viernes, 31 de enero de 2014

Encuesta sobre la influencia de personas e instituciones sobre la RSE


Recientemente se han publicado listas de los tuiteros más influyentes en RSE (SustMeme ha venido publicando sus listas de los 500 más influyentes en diferentes aspectos (mayoritariamente en inglés) y ahora Diario Responsable comenzó la publicación de la lista de los “100 tuiteros más influyentes en RSE en español, TOP100RSE”.  Ambos están basados en la calificación Klout de influencia en las redes sociales (para mayores detalles ver mi artículo Ranking de tuiteros en RSE: ¿Son buenos para la RSE? pero hazlo solo después de responder a la encuesta).



Queremos conocer tu opinión sobre el significado de estas listas, su efectividad y sugerencias para mejorarla, si es posible.  También queremos contrastar la clasificación basada en la calificación Klout con la resultante de la opinión personal de los que respondan a la encuesta.  Para la validar este contraste se requieren muchas respuestas y por ello pedimos tu colaboración en la respuesta y difusión de la encuesta.

Dado que es posible que las respuestas afecten a personas e instituciones mencionadas en la encuesta te rogamos no enviarla a personas específicas sino mas bien y enviarla masivamente.


AGRADECEMOS TU COOPERACION RESPONDIENTO A LA
BREVE ENCUESTA EN EL SIGUIENTE NEXO





domingo, 26 de enero de 2014

Zapatero a tus zapatos: ¡Ahora sí, Pacto Mundial!


En muchas ocasiones hemos criticado al Pacto Mundial por distraerse de su papel fundamental en aras de obtener notoriedad, condición necesaria por no suficiente para ser efectivo.  Pero en diciembre del 2013 una de sus redes realizó una actividad digna de encomio.  Nobleza obliga.

En artículos recientes criticábamos la distracción de Pacto Mundial en desarrollar un índice bursátil de sostenibilidad, en competencia con los múltiples índices ya existentes en el sector privado y para colmo sesgado para  demostrar la superioridad en el rendimiento bursátil de empresas adheridas al Pacto Mundial (Zapatero a tus Zapatos: El Pacto Mundial se distrae).  También criticábamos la falta de coherencia en su visión de la responsabilidad social de la empresa donde muchas de las instituciones y redes asociadas tiene una definición diferente y contradictoria de la misma (Mas perlas de la RSE: El Pacto Mundial se confunde y confunde).



En ese mismo artículo y otro anterior (comentábamos el otorgamiento de premios en RSE (o sostenibilidad) a empresas firmantes del Pacto. Nos referíamos a unos premios otorgados la Red del Pacto Mundial en España, usando la metodología de votación por parte del público, basándose en información sobre las empresas, proporcionada por las mismas empresas, contenidas en perfiles de unas 2-4 páginas. Antes del otorgamiento de los premios comentábamos (Premios del Pacto Mundial: ¿Quién está confundido?)  que era muy poco probable que los lectores hicieran investigación alguna más allá de leer los perfiles y muy poco probable que leyeran suficientes de ellos como para poder hacer una comparación, aun con la limitadísima información.

Los resultados confirmaron las sospechas cuando el premio a la Pequeña y Mediana Empresa fue entregado a DIPYME (Distribución Internacional de Productos y Marketing Estratégico). Como puede observarse, en su nombre PyME no se refiere a “Pequeña y Mediana Empresa”.  ¿Alguien se dio cuenta?  ¿Creyeron que era una PyME?  Tiene más de un millón (si, un millón) de clientes ¿Sabían los votantes qué y por quién votaban?  La práctica premiada se llama “Destapando sonrisas” que consiste en hacer “regalos a niños con discapacidad psíquica, física o ambas y, que por la situación económica de sus familias, no pueden satisfacer esas necesidades”, usando los recursos obtenidos del reciclaje de tapones de plástico que la gente dona.  La empresa no tiene nada que ver con tapones de plástico, parece ser una fuente de recursos para los premios. En la información del premio no dice si la empresa pone recursos propios para la filantropía más allá de gestionar el programa.  ¿Es este premio un ejemplo que se quiere dar a la comunidad empresarial sobre la RSE? Este es un claro ejemplo del otorgamiento de premios sin supervisión y con el voto del público.

