionado, directa o indirectamente con los recursos fiscales, y la utilización de otros insumos (particularmente la mano de obra) por los que no ha pagado su verdadero valor para la sociedad, y por las muchas externalidades negativas por las que tampoco ha pagado (su contribución al cambio climático y la destrucción neta del medio ambiente, inclyuendo contaminación, por ejemplo). Esto lo analizábamos en más detalle en Eludir y evadir impuestos: ¿Hasta dónde llega la irresponsabilidad empresarial?.
Todo estaría bien si Ferrovial cubriera con sus impuestos el valor de todos los beneficios logrados y costos evitados, que no los cubren. No solo Ferrovial, ninguna empresa paga, via impuestos o los valores reales (no los precios en los mercados imperfectos) de los insumos que consume. El estado utiliza muchos otros recursos, más allá de los impuestos que recauda, entre otros los naturales, para “subsidiar” estos costos y beneficios de las empresas, y la sociedad también absorbe muchos de ellos (contaminación y menores sueldos de lo que sería justicia, por ejemplo).
Y sin contar con el aprovechamiento de la reputación de la marca España y el cabildeo de los gobiernos para logar contratos en el extranjero. Que tampoco ha pagado a España (suponemos que han sido legítimos y no han pagado a otros).
Algo le habrá dado Ferrovial a la sociedad además de los impuestos pagados (habrá hecho inversión social, filantropía, etc.) pero es muy poco probable que ello compense lo recibido. El neto favorece a la empresa.
Muchos añaden a esto el hecho de que ha ganado 1.000 millones de euros en contratos en España. Pero esto no tiene nada que ver con la responsabilidad social, si suponemos, que no sabemos, que los ha ganado en competencias limpias, sin amaños, utilizando sus ventajas competitivas derivadas de su buena gestión empresarial.
Sí, Ferrovial
ya incurría en irresponsabilidades sociales al no pagar por todos los costos y beneficios
que se le podrían atribuir y ahora lo hará todavía menos ….. aunque todo sea
legal.
¡Y ahora todavía es peor! Se lleva activos tangibles e intangibles, que en parte le ha dado España, a los Países Bajos para pagar (menos) impuestos que beneficien al fisco de ese país. No solo relocalización de los impuestos, sino además transferencia de activos españoles a los Países Bajos.
No es una cuestión de patriotismo o sentimentalismo, como alegan algunos políticos, es una cuestión económica: España, el país, no ningún gobierno, ha ¨subsidiado¨ a Ferrovial. De allí su responsabilidad ante esa sociedad.
¡Y una vez más, la primacía de los accionistas!
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