lunes, 9 de noviembre de 2015

¿Es la empresa pública la solución a la irresponsabilidad de la empresa privada?


La continuación de la crisis en Europa y la proximidad de las elecciones en algunos países mantiene abierta la discusión sobre el mejor modelo de capitalismo y en particular se intensifica la discusión sobre el papel de la empresa y su responsabilidad ante la sociedad.  Se llega hasta proponer la nacionalización de las empresas en los sectores de servicios públicos porque supuestamente las empresas públicas cumplen mejor esa responsabilidad. [1]  Es oportuno preguntarse si ¿Es la empresa pública la solución a la irresponsabilidad de la empresa privada?  Para responderlo hay que empezar analizando las motivaciones de ambos tipos de empresas.

¿Qué mueve a la empresa pública y de la empresa privada?

Es bien conocida y, en los últimos años, muy difundida la idea de que la empresa privada se mueve por una desmesurada ambición por la obtención de beneficios financieros, aun a costa del bienestar de la sociedad y de la explotación del medio ambiente.  En muchas escuelas de negocios todavía se promueve la idea de que el objetivo de la gestión de las empresas es la maximización de beneficios.  No se internalizan los costos de las externalidades de las empresas y estos se dejan a cargo de los gobiernos y, en definitiva, de la misma sociedad.  Obviamente que hay muchas empresas que pretenden minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos, por lo menos a veces, con una consideración más amplia de cuál es su papel en la sociedad.  Pero también hay muchas que hacen el juego y “usan” las pocas prácticas responsables que tienen para parecer que son responsables.  En estos temas muchas veces pagan justos por pecadores.  Véase el caso reciente del fraude de Volkswagen que no solo ha dañado la reputación de la empresa, sino de la industria automotriz en particular y de las empresas privadas en general.   Pero no podemos tirar el bebé con el agua sucia del baño.

La persecución desenfrenada de beneficios financieros puede llevar a las empresas a traspasar costos a la sociedad.  La sociedad termina “subsidiando” a la empresa.    Pero también pueden llevar a la innovación y la producción eficiente con el objetivo de lograr la competitividad, lo cual también puede conducir a provisión de mejores productos y servicios que la sociedad necesita.  Los beneficios son un poderoso incentivo a ser mejores.  No es fácil balancear las ventajas con las desventajas de la empresa privada, pero hay que reconocer ambas y gestionar la implementación, no el concepto el que es un problema.  Por ello parece que los objetivos de las empresas privadas no están alienados con los de la sociedad por lo que hacen falta regulaciones y controles tanto gubernamentales como de la misma sociedad para hacer ese balance.

Por otra parte son muchos los que piensan que la persecución de los beneficios económicos es un problema insalvable y que hay que recurrir, no solo a los controles del estado, sino a la intervención directa del sector público en la producción de bienes y servicios.  Algunos abogan por la provisión pública de los servicios públicos esenciales como agua, electricidad, infraestructura de transporte entre otros, o sea a su nacionalización.  En España y muchos países de América implicaría regresar al pasado.  [2]

Antes de tirar la toalla con el sector privado es conveniente analizar si los objetivos del sector público están alineados con los de la sociedad.  En teoría es así, pero veamos lo que sucede en la práctica.  Supuestamente el objetivo de los gobiernos es la gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos (fiscales, dotación de recursos naturales, de recursos físicos, etc.) para el bienestar de la sociedad.  Pero, como en el caso del sector privado, la gestión de los recursos lo hacen las personas.  ¿Cuáles son los incentivos de las personas que gestionan el sector público?  Para muchos el objetivo más relevante es la perpetuación en el cargo, más que los intereses de la sociedad.  Algunos se lo tienen que ganar en elecciones, lo que en teoría debería ser efectivo para asegurar el bienestar de la sociedad ya que si no cumplen con ello no son reelectos.  Pero no hace falta entrar en muchas discusiones sobre si ese proceso es efectivo y eficiente para promover el bienestar de la sociedad, la realidad en la gran mayoría de los casos es clara evidencia de que no cumplen.  En teoría los gobernantes están sujetos a renovación de sus mandatos de acuerdo al rendimiento.  Lamentablemente en la práctica esto no ocurre.  La renovación está muy poco ligada a la gestión de los recursos públicos.  Y son muchos los funcionarios, por debajo del nivel político, en el gobierno y en las empresas públicas que tienen el cargo asegurado, independientemente del rendimiento de su trabajo, muchas veces protegidos por los sindicatos, más interesados en proteger el empleo de sus pocos miembros que en el bienestar de la sociedad en general. ¿En qué país se ha logrado ligar la remuneración y promoción de los maestros del sector público con el rendimiento? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la calidad de la educación pública?

Adicionalmente es muy común encontrar que en la gestión de las empresas públicas tienen fines políticos, que persiguen el bien de algunos pocos (obtención de votos para los gobernantes, empleo para los allegados, etc.). Aparentemente con buenas intenciones, el gobierno de Venezuela decidió utilizar los recursos de la empresa petrolera estatal para promover el bienestar de comunidad. Poco a poco se confundieron los objetivos políticos con los privados y la empresa terminó dedicando buena parte de sus recursos a asistencia social (superando a los respectivos ministerios) y se convirtió en un instrumento de obtención de votos, desvirtuándose su capacidad técnica y gerencial, reduciendo la inversión en tecnología e innovación.  Si bien este es un caso extremo, es ilustrativo de los riesgos.   La experiencia en la ola de privatizaciones en algunos países de América Latina y España demostró la ineficiencia con que habían sido gestionados los recursos públicos sobre todo en el sobre empleo y en la gestión financiera.  Pero ello no quiere decir que las empresas privadas los puedan gestionar mejor en todos los sentidos. 