PERO AHORA SI, finalmente encontramos al Pacto Mundial en el camino correcto (por lo menos una de sus redes nacionales. La Red de Chile acaba de publicar el Informe 2013 sobre el Sistema de Integración de los Principios del Pacto Mundial, donde además de analizar la situación en Chile incluye la selección de buenas prácticas en la integración de los Principios (informe recomendado).

En la selección de los ganadores usan una serie de características que dan confianza sobre su efectividad.  Las compararemos con los del premio de la Red del Pacto Mundial de España y con aquellos recomendados en el capítulo Cómo se deben otorgar premios responsablemente de mi libro, “Mirada Crítica a la Responsabilidad Social de la Empresa en Iberoamérica  (ese capítulo incluye 15 características deseables pero solo comentamos las más pertinentes en la tabla siguiente).


CARACTERISTICAS
CHILE
ESPAÑA
VIVES
EMPRESAS ELEGIBLES
Empresas miembros
Empresas miembros
Abierto
INFORMACION
Solo las empresas
Solo las empresas
Múltiples fuentes
VERIFICACION
No verificación, pero análisis y preselección por investigadores
No verificación
Verificación independ..
SELECCIÓN
Decisión por expertos
Popular
Decisión por expertos
OBJETO
Prácticas específicas
Genérico
Prácticas específicas


Para contrastar las opiniones expresadas en el libro durante el mes de junio de 2013 hicimos una encuesta sobre como otorgar premios, que fue respondida por más de 70 personas en España y América Latina.  Los resultados se puede leer en Premios por responsabilidad empresarial: ¿Qué opinaron?.  Las cuestiones que tuvieron una respuesta mayoritaria fueron las de un rechazo a la votación popular, que sean basados en información contrastada y una preferencia por que sean otorgados a prácticas específicas.

El proceso seguido por la Red de Chile parece ser mucho más confiable que el proceso seguido por la Red de España y se asemeja mas al ideal propuesto por el suscrito y el expresado en las opiniones de los conocedores encuestados.  En particular es de destacar que la información en Chile fue analizada y resumida por investigadores y las decisiones finales fueron tomadas en base a la opinión de 17 expertos en los temas pertinentes.

Lo que todavía puede mejorar es que la información no es verificada, aunque está basada en informes publicados de sostenibilidad (algunos con aseguramiento parcial externo) y de comunicaciones de progreso (al Pacto Mundial).  Y otro que puede mejorar es que solo se incluye a empresas firmantes del Pacto y en consecuencia se dejan de considerar muchísimas empresas chilenas que pueden tener mejores prácticas.  Adicionalmente ello lleva a que hay poca comparación entre empresas del mismo sector ya que siendo sólo 32 las participantes, sólo hay uno de los 18 sectores que tiene más de tres empresas representadas.  Siendo un ejercicio de determinación de “buenas” prácticas esto no es tan grave, pero es obvio que no son “mejores” prácticas.

Este es el gran problema de una convocatoria cerrada que solo ve una pequeña parte del universo potencial.  Pero la información fue analizada en detalle y la decisión final tomada por conocedores, lo cual es una gran ventaja sobre el caso de España.  Es un buen progreso.

Los ganadores, seleccionados por prácticas relacionadas con los 10 principios fueron los siguientes:
·         Derechos Humanos: Telefónica, erradicación del trabajo infantil
·         Relaciones laborales: Gerdau, proveedores de chatarra (cadena de valor)
·         Medio Ambiente: Sodimac: Puntos limpios de reciclaje
·         Anticorrupción: ESSBIO: Transparencia ESSBIO

Adicionalmente se tiene el problema de que los Diez Principios del Pacto Mundial cubren solo un pequeña parte de la responsabilidad de la empresa ante la sociedad (Al Pacto Mundial le faltan Principios), pero si esto se ve como un reconocimiento a prácticas específicas y no a la responsabilidad empresarial, no hay mucho que objetar.

