domingo, 27 de abril de 2014

¿Es multar a los bancos la solución?


Se acaban de alcanzar los 100.000 millones en multas y penalizaciones a bancos en EEUU desde que comenzó la crisis financiera.  ¿Será el fin del mal comportamiento de los bancos?

Estas multas y penalizaciones son por multitud de malas prácticas: engaños y mala gestión en las hipotecas, manipulación de las tasas de interés, del mercado cambiario, emisiones fraudulentas de valores, entre otros comportamientos.

Pero, ¿logran cambiar el comportamiento de los bancos? No se puede descartar que algún impacto tienen, pero no parecen ser los más efectivo.  Es cierto que como consecuencia de estas penalizaciones echan a algunos empleados, otros ven reducirse sus bonificaciones, pero no parece que eliminarán el mal comportamiento.  Las multas suelen ser fácilmente absorbibles por los bancos, con poco impacto sobre el neto de los beneficios (recordemos que el mal comportamiento debe haber agregado algo a los beneficios).

¿Cuantos han ido a la cárcel como consecuencia de estos fraudes?  ¡Poquísimos!



Las multas tienen algún efecto.  Es posible que conduzcan a mejorar los sistemas internos de supervisión y control del comportamiento individual, pero el problema sigue siendo que los responsables de los daños no sufren sus consecuencias en proporción al daño y el sistema de incentivos interno sigue siendo, en general, propicio al mal comportamiento si ello mejora las bonificaciones y distribuye o diluye la culpabilidad.  Es aquello de privatizar los beneficios (para el individuo) y socializar las perdidas (a través de la institución y la sociedad).

Lamentablemente muchos anteponen el análisis de costo beneficio de sus acciones a lo que debería ser el comportamiento ético.  No se preguntan: ¿es ético este comportamiento?  Se preguntan: cuánto aumentará mi bonificación, cuál es la probabilidad de que me agarren, que me costará si me agarran.  Y a lo mejor podrán demostrar que es un problema de las políticas y del sistema de incentivos de la institución (responsabilidad colectiva y difusa)  y de irresponsabilidad de sus superiores en la supervisión o en sus órdenes.  Y así se toma la decisión del fraude.

 Esto es lo que hay que cambiar.

Un banco que intentó hacerlo es el Barclays.  Apenas llegó su nuevo CEO ordenó un cambio total de cultura. En enero del 2013 se puso en efecto el programa “Propósitos y Valores” diciendo que  había que cambiar la cultura del cortoplacismo, que era más importante el servicio del cliente que los beneficios y que avaricia no cabía en la nueva cultura.  En un memo a los 140.000 empleados dijo que a los que no les parecía bien: “Barclays no es lugar para vosotros. Las reglas han cambiado.”  Desde entonces el Banco continua recibiendo multas por su involucramiento en fraudes y acaba de aumentar las bonificaciones a sus ejecutivos en un 10% a pesar de una caída en un tercio en los beneficios (En la Asamblea General de Accionistas del 24 de abril de 2014 se aprobó el paquete remuneración pero la oposición o abstención de más de un tercio de las acciones).[i]  El CEO alegó que si no lo hacían perderían el talento a la competencia.  

También dijo que cree que el cambio cultural tardará una década…….  Ahora entendemos mejor.

Pero su informe de sostenibilidad es uno de los mejores que he leído (Citizenship Report 2013). Lo que es ejemplo de que la realidad y el reporte pueden estar separados.

Desde el punto de vista de los reguladores y supervisores, las penalizaciones cumplen sus objetivos: muestran que están actuando, que no dejan que los bancos se salgan con la suya. Y algunos, que se financian con las multas, mejoran su capacidad de regulación y supervisión.  Es lo políticamente correcto hacer.

¿Pero quien paga al final todo esto?  Una muy, muy, muy pequeña parte del daño lo pagan los causantes.  La gran parte la paga la sociedad, nosotros.  Como comentábamos en una artículo anterior sobre el tema,  ¡Basta de ponerles multas a los bancos!,  

Cuando se le pone una multa al banco, ¿quién la paga?  La respuesta más obvia no es la correcta. No, ¡el banco no paga la multa!   El costo de la multa puede recaer en cuatro grupos que son los dueños del dinero que el banco usa y el que coloca: los que le deben al banco, los depositantes y ahorristas, los  acreedores, y los accionistas.  Difícilmente la pagan los culpables dentro del banco (y he allí el problema!) Y todos aquellos somos nosotros, en mayor o menor medida.  Es la sociedad. El banco presta un servicio a la sociedad y por ello debe tener licencia legal para operar.  Son un bien público, manejan nuestro dinero.

Para cubrir el costo de la multa el banco  tiene varias opciones y todas menos una nos involucran a nosotros.  Puede aumentar su  margen de intermediación al bajar los intereses que paga o subir los que cobra.  Si suben los intereses y/o comisiones, las pagamos nosotros y las empresas que después no los tratarán de cobran a nosotros con mayores precios por sus productos y servicios.  También pueden caer los precios de sus acciones y obligaciones y pierden los que directa o indirectamente poseen esos valores, que son mucha gente.  Todo esto nos afecta a nosotros.  Finalmente, podrían (deberían) bajar sus costos, por ejemplo los sueldos y salarios y los gastos extravagantes.  Y algunos lo harán (de cara a la galería), pero si pueden evitarlo trasladarán el costo al público tarde o temprano……. Los bancos muy posiblemente usen una combinación de todo esto.


¿Quién es el perjudicado con esto?  ¿Quién cometió el delito?  ¿Quién paga la multa?  ¿Es la misma PERSONA?

Si la solución son las multas, ¿cuál es el problema?  ¿Hay relación entre el problema y la solución de poner multas a las instituciones? Es hora de correlacionar el problema con la solución.  En vez de ponerles multas a las instituciones, se debería multar a los Consejos y a la Alta Gerencia de las instituciones y enviar más responsables a la cárcel.  No son crímenes privados.  Por la naturaleza de las instituciones financieras, son crímenes contra la sociedad.

Si estos comportamientos no están tipificados en códigos o legislaciones criminales terminan siendo un problema de legislación civil, que se resuelve con multas a la institución y no con penalizaciones a los individuos.  No es fácil demostrar que actuaron independientemente de las políticas y procedimientos de la institución y por ende es culpa de la institución como un todo, de la persona jurídica y no de la persona natural.

Y esto es lo que también hay que cambiar.

Es España han comenzado a darse las condiciones para la tipificación del crimen al incluirlo en el proyecto de ley de reforma del Código Penal (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes, Congreso de Diputados, del 4 de octubre de 2013. A la hora de escribir este artículo no había sido aprobado) que establece responsabilidad penal sobre los administradores o gestores:

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Decimonoveno. Se modifica el artículo 31, que queda redactado como sigue: «El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la correspondiente figura de delito requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.»

 Pero debemos recordar que no basta con la ley, ella es sólo condición necesaria.  Hace falta el “enforcement” de la ley (palabra que no tenemos en el idioma español y a veces parece que tampoco tenemos la acción que ella representa).  Hace falta “aplicar la ley con las correspondientes consecuencias” para lo cual hacen falta las instituciones, la voluntad política de aplicarla la ley y un sistema de justicia efectivo.

¿Y los culpables de engañar con las preferentes en España? Bien, gracias.  Algunos promovidos.




[i] La Comisión Europea aprobó el 9 de abril de 2014 un proyecto de reforma de la directiva sobre derechos de los accionistas que permitirá que estos aprueben el paquete de remuneración de los directivos, presumiblemente tratando de relacionar el pago con el rendimiento.