¿Es el sector público más responsable ante la sociedad que el sector privado?

Imposible generalizar.  En teoría los objetivos de las empresas públicas están más cerca de los de la sociedad que los de la empresa privada, pero en la práctica ambos tienen conflictos de intereses.  Los objetivos de los participantes en el mercado y en el proceso político tienen objetivos que no coinciden con los de los de la sociedad.  Ambos modelos de gestión tienen conflictos entre los objetivos privados (personas) y los públicos (la sociedad) que deben ser gestionados.  La nacionalización de algunos servicios públicos no resolverá las supuestas irresponsabilidades del sector privado.  Son diferentes irresponsabilidades.  Las empresas públicas tampoco internalizan sus externalidades.  El argumento de que al no tener la motivación del beneficio pueden cobrar menores precios y pagar mejores sueldos es una falacia muchas veces derivada del hecho de que gobierno no les cobra por el costo del capital aportado (ni intereses ni dividendos) y por algunos recursos que usan (infraestructura),  y muchas empresas públicas no pagan impuestos que tocan.  Estos “subsidios” a la empresa pública son pagados directa o indirectamente por los contribuyentes.  ¿Es la creación de empleo innecesario improductivo una responsabilidad social?

En buena medida esto depende de cada sector.  Hoy en día son muy pocos los que pueden abogar por la provisión publica de los servicios de telecomunicaciones.  Muchos recordarán la ineficiencia y el retraso tecnológico de la provisión pública esos servicios.  Hay menos discrepancia en los servicios de agua potable y alcantarillado ya que en este caso lo más importante es la eficiencia en la prestación del servicio y menos la innovación y en muchos países se considera un derecho público (aunque ello no quiere decir que el servicio no deba cubrir todos sus costos).  Hay mucha más controversia en los servicios de infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos) donde muchos creen que deben ser un servicio público.  En algunos países se reconocen las ventajas de cada uno de los modelos y se adoptan modalidades hibridas como es el caso de infraestructura social (hospitales, cárceles, educación, administración de justicia, etc.) donde el sector privado gestiona la infraestructura física (construcción, gestión y mantenimiento) y el sector publico gestiona los servicios a prestar.  Se usan las ventajas comparativas del sector público y del sector privado.



¿Es la empresa pública la solución a la irresponsabilidad de la empresa privada?

La responsabilidad o irresponsabilidad de la empresa privada no debería ser el argumento para la provisión publica de los servicios públicos.  Si son irresponsables tomemos las medidas, como sociedad, para que no lo sean.

Hay empresas públicas y privadas que son irresponsables o no todo lo responsables que deberían.  Pero la empresa privada suele ser objeto de mucho mayor escrutinio, tanto por parte del gobierno como por parte de la sociedad civil.  La empresa pública se supone que es responsable, o no se cuestiona su responsabilidad.  Son pocas las veces que la sociedad civil y mucho menos el gobierno, que es corresponsable, que se preocupan por su responsabilidad.   Están fuera del radar. ¿Es que las empresas públicas son responsables o es que no sabemos lo irresponsables que son? 

Ni el mercado ni el proceso político producen resultados que automáticamente satisfacen las necesidades de la sociedad. En teoría podría ser, pero en la práctica no lo es.  Ambos enfrentan imperfecciones, incentivos perversos, externalidades.  La tarea es estructurar las operaciones de ambos de tal manera que asuman sus responsabilidades ante la sociedad.  Pero parece más fácil controlar que las empresas privadas sean responsables, que hacerlo con el sector público.  En el primer caso los stakeholders son los consumidores, medios, empleados, gobiernos, etc. y muchos de ellos actúan poco por ahora.  En el segundo caso los principales stakeholders son los gobiernos y los votantes (muchos consumidores se han resignado a la ineficiencia pública), pero el proceso por el cual ejercen su poder es muy limitado, imperfecto, inefectivo y no hay consenso.

No hay consenso sobre lo que es una empresa responsable pero menos aun lo que es un sector publico responsable.  Su principal responsabilidad es la gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos, los nuestros.  ¿Cómo/cuando podemos exigir rendición de cuentas?  Ni siquiera sabemos los recursos que gestionan. Parece ser más fácil pedirle cuentas y castigar a la empresa privada.  En este caso podemos cambiar de suplidor de bienes y servicios. Pero,  ¿podemos cambiar de gobierno? ¿podemos cambiar de empresa de agua potable y electricidad?, ¿podemos cambiar de un aeropuerto a otro?  No, los servicios públicos son un monopolio, con todo lo que ello conlleva para su responsabilidad ante la sociedad.

NO, la empresa pública no es la solución a la irresponsabilidad de la empresa privada.






[1] En particular Jose Angel Moreno Izquierdo, Ex Presidente y miembro del Patronato de Economistas sin Fronteras publicó un provocador artículo, Nacionalizaciones y licencias sociales: ¿una perspectiva nueva para la RSC? en Diario.es el 23 de octubre y en Diario Responsable el 1 de noviembre del 2015.

[2]  No todos los sectores y empresas que fueron privatizados alcanzaron los beneficios económicos y sociales esperados, pero su análisis de sale del objetivo de este artículo.