Siguiendo estos procesos de selección y decisión se pueden capturar los beneficios que los premios tienen en términos de desarrollar buenas prácticas y dar ejemplos a otras empresas.  El objetivo de los premios, sobretodo los entregados por instituciones constituidas para buscar el bien común, no debería ser el de motivar  y reconocer a una empresa en particular, debe ser el motivar al resto de las empresas a ser responsables. Las instituciones privadas que buscan sus propios beneficios (con o sin fines de lucro) pueden hacer lo que quieran, inclusive “vender” los premios.

Felicitaciones a la red del Pacto Mundial en Chile por un buen trabajo…………………y ojalá que en una próxima edición pueden mejorar algunos de los aspectos mencionados.



P.S. Pueden ver mis siete artículos anteriores sobre el Pacto Mundial en Mis artículos sobre el Pacto Mundial.


miércoles, 22 de enero de 2014

Libros de Antonio Vives sobre Responsabilidad Social de la Empresa


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GRATIS: MI CONTRIBUCIÓN A LA RSE


Cumpetere, 2013
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Cumpetere, 2011




Editado con Estrella Peinado
Cumpetere y Banco Interamericano de Desarrollo, 2011




Fundación Carolina, 2010




con Antonio Corral e Iñigo Isusi
Banco Interamericano de Desarrollo e IKEI, 2005



domingo, 19 de enero de 2014

¿Son confiables los ratings de sostenibilidad?


En rankings de sostenibilidad Coca Cola es clasificada la posición 14 en el ranking de CR Best Corporate Citizen de las mejores 100 empresas en EEUU, pero no está en el Dow Jones Sustainability Index.  PepsiCo está calificada como 22 pero si está incluida.  Una empresa sale un índice pero se mantiene en otro.  BP antes de la catástrofe del Golfo de México estaba en varios índices de sostenibilidad.  ¿Tiene todo esto sentido?

El 18 de diciembre se lanzaron los principios para la elaboración de calificaciones de sostenibilidad por parte de la Iniciativa Global para las Calificaciones de Sostenibilidad (Global Initiative for Sustainability Ratings,  GISR), iniciativa poco conocida en los países de habla hispana. 

¿Qué son estos Principios y como pueden mejorar la situación?



En este artículo usaré el nombre de sostenibilidad porque es el nombre más común en la industria de los ratings, aunque es sinónimo de RSE.  También me referiré a los ratings como expresión numérica de la sostenibilidad, que si se decide colocarlos en algún orden con el deseo de clasificar las  empresas, constituye el ranking.  Los rankings son más comunes para efectos de divulgación comparativa, sobre todo en medios de comunicación masiva (es más sexy, mas noticioso), en tanto que para el uso de inversionistas responsables o la confección de índices de sostenibilidad lo que se usa es el rating, que es lo importante.

¿Por qué surge el problema?  Muy posiblemente se debe a que cada uno entiende por sostenibilidad algo diferente.  Es obvio que es un concepto no homogéneo, no es férreo, es sumamente dúctil, pero lamentablemente en la mente popular y hasta en la de muchos especialistas sostenibilidad es sostenibilidad.  No piensan que cada persona que usa el término quiere decir algo diferente.  Es posible que, después de mucha discusión, varios expertos se pongan de acuerdo en cual debe ser su definición, pero es muy poco probable que se pongan de acuerdo en cómo medirla.

Si no puede haber acuerdo en cómo medirla, ¿cómo podemos usar los ratings en forma efectiva y consistente?  Obviamente que hace falta poner algo de orden.

En el mundo anglosajón hay más de un centenar de agencias o instituciones de preparación de ratings de sostenibilidad, cada una con un metodología diferente (ver el reciente estudio Rate the Raters).  Hay muy pocas en el resto de los países y de mi conocimiento no hay ninguna en los países de habla hispana (aunque la preparación de los índices de sostenibilidad en las bolsas de Sao Paulo y de México requieren hacer una calificación para determinar su inclusión o exclusión del índice).

Las instituciones o agencias más grandes y conocidas son las relacionados con los índices de sostenibilidad Dow Jones (hecho por RobecoSAM), FTSE4Good, MSCI ESG o las instituciones Inrate, Thomson Reuters y Oekom entre otras.

