La continuación
de la crisis en Europa y la proximidad de las elecciones en algunos países mantiene
abierta la discusión sobre el mejor modelo de capitalismo y en particular se
intensifica la discusión sobre el papel de la empresa y su responsabilidad ante
la sociedad. Se llega hasta proponer la nacionalización de las empresas en los
sectores de servicios públicos porque supuestamente las empresas públicas
cumplen mejor esa responsabilidad. [1] Es oportuno preguntarse si ¿Es la empresa
pública la solución a la irresponsabilidad de la empresa privada? Para responderlo hay que empezar analizando
las motivaciones de ambos tipos de empresas.
¿Qué mueve a la empresa pública y de la empresa
privada?
Es bien conocida
y, en los últimos años, muy difundida la idea de que la empresa privada se
mueve por una desmesurada ambición por
la obtención de beneficios financieros, aun a costa del bienestar de la
sociedad y de la explotación del medio ambiente. En muchas escuelas de negocios todavía se
promueve la idea de que el objetivo de la gestión de las empresas es la
maximización de beneficios. No se
internalizan los costos de las externalidades de las empresas y estos se dejan
a cargo de los gobiernos y, en definitiva, de la misma sociedad. Obviamente que hay muchas empresas que pretenden
minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos, por lo menos a
veces, con una consideración más amplia de cuál es su papel en la
sociedad. Pero también hay muchas que
hacen el juego y “usan” las pocas prácticas responsables que tienen para
parecer que son responsables. En estos
temas muchas veces pagan justos por
pecadores. Véase el caso reciente
del fraude de Volkswagen que no solo ha dañado la reputación de la empresa,
sino de la industria automotriz en particular y de las empresas privadas en
general. Pero no podemos tirar el bebé con el agua sucia del baño.
La persecución desenfrenada de beneficios
financieros puede llevar a las empresas a traspasar costos a la sociedad. La sociedad termina “subsidiando” a la
empresa. Pero también pueden llevar a la innovación y
la producción eficiente con el objetivo de lograr la competitividad, lo cual
también puede conducir a provisión de mejores productos y servicios que la
sociedad necesita. Los
beneficios son un poderoso incentivo a ser mejores. No es fácil balancear las ventajas con las
desventajas de la empresa privada, pero hay que reconocer ambas y gestionar la
implementación, no el concepto el que es un problema. Por ello parece que los objetivos de las
empresas privadas no están alienados con los de la sociedad por lo que hacen
falta regulaciones y controles tanto gubernamentales como de la misma sociedad
para hacer ese balance.
Por otra parte son muchos los que piensan que la
persecución de los beneficios económicos es un problema insalvable y que hay
que recurrir, no solo a los controles del estado, sino a la intervención
directa del sector público en la producción de bienes y servicios. Algunos abogan por la provisión pública de los servicios públicos
esenciales como agua, electricidad, infraestructura de transporte entre otros,
o sea a su nacionalización. En España y
muchos países de América implicaría regresar al pasado. [2]
Antes de tirar la
toalla con el sector privado es conveniente analizar si los objetivos del sector público están alineados con los de
la sociedad. En teoría es así, pero
veamos lo que sucede en la práctica. Supuestamente el objetivo de los gobiernos es
la gestión eficiente y efectiva de los recursos públicos (fiscales, dotación de
recursos naturales, de recursos físicos, etc.) para el bienestar de la
sociedad. Pero, como en el caso del
sector privado, la gestión de los recursos lo hacen las personas. ¿Cuáles
son los incentivos de las personas que gestionan el sector público? Para muchos el objetivo más relevante es la
perpetuación en el cargo, más que los intereses de la sociedad. Algunos se lo tienen que ganar en elecciones,
lo que en teoría debería ser efectivo para asegurar el bienestar de la sociedad
ya que si no cumplen con ello no son reelectos.
Pero no hace falta entrar en muchas discusiones sobre si ese proceso es
efectivo y eficiente para promover el bienestar de la sociedad, la realidad en
la gran mayoría de los casos es clara evidencia de que no cumplen. En
teoría los gobernantes están sujetos a renovación de sus mandatos de acuerdo al
rendimiento. Lamentablemente en la práctica
esto no ocurre. La renovación está muy
poco ligada a la gestión de los recursos públicos. Y son muchos los funcionarios, por debajo del
nivel político, en el gobierno y en las empresas públicas que tienen el cargo asegurado,
independientemente del rendimiento de su trabajo, muchas veces protegidos
por los sindicatos, más interesados en proteger el empleo de sus pocos miembros
que en el bienestar de la sociedad en general. ¿En qué país se ha logrado ligar
la remuneración y promoción de los maestros del sector público con el
rendimiento? ¿Qué consecuencias tiene esto sobre la calidad de la educación
pública?
Adicionalmente es muy común encontrar que en la gestión
de las empresas públicas tienen fines políticos, que persiguen el bien de
algunos pocos (obtención de votos para los gobernantes, empleo para los
allegados, etc.).
Aparentemente con buenas intenciones, el gobierno de Venezuela decidió utilizar
los recursos de la empresa petrolera estatal para promover el bienestar de
comunidad. Poco a poco se confundieron los objetivos políticos con los privados
y la empresa terminó dedicando buena parte de sus recursos a asistencia social
(superando a los respectivos ministerios) y se convirtió en un instrumento de
obtención de votos, desvirtuándose su capacidad técnica y gerencial, reduciendo
la inversión en tecnología e innovación.
