En los últimos días se han publicado en
España varios artículos sobre el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas, CERSE. Todo parece haber comenzado con un llamado de
las agrupaciones sindicales (UGT y CCOO piden la reactivación
del Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas) a su reactivación, que fue
respondido con un artículo del Prof. Antonio Argandoña (¿Es esta la vía para reactivar
la Responsabilidad Social?) y mas recientemente con un artículo de Jordi Jaumá en el Diario
Responsable en Los planes de la CEOE para
acabar con el CERSE. A última hora parece que el
gobierno quiere reactivarlo. En este artículo analizo
estos escritos y ofrezco algunas sugerencias.
Como breve recordatorio para los lectores de
fuera de España, el CERSE es un Consejo integrado por 49 personas y sus
suplentes (¡!) (un Ministro, una docena
de vocales de la administración pública, una docena por los empresarios, una
docena de los sindicatos y una docena del resto
de la sociedad civil). Fue creado en
febrero del 2008 por Real Decreto, dentro del marco de la Ley de Economía Sostenible según el cual “Estará
encargado del impulso y fomento de las políticas de Responsabilidad Social de
las Empresas y se constituye en el marco de referencia para el desarrollo de
esta materia en España.” Constituyó
cinco grupos de trabajo para apoyar sus labores y les encargó producir una
seria de documentes de análisis y recomendaciones. El consejo tardó mucho en arrancar y algunos
grupos tardaron en producir sus informes.
Finalmente se aprobaron los documentos en mayo del 2011, sin
resultados concretos más allá de los documentos.
Los representantes sindicales piden la
reactivación del Consejo: “…….Pensamos que para superar
esta situación de práctica paralización es necesario convocar formalmente el
Pleno del Consejo, con el objetivo de revitalizar los objetivos propios del
Consejo así como reactivar su funcionamiento…..”
Jordi Jaumá escribe que “Se dice, se comenta, se rumorea que el que fuera
paradigma del diálogo multistakeholder, honrado y reconocido por toda la
mismidad de la RSE mundial, tiene los días contados …..” aparentemente por presiones de la patronal
CEOE.
El director general del Trabajo Autónomo, la
Economía Social y la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, Miguel Angel
García Martín, anuncia
la reactivación del Consejo para el otoño.
Pero, ¿vale la pena reactivarlo? ¿Puede tener impacto sobre la RSE en
España una institución como esa, con las funciones que se le han dado?
El Prof. Argandoña responde a esto: “………..tengo
algunas dudas sobre la adecuación de ese organismo para cumplir los objetivos
que se pretende conseguir. Un organismo que tenía más de 50 miembros en el
momento de su constitución (no sé cómo habrá quedado con los cambios
introducidos en los organigramas de la administración por el nuevo gobierno),
¿es el adecuado para dinamizar algo? Con una composición compleja (se trataba
de que no se quedase fuera nadie que pudiese sentido ofendido por la omisión),
¿es el organismo adecuado? Dependiendo del Ministerio, ¿es el organismo
adecuado?”
La constitución del CERSE trató de ser
políticamente correcta y en ello sacrificó su efectividad. Fue creado en el contexto de una ley y
supervisado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración (ahora en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social), lo cual le confería y confiere
un sesgo laboral aunque esa no fuese la intención. Parecía como si las partes principales fueran
gobierno, empresa y sindicatos, aunque se incluyeron a otras intuiciones de la
sociedad civil.
Empecemos por preguntarnos que es lo hace
falta en España para promover la RSE. Uno
de los mayores problemas es la descoordinación en las administraciones públicas
y el desarrollo aleatorio de instituciones relacionadas. España
necesita una estrategia que guíe las actividades e instituciones del gobierno
central y ofrezca ideas a los gobiernos de las comunidades autónomas, para que
esas actividades e instituciones sean armonizadas y consistentes entre sí. Y no
hay que reinventar la rueda. Hay buenos
modelos, entre ellos el de Alemania (no, no se trata de importar austeridad,
también saben hacer otras cosas!!). Ver
National Strategy for Corporate Social
Responsibility - Action Plan for CSR - of the German Federal Government. A lo mejor lo que hace falta no es “reactivar el funcionamiento del Consejo”.