Cada una de las más de 100 instituciones usa una metodología propia (algunas usan combinaciones de calificaciones) con su correspondiente definición de sostenibilidad.  La mayoría tienen a los inversionistas como objeto, unos pocos son para el público en general u otras instituciones.  Algunas usan solo algunos aspectos o sectores (por ejemplo, cambio climático, agua, alimentos, productos farmacéuticos, etc.) otras usan combinaciones de indicadores (de diferente definición) sobre aspectos ambientales, sociales y de gobernanza.  Las que usan estos indicadores suelen combinarlos de alguna manera para llegar a un “número”.  Tienen implícita una importancia relativa de cada uno de los indicadores para la calificación final, les asignan valores relativos a los diferentes indicadores (Ver mi artículo Para qué sirven os índices de sostenibilidad y el articulo de José Angel Moreno Izquierdo, ¿Calificadores descalificados? donde llamaba la atención a estas contradicciones y pedía mayor transparencia, rigor y confiabilidad).

En un reciente estudio de GISR (que se comenta las adelante) se identificaron más de 500 aspectos y cerca de 3.000 indicadores de sostenibilidad, basados en 27 fuentes líderes.  Bloomberg, que la principal fuente de información sobre sostenibilidad, recopila información sobre casi 1,000 indicadores de las empresas que cubre. No es de extrañar que sus combinaciones produzcan resultados diferentes.

A priori no se puede decir que algunas calificaciones no sean válidas, son sencillamente diferentes, algunas más completas que otras, algunas más rigurosas que otras.  De hecho se podría llegar al extremo de decir que cada persona podría construir su propia calificación basada en los aspectos que considera más relevante y su importancia relativa.  Lo cierto es que las calificaciones suelen producir resultados diferentes.

¿Cómo resolvemos, o por lo menos reducimos, la confusión?  En el 2011 se creó la Iniciativa Global para las Calificaciones de Sostenibilidad (Global Initiative for Sustainability Ratings,  GISR), bajo el liderazgo de Allen White, el mismo que co-fundó y lideró el Global Reporting Initiative, GRI, en 1997.   Tengo el honor de ser miembro del Comité Director (Steering Committee).

El objetivo del GISR es la mejora en la confiabilidad de las calificaciones de sostenibilidad  para el estímulo a inversión responsable e, indirectamente, a la responsabilidad de las empresas.  Para ello desarrollará estándares para la elaboración de las calificaciones. El proyecto, en su forma actual, involucra tres etapas:

·         Principios básicos que deben cumplir las calificaciones usadas en rankings e índices
·         Aspectos que deben considerar (temas, tópicos)
·         Indicadores que se deberían incluir para cuantificar, en la medida de los posible, el desempeño en los diferentes aspectos.



Cada una de las calificaciones podrá ser acreditada por instituciones independientes sobre su adherencia a los principios.

El 18 de diciembre se lanzaron los Principios. Estos principios pretenden asegurar la excelencia, credibilidad e integridad de las calificaciones.  Los doce principios están divididos en dos grandes categorías: Proceso y Contenido.

PROCESO
Transparencia
Una calificación debe ser transparente para aquellos cuyas decisiones son afectadas por la aplicación de tal calificación.
Imparcialidad
El diseño y aplicación de una calificación, cuyos principales usuarios sean externos a la organización, deben ser protegidos de la influencia indebida de la empresa calificada.
Mejora continua
A través de la actualización continua, la calificación debe seguir e integrar los avances científicos y en técnicas de medición y en los aspectos e indicadores. 
Integración
El desarrollo de una calificación debe identificar e involucrar sistemáticamente a los stakeholders cuyas decisiones sean influenciadas por la calificación.
Asegurabilidad
Una calificación debe ser diseñada para permitir el aseguramiento de su aplicación de los estándares GISR por parte de instituciones calificadas independientes.
CONTENIDO
Materialidad
Una calificación debe evaluar el desempeño basado en aspectos de sostenibilidad relevantes para las decisiones de los stakeholders para los cuales está diseñado.
Integralidad
La calificación de uno a más aspectos de sostenibilidad debe evaluar sistemáticamente los impactos sobre todas las formas de capital.
Contexto de sostenibilidad
La calificación debe evaluar el rendimiento en el contexto de umbrales, límites y normas basadas en los avances científicos y/o de aceptación general sobre el bienestar humano y ecológico en el largo plazo.
Horizonte de largo plazo
Una calificación debe permitir la evaluación de las perspectivas de largo plazo de la empresa al mismo tiempo que proporciona conocimientos sobre las consecuencias en el corto y mediano plazo que se alinean con el desempeño de largo plazo.
Cadena de Valor
La calificación debe aplicarse a todas las partes de la cadena de valor de la empresa sobre la cual esta ejerce influencia significativa.
Balance
La calificación debe utilizar una mezcla de técnicas de medición que capturen el desempeño pasado y futuro.
Comparabilidad
La calificación debería permitir a los usuarios comparar el desempeño de la misma empresa a través del tiempo y con otras empresas en el mismo periodo
 