Si bien este es un caso extremo, es ilustrativo de los riesgos. La
experiencia en la ola de privatizaciones en algunos países de América Latina y
España demostró la ineficiencia con que habían sido gestionados los recursos
públicos sobre todo en el sobre empleo y en la gestión financiera. Pero ello no quiere decir que las empresas
privadas los puedan gestionar mejor en todos los sentidos.
¿Es el sector público más responsable ante la sociedad
que el sector privado?
Imposible
generalizar. En teoría los objetivos de
las empresas públicas están más cerca de los de la sociedad que los de la
empresa privada, pero en la práctica ambos tienen conflictos de intereses. Los
objetivos de los participantes en el mercado y en el proceso político tienen
objetivos que no coinciden con los de los de la sociedad. Ambos modelos de gestión tienen conflictos
entre los objetivos privados (personas) y los públicos (la sociedad) que deben
ser gestionados. La nacionalización
de algunos servicios públicos no resolverá las supuestas irresponsabilidades
del sector privado. Son diferentes
irresponsabilidades. Las empresas
públicas tampoco internalizan sus externalidades. El argumento de que al no tener la motivación
del beneficio pueden cobrar menores precios y pagar mejores sueldos es una
falacia muchas veces derivada del hecho de que gobierno no les cobra por el
costo del capital aportado (ni intereses ni dividendos) y por algunos recursos
que usan (infraestructura), y muchas
empresas públicas no pagan impuestos que tocan.
Estos “subsidios” a la empresa pública son pagados directa o
indirectamente por los contribuyentes.
¿Es la creación de empleo innecesario improductivo una responsabilidad
social?
En buena medida esto depende de cada sector.
Hoy en día son muy pocos los que pueden abogar por la provisión publica
de los servicios de telecomunicaciones.
Muchos recordarán la ineficiencia y el retraso tecnológico de la
provisión pública esos servicios. Hay
menos discrepancia en los servicios de agua potable y alcantarillado ya que en
este caso lo más importante es la eficiencia en la prestación del servicio y menos
la innovación y en muchos países se considera un derecho público (aunque ello
no quiere decir que el servicio no deba cubrir todos sus costos). Hay mucha más controversia en los servicios de
infraestructura de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos)
donde muchos creen que deben ser un servicio público. En algunos países se reconocen las ventajas
de cada uno de los modelos y se adoptan modalidades hibridas como es el caso de
infraestructura social (hospitales, cárceles, educación, administración de
justicia, etc.) donde el sector privado gestiona la infraestructura física (construcción,
gestión y mantenimiento) y el sector publico gestiona los servicios a prestar. Se
usan las ventajas comparativas del sector público y del sector privado.
¿Es la empresa pública la solución a la
irresponsabilidad de la empresa privada?
La responsabilidad o irresponsabilidad de la
empresa privada no debería ser el argumento para la provisión publica de los
servicios públicos. Si son
irresponsables tomemos las medidas, como sociedad, para que no lo sean.
Hay empresas públicas y privadas que son
irresponsables o no todo lo responsables que deberían. Pero la empresa privada suele ser objeto de mucho
mayor escrutinio, tanto por parte del gobierno como por parte de la sociedad
civil. La empresa pública se supone que
es responsable, o no se cuestiona su responsabilidad. Son pocas las veces que la sociedad civil y
mucho menos el gobierno, que es corresponsable, que se preocupan por su
responsabilidad. Están fuera del radar.
¿Es que las empresas públicas son responsables o es que no sabemos lo
irresponsables que son?
Ni el mercado ni el proceso político producen
resultados que automáticamente satisfacen las necesidades de la sociedad. En
teoría podría ser, pero en la práctica no lo es. Ambos enfrentan imperfecciones, incentivos
perversos, externalidades. La tarea es estructurar las
operaciones de ambos de tal manera que asuman sus responsabilidades ante la
sociedad. Pero parece más fácil
controlar que las empresas privadas sean responsables, que hacerlo con el sector
público. En el primer caso los stakeholders son los consumidores,
medios, empleados, gobiernos, etc. y muchos de ellos actúan poco por
ahora. En el segundo caso los
principales stakeholders son los
gobiernos y los votantes (muchos consumidores se han resignado a la
ineficiencia pública), pero el proceso por el cual ejercen su poder es muy
limitado, imperfecto, inefectivo y no hay consenso.
No hay consenso sobre lo que es una empresa
responsable pero menos aun lo que es un sector publico responsable. Su principal responsabilidad es la gestión
eficiente y efectiva de los recursos públicos, los nuestros. ¿Cómo/cuando podemos exigir rendición de
cuentas? Ni siquiera sabemos los
recursos que gestionan.
Parece ser más fácil pedirle cuentas y castigar a la empresa privada. En este caso podemos cambiar de suplidor de
bienes y servicios. Pero, ¿podemos
cambiar de gobierno? ¿podemos cambiar de empresa de agua potable y
electricidad?, ¿podemos cambiar de un aeropuerto a otro? No, los servicios públicos son un monopolio,
con todo lo que ello conlleva para su responsabilidad ante la sociedad.
NO, la empresa pública no es la solución a la
irresponsabilidad de la empresa privada.
[1] En particular Jose Angel Moreno
Izquierdo, Ex Presidente y miembro del Patronato de Economistas sin Fronteras
publicó un provocador artículo, Nacionalizaciones
y licencias sociales: ¿una perspectiva nueva para la RSC? en Diario.es el 23 de octubre y en Diario
Responsable el 1 de noviembre del 2015.
[2] No todos los sectores y empresas que fueron privatizados
alcanzaron los beneficios económicos y sociales esperados, pero su análisis de
sale del objetivo de este artículo.
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