El 31 de julio la Comisión Europea sometió la versión “final” de los estándares de reporte sobre sostenibilidad empresarial, European Sustainability Reporting Standards, ESRS, a la consideración del Parlamento Europeo y de los países miembros, los cuales tienen dos meses para aprobarlos o rechazarlos, pero no para cambiarlos. Esta versión incluye cambios que hizo la Comisión, como resultado de sus consultas, a los presentados por el grupo técnico de la EFRAG (ver páginas 6 y 7 de la versión citada arriba).
Los cambios que hizo la Comisión se refieren a la posposición de algunas
obligaciones para las empresas con menos de 750 empleados y a la eliminación de
la obligatoriedad de reportar sobre algunos aspectos que puedan no ser
considerados materiales por las empresas, en particular sobre el cambio
climático, la biodiversidad y la inclusión.
Según la Comisión estos cambios tienen como objeto reducir la carga burocrática
sobre las empresas y alinearlos mejor con los requerimientos, producidos por el
Internacional Sustainability Standards Board, ISSB, que serán aplicables, en resto de los países
del mundo, en la medida que estos los respalden. Ya han sido respaldados por la
International Organization of Securities Commissions, IOSCO, que agrupa
a las comisiones de valores de todos los países, lo que hace suponer que esas
comisiones también los respaldarán.
La posición de la Comisión permitiría que la información sobre cambio
climático en particular cumple con ambos estándares.
¿Constituye esto una dilución de los requerimientos?
Ello ha sido recibido por algunos sectores con acusaciones de que los
estándares están siendo diluidos. Por ejemplo, Eurosif, la organización que
promueve la inversión socialmente responsable en Europa alega que no se
dispondrá de toda la información necesaria para tomar las decisiones de
inversión.
A primera vista parece que hay dilución, pero hay que analizarlo un poco más
a fondo para apreciar su impacto real. Sobre la posposición para las medianas y
pequeñas empresas no hace falta comentarios. Es sobre la obligatoriedad de
reportar sobre aspectos materiales lo que puede dar lugar a controversias. En
particular Eurosif considera que algunos aspectos deben ser considerados
materiales en todos los casos, sin dejarlos a la discreción de las empresas, en particular en aspectos
sobre el cambio climático y la diversidad.
Hay que recordar que los estándares europeos dejan a criterio de las
empresas determinar cuáles sus aspectos materiales, con la obligación de llevar
a cabo un análisis de materialidad (sujeto a aseguramiento independiente) y el reporte de sus impactos reales y
potenciales, y las acciones tomadas, además de reportar aquellos que en
principio puedan considerar como tales pero que las empresas han decidido no
que no lo son para ellas. Deben reportarlos,
no sencillamente ignorarlos. Así los usuarios de la información podrán conocer
sobre la materialidad y sobre lo que se excluido.
Sobre esta información los decisores de inversión y la misma sociedad puede
discrepar y emitir su opinión. Lo que
cambia es quien debe hacer el trabajo. Claro esta que para estos es más
fácil que les reporten todo lo posible para poder tomar sus decisiones y
reducir su carga analítica, como estaba en la versión de EFRAG. Pero para
las empresas es una carga que puede distraer de lo que es más relevante.
Aquella posición es la que, en cierta medida, ha llevado hasta ahora a que algunas
empresas reporten todo tipo de aspectos como materiales, para evitar las críticas
sobre omisiones, pero que luego distrae la efectividad de las estrategias. Desde afuera se puede pretender que la
empresa encare todo tipo de impactos, pero desde el punto de vista de la
empresa, tiene que ser selectiva y gestionar los que tienen mayor impacto, en
función de sus recursos limitados. No se puede hacer de todo. Y aquí no nos referimos a los impactos
negativos, que son innegociables, que deben mitigarse, y sobre los cuales no
debe haber controversia.
Esto traslada parte de la carga de trabajo a los analistas y a la sociedad, que prefería que les dieran toda la
información posible y que las empresas actuaran en muchos frentes. Pero hay que hacer un balance entre la
carga burocrática a las empresas y la carga analítica a los usuarios de la
información. La comisión ha optado por pedir información indiscutible, e
informar sobre las omisiones que podrían ser materiales. Ello debería
permitir a los usuarios de discrepar y pedir más información, no solo en lo indiscutiblemente
material sino también en lo potencialmente material.
Y por supuesto que siempre queda la posibilidad de que la Comisión los
actualice, si ve que el sistema
está siendo abusado y a medida que se vaya adquiriendo experiencia, tanto en
esto como en los demás aspectos de los estándares de reporte. Que seguro que lo
hará.
Por ahora ha preferido comenzar poco a poco y sobre todo no introducir más
diferencias con los estándares del ISSB. [1]
Y corresponderá a los usuarios hacérselo notar. Todos tenemos que hace
nuestra parte de la tarea.
¿Dilución de los estándares? Sí si son abusados. Se les está concediendo el
beneficio de la duda a las empresas. ¿Arriesgado?
[1] Una excelente guía, comparando los
requerimientos del ISSB y los de la Comisión Europea, ESRS, es Implementation
Guidance for the International Sustainability Standards Board (ISSB) Standards
and the European Sustainability Reporting Standards (ESRS).
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