La aplicación sistemática de estos principios en el diseño y determinación de las calificaciones de sostenibilidad debería mejorar su confiabilidad aunque no se pretende que las calificaciones llevada a cabo por diferentes instituciones produzcan los mismos resultados.  No se pretende uniformidad, solo consistencia y confiabilidad.  Muy posiblemente conduzcan a menor volatilidad y mayor comparabilidad entre calificaciones.

En los próximos años se desarrollaran los demás componentes de Aspectos e Indicadores.



domingo, 12 de enero de 2014

Obligación de gastar en RSE: ¿Es efectiva?


La discusión sobre la voluntariedad u obligatoriedad de la responsabilidad social de la empresa ante la sociedad no debe ser objeto de discusión si se entiende lo que se quiere decir por “responsabilidad social de la empresa ante la sociedad”.

La Unión Europea en el 2011 dio la definición que debería ser la definitiva, o por lo menos la que debería usarse de ahora en adelante, por su simpleza y su riqueza: “Responsabilidad de las empresas por sus impactos en la sociedad”, en forma pasiva. En forma activa, “implementable”,  puede traducirse como “Gestión de los impactos de la empresa ante la sociedad” (entendiendo que la palabra “sociedad” también incluye el entorno en que ella se desenvuelve: el medio ambiente).

Esta responsabilidad se puede implementar de infinitas maneras, de acuerdo a la priorización que haga la empresa de sus impactos, de su capacidad de gestionarlos y de quien es “la sociedad” para ella. (ver mi articulo ¿Cómo interpretar LA definición de la RSE?).  Claro está que es muy posible que la sociedad (gobiernos, empresas y sociedad civil, incluyendo todas las personas) decidan que deben regular la forma en que se llevan a cabo alguna de las actividades de la empresa, especialmente las que pueden hacer daño al colectivo social como la contaminación, la discriminación, el abuso de poder, etc. 



Los impulsores de hacer el bien deberían ser las mismas empresas y  los agentes económicos (consumidores, clientes, empleados, gobiernos, etc.) a través de su interacción con las empresas.  Pero en algunos casos los gobiernos quieren regular la forma en que se hace al bien, sobre todo en situaciones donde ellos mismos, siendo los responsables básicos, no ejercen esa responsabilidad.  .

Un buen ejemplo de esto es la inversión social.  Es responsabilidad básica de los gobiernos locales, estaduales (provinciales) y nacional la provisión de servicios básicos a la población, como salud, educación,  desarrollo comunitario y local, entre otros. Pero muchas veces no lo hacen o no pueden hacerlo.  Esta “falla de gobierno” es un caso muy común en países en vías de desarrollo.  Muchas veces las empresas mismas, especialmente las que tienen gran impacto económico y social, al “sufrir” las fallas de gobierno, toman acciones de remediación bajo esquemas de inversión social, que suelen ser tipificados dentro de su responsabilidad ante la sociedad.

En algunos casos los gobiernos consideran que es necesario regular esta inversión social de las empresas, ya sea por razones políticas (para cubrir sus carencias institucionales, para mostrar que son estrictos con las empresas), por razones económicas (no tienen dinero para hacerlo, quieren que las empresas dejen más en la comunidad de lo que su contribución económico a través de empleo, impuestos, regalías, compras, etc. hace) o por razones sociales (por una percepción de equidad y justicia social).