El problema no parece ser la
irresponsabilidad sistemática de la empresa, aunque se puede mejorar
muchísimo. Lo que se necesita en un
grupo de trabajo que pueda ofrecer sugerencias al gobierno
sobre política publica para potenciar y aprovechar mejor la
contribución de la empresa al desarrollo económico y social, con la
participación del mismo gobierno, de instituciones de la sociedad civil,
representativas de segmentos de la sociedad, incluyendo sindicatos, y las
empresas. El mínimo número posible de
miembros. Simple, con un mandato claro en tema y plazo.
No tiene mucho sentido crear Consejos cuyo
objeto sea analizar las prácticas de otros países, promocionar estándares, producir
documentos de mejores prácticas en RSE, etc. como lo pide el Real Decreto Para esto no tiene sentido crear o reactivar
dentro de la burocracia estatal consejos, sin recursos propios, muchas de cuyas labores las puede llevar a
cabo mejor la iniciativa privada, sean empresas sean organizaciones de la
sociedad civil.
Para empezar, hay que sacar el tema de la órbita
de Trabajo, para que quede claro el carácter multisectorial, multipartito y de
desarrollo integral de la problemática que se quiere resolver. No hay lugar ideal pero el menos malo parece
ser ponerlo bajo la coordinación del Ministerio de Economía y Competitividad
(¡la RSE es competitividad!!) para resaltar que lo que estamos gestionando es
el papel de la empresa. Pero este puede
ser políticamente complicado.
El objetivo del grupo no debe ser proponer
nuevas leyes o nuevas regulaciones, lo que se ha demostrado que puede ser
contraproducente y estimular a las empresas a cumplir con el mínimo exigido (y
asegurar que el mínimo es bajo) en ver de ver estimular una visión holística de
su contribución a la sociedad. Se trata de identificar las lagunas en las legislaciones, regulaciones e
instituciones existentes, con respecto a la buena práctica internacional, sobre
temas que son críticos y no negociables como los laborales, ambientales y
derechos humanos y proponer posibles soluciones.
Además se deben de identificar los
incentivos, positivos y negativos, para
que las empresas mejoren su contribución a la sociedad. Y por “incentivos” estoy usando el término
genérico de economía: estímulos para el comportamiento. NO me refiero a subsidios o ayudas financieras,
tan enraizadas y tan perniciosas, que salvo casos especiales crean dependencia
y desestimulan la innovación (como lo demostrado dramáticamente la actual
crisis).
Las empresas deben ejercer su responsabilidad
ante a sociedad sin necesidad de estímulos, porque es lo que hay que hacer,
pero no todas están listas para ello. Lo
que la estrategia nacional debe procurar es que se creen las condiciones para alinear el comportamiento de las empresas
con las necesidades de la sociedad y que se identifiquen las acciones que las
partes deben llevar a cabo. No es
fácil, pero el grupo de trabajo puede contribuir.
En resumen, creo
que el CERSE no debe reactivarse como está.
Debe transformarse en un grupo de sugerencias de política pública sin pretender
producirla. Una vez
que haga sugerencias simples y claras sobre el qué, quedaría en manos del
gobierno el hacer los estudios que fueran pertinentes para detallar el cómo. Difícilmente puede un Consejo de 49 personas,
mas los invitados, determinar el qué y el cómo al mismo tiempo. El qué requiere del nivel estratégico de sus
miembros y el cómo requiere de conocimiento del detalle. Para esto siempre podrá solicitar la
participación voluntaria de las mismas empresas, en particular el trabajo pro
bono de empresas de consultoría, y de las instituciones de la sociedad civil, especialmente
las de investigación, docencia y promoción de estos temas.
Sí, esto requiere de la modificación de la
Ley. Y ya que están en ello pueden
aprovechar para eliminar la intervención de gobierno en el otorgamiento de
acreditaciones a las empresas por buen comportamiento (¿Acreditación de empresas
socialmente responsables?).
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