La respuesta preferida en estos casos es la imposición de obligaciones de destinar recursos a la inversión social. Pero,  ¿son efectivas estas imposiciones? ¿Cuál es la reacción de las empresas, de la sociedad y de los gobiernos?

Recientemente se han presentado dos casos que son ilustrativos.  En Colombia el gobierno impuso a las empresas petroleras la obligación de destinar (todavía no uso los términos “invertir” o “gastar”) el 1% de la inversión en exploración y explotación a Proyectos en Beneficio de la Comunidad, PBC.  Estos PBCs tienen el “objetivo de mejorar las condiciones sociales de las comunidades en el Área de Influencia Directa”. Los rubros elegibles son sumamente amplios, tipificados en tres grades categorías:

  • ·   Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades (infraestructura, salud, educación, deportes, vivienda, medio ambiente).
  • Fortalecimiento de las capacidades económicas y la seguridad alimentaria de las comunidades (empleo, proyectos productivos, tecnología de producción, creación de negocios, riego).
  •   Fortalecimiento institucional y anti-corrupción.

En la India la aplicación es mucho más general.  Se aprobó una ley de empresas que incluye un artículo (artículo 135, ley del 29 de agosto de 2013) que establece que las empresas de cierto tamaño (en general las grandes, aunque puede incluir a medianas grandes) deben destinar el 2% del beneficio neto promedio de los anteriores tres años a actividades de inversión social.  Los rubros elegibles son aquellos en que más carencias se observan en la India (coincidentes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio):

  • Promoción de la educación
  • Erradicación de la extrema pobreza y del hambre
  • Igualdad de género y empoderamiento de la mujer
  • Combate al SIDA, malaria y otras enfermedades
  • Sostenibilidad ambiental
  • Reducción de la mortalidad infantil y mejoramiento de las salud materna

Tanto en Colombia como en la India se dice que estas obligaciones forman parte o están enmarcadas en la responsabilidad social de las empresas. Pretenden complementar o suplementar las actividades de los gobiernos.  En Colombia está enmarcada dentro de la estrategia nacional de reducción de la pobreza.  En India es parte de la estrategia nacional de RSE.

El caso de Colombia tiene varios años en ejecución y sus resultados preliminares han sido analizados (el suscrito participó en una parte de esta evaluación) lo que permite sacar algunas conclusiones. El caso de la India es muy reciente y solo se puede especular cuáles serán los impactos, pero basados en la experiencia de Colombia podemos adelantar algunas apreciaciones.

En el caso de Colombia, los rubros están mucho más relacionados con el impacto que las empresas petroleras tienen en su entorno y por ende es más factible el involucramiento directo de las empresas.  Es un caso mucho más acotado que el de la India que es mucho más general,

Sin embargo la obligación de gastar hace que tengan muchos elementos en común. La primera reacción natural de las empresas ante estas obligaciones es investigar todo lo que ya estaban haciendo, directa o indirectamente,  es estas áreas e imputárselo a la obligación.  Solo si no logran cubrir la cuota con lo que ya están haciendo es que buscarán nuevas actividades, que muy posiblemente sean las de menor costo institucional, particularmente en su gestión. 

La inversión en infraestructura, que es necesaria para la empresa, será imputada, en la medida de lo posible, a la obligación. Las compras locales que ya se hacían serán imputadas como parte de la inversión para el desarrollo local.  Toda la filantropía e inversión social que ya se hacía será imputada a la obligación. Hasta gastos indirectamente relacionados, como la misma gestión del proceso, tratarán de ser imputados a la obligación.  Lo que pretendía lograr un aumento en la participación de la empresa, puede convertirse en un redireccionamiento de los recursos.  La adicionalidad se verá reducida.

En el caso de la India, dado que la mayoría de las empresas no tienen impacto sobre los rubros indicados, es muy probable que las lleve a hacer donaciones para que otros lo hagan, lo que separa las acciones de la estrategia empresarial, del involucramiento, y las lleva al plano de la filantropía pura y dura.

La obligación convierte lo que podría ser una transacción social,  donde el objetivo es de “hacer el bien” trabajando juntos, en una transacción financiera donde el objetivo se convierte en “cumplir con la obligación”, con mucho menor involucramiento y atención a la obtención de resultados. Se pasa de ayudar a un amigo o un familiar a darle una donación a un extraño (ver mi artículo Sin incentivos no hay paraíso. Segunda parte).  Es posible que algunas empresas se involucren directamente y se preocupen del impacto positivo de sus recursos, pero la experiencia indica que el cumplimiento de la obligación de gastar (insumo), prevalece sobre la obtención de resultados (impacto).

Adicionalmente, la obligación lleva a las empresas a trabajar cada una por su cuenta, perdiéndose la oportunidad (e imperiosa necesidad) de trabajar conjuntamente.  Para cada empresa las cantidades son pequeñas pero los problemas suelen ser globales, que requieren acción colectiva y grandes montos. No es lo mismo que 20 empresas hagan una donación a 20 escuelas separadas que las 20 empresas aúnen recursos y trabajen con la municipalidad en el mejoramiento de la educación primaria. En un caso se logran mejoras de corto plazo, aisladas, posiblemente no sostenibles, en el segundo caso el impacto puede ser de largo plazo y de amplio alcance. En un caso, algunas escuelas tienen la suerte de ser beneficiarias, en el otro no hay discriminación.

Por otra parte, las comunidades y los gobiernos locales ven, en la obligación impuesta a las empresas, fuentes de recursos para satisfacer sus necesidades.  Es una gran piñata.  Estos actores también suelen ser cortoplacistas y con intereses personales, muchas veces no coincidentes.  Los líderes políticos y comunitarios tratarán de maximizar sus beneficios, cada uno por su cuenta.  Operando, como suele ser, en comunidades de relativamente bajo desarrollo y con deficientes capacidades institucionales, estos problemas se agravan.  Se convierten en una gran tentación para la corrupción.

En vez de desarrollar la comunidad el incentivo está en “comprar” la comunidad, muchas veces confundido con “obtener legitimidad”.  Son comunes los casos de financiamiento de fiestas patronales, necesidades del alcalde, de reparaciones a los edificios públicos, de donaciones aisladas de medicamentos, muebles, de sabotaje por parte de líderes comunitarios a los proyectos a menos que se les “page por sus servicios”, de la constitución de monopolios para la prestación de servicios  a las empresas eliminando a los proveedores débiles (léase mafias). La lista de infectividades es larga.

Lo que en principio debería ser parte de la estrategia y actividades de la responsabilidad de la empresa ante la sociedad puede convertirse en una actividad aislada con el objetivo de cumplir la obligación. La responsabilidad puede pasar del “departamento de RSE” al “departamento de cumplimiento”.

Las intenciones de imponer obligaciones de hacer inversión social son buenas, pero su ejecución y supervisión deben tomar en cuenta la dinámica, las expectativas y los intereses de las empresas, las comunidades y los gobiernos locales.  Cada uno buscará sus intereses, lo que puede reducir significativamente la efectividad de las intervenciones.

Y la respuesta puede no ser más regulación sobre lo que se puede o no se puede hacer y sobre el control de las actividades. Esto suele conllevar a mayores gastos para todas las partes y distraer recursos a “mostrar” más que a lograr cumplimiento.  La respuesta  pasa por que las empresas busquen el bien común y asuman la responsabilidad por los resultados y el impacto de sus inversiones más que por el cumplir con una obligación de gastar una suma de dinero.  El indicador de control no debe ser este monto, debe ser el impacto logrado.

Después de esta discusión debe quedar claro porque el título dice “gastar”, porque si bien las intenciones son de que se haga “inversión” de trasformación, las regulaciones y procesos conducen a “gasto” cortoplacista de cumplimiento con una obligación.

Si estos gastos son RSE o no, deja de tener importancia.  Lo cierto es que deja de estar integrado, con la consecuente pérdida de efectividad.


Claro está que las empresas ilustradas, con visión amplia y larga, verán en ello una oportunidad de invertir en la transformación de la sociedad.  Pero no son